Xalapa, Ver.- (AVC) El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó que durante 2025 se registraron 10 homicidios de personas defensoras ambientales en México, en un contexto de aumento de la violencia contra este sector.

De acuerdo con el informe, en el país se contabilizaron 135 eventos de agresión y 314 agresiones específicas, lo que convierte a 2025 en el segundo año con más casos en la última década.

Las agresiones más frecuentes fueron la estigmatización (90 casos), la intimidación (42) y la difamación (37), que en conjunto representaron el 53.8% del total nacional.

El documento también señala que el Estado mexicano fue el principal agente agresor, al estar involucrado en el 56.2% de los eventos, seguido por la delincuencia organizada y empresas privadas.

Veracruz: casos documentados y posible subregistro

En el caso de Veracruz, el informe del CEMDA reporta 2 eventos de agresión y 3 agresiones específicas durante el periodo analizado.

Uno de los hechos ocurrió en julio, cuando se documentó una agresión contra un grupo de periodistas de una comunidad no indígena que realizaban labores relacionadas con el sector de hidrocarburos.

En este caso se identificó la participación de un cacique, así como de autoridades del gobierno estatal y federal como agentes agresores.

El informe advierte que “las bajas cifras pueden responder a un subregistro… y a la clasificación errónea de los ataques como delitos comunes”, lo que podría ocultar una mayor incidencia en la entidad.

Contexto nacional y riesgos

A nivel nacional, los sectores con mayor número de agresiones fueron el hídrico (29 eventos), la biodiversidad (22) y las vías de comunicación (18).

Además, la defensa del agua fue el ámbito con mayor conflictividad, con 59 eventos de agresión.

Las entidades con más casos fueron la Ciudad de México, Puebla y Oaxaca.

El informe concluye que, pese a la reducción en homicidios respecto a 2024, persiste la falta de un entorno seguro para quienes defienden el medio ambiente.

Recomendaciones

El CEMDA recomienda a las autoridades garantizar un entorno seguro, evitar la estigmatización y armonizar la legislación con el Acuerdo de Escazú.

También plantea fortalecer las investigaciones, combatir la impunidad y mejorar los mecanismos de protección con enfoques diferenciados.