Xalapa, Ver.–  (AVC) La justicia federal confirmó de manera definitiva la sentencia condenatoria contra Gabriel Deantes Ramos, exfuncionario del gobierno estatal de Javier Duarte (2010-2016), por el delito de enriquecimiento ilícito.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal resolvió el 6 de febrero de 2026 negar el amparo promovido por el exservidor público, con lo que quedó firme la pena impuesta desde junio de 2023.

Detectan incremento patrimonial por casi 50 mdp

La condena se basa en una investigación patrimonial que evidenció un aumento injustificado en sus bienes, sin relación con los ingresos obtenidos durante su paso por el servicio público.

De acuerdo con los peritajes contables, se detectaron cerca de 40 millones de pesos en cuentas bancarias declaradas con incrementos desproporcionados, así como 8 millones 867 mil 852 pesos en una cuenta no reportada ante la autoridad.

Además, se acreditó la posesión de una camioneta Mazda modelo 2012 que tampoco fue incluida en sus declaraciones patrimoniales.

Cargos durante el periodo investigado

El enriquecimiento ilícito corresponde al periodo de diciembre de 2010 a junio de 2016, cuando Deantes Ramos ocupó cargos como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Subsecretario de Finanzas y Administración en SEFIPLAN y Secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad.

Durante el proceso, la defensa intentó justificar los recursos mediante el cobro de 14 pagarés, presuntamente relacionados con su padre; sin embargo, los peritajes concluyeron que no existía certeza legal sobre dichos ingresos.

Deberá cumplir más de seis años de prisión

El exfuncionario fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión, además de una sanción equivalente a cien días de multa, cuyo monto económico se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la sentencia.

Esto significa que la cantidad a pagar no es fija, pero suele representar varios miles de pesos, dependiendo del valor diario de la UMA.

También deberá cubrir la reparación del daño, equivalente al monto del enriquecimiento que no pudo justificar.

Debido a que la pena supera los cinco años, no podrá acceder a beneficios legales, por lo que deberá cumplir la totalidad de la condena en prisión.