Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval)– Ex trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) advirtieron que la reforma al artículo 127 de la Constitución, que fija un tope a las pensiones del sector público, podría generar afectaciones no solo a jubilados, sino a trabajadores en todo el país.

Los inconformes exigieron la reversión de la reforma y rechazaron que existan pensiones millonarias, al considerar que ese argumento fue utilizado para justificar la modificación legal.

El ex trabajador de Pemex, Roque Gracia, afirmó que la mayoría de los jubilados no percibe ingresos elevados y calificó como incorrecta la narrativa sobre pensiones excesivas.

Detalló que en Pemex existen 22 mil 597 jubilados de confianza, de los cuales apenas el 3 por ciento (alrededor de 700 personas) recibe pensiones superiores, aunque aclaró que no existen pagos de un millón de pesos mensuales.

Señaló que los ingresos varían según la trayectoria laboral, con montos que van desde 30 mil hasta 120 mil pesos, en casos de trabajadores con hasta 40 años de servicio.

Además, indicó que, pese a las gestiones realizadas, no han obtenido respuesta a sus demandas, por lo que consideran que la reforma vulnera derechos fundamentales, particularmente el derecho a una vida digna establecido en el artículo 1 constitucional.

Por su parte, Jaime Fernández advirtió que la reforma podría sentar un precedente jurídico que impacte otras condiciones laborales más allá del sector energético.

Explicó que, aunque actualmente la medida se limita a pensiones y jubilaciones del sector público, existe el riesgo de que sus efectos se extiendan a otras áreas laborales e incluso patrimoniales.

Los ex trabajadores señalaron que la reforma los coloca en una situación de vulnerabilidad, debido a su edad y a la falta de oportunidades laborales.

Advirtieron que el impacto no solo afectará a los jubilados actuales, sino también a futuras generaciones de trabajadores, si no se modifica el marco legal.

De acuerdo con la reforma, vigente desde el 11 de abril de 2026, ninguna pensión del sector público podrá superar el 50 por ciento del salario de la Presidenta de la República, lo que establece un límite aproximado de 70 mil pesos mensuales.