Xalapa, Ver. (AVC/Perla Sandoval) El Gobierno de Veracruz planteó adquirir la deuda que 199 ayuntamientosmantienen por la bursatilización del impuesto a la tenencia vehicular contratada en 2008, con el objetivo de reestructurarla y ofrecer condiciones de pago más favorables, informó la gobernadora Rocío Nahle García.

La mandataria señaló que, aunque los municipios han cubierto más de 3 mil millones de pesos —el doble de lo originalmente obtenido—, aún adeudan alrededor de 1,800 millones, debido a que los pagos se han destinado principalmente a intereses y no al capital.

Explicó que la propuesta consiste en que el Estado “compre” esa deuda a los actuales tenedores y establezca un esquema de liquidación a mediano plazo, con tasas más bajas e incluso subsidios parciales, para que los ayuntamientos puedan saldarla antes de 2030.

“Nos dimos a la tarea de trabajar con Hacienda para hablar con tenedores y decir: ‘A ver, queremos nosotros, el Estado, adquirir la deuda que tienen los tenedores. Veracruz la va a quitar, el Gobierno del Estado, creo que como mil 800 millones de pesos’”.

Detalló que el mecanismo contemplaría descuentos directos a los municipios enfocados al pago de capital, con facilidades adicionales.

“La tasa lo más bajo que se pueda e incluso le vamos a meter un factor de subsidio donde el estado también diga: ‘a ver, si me debes 1 peso, págame 75 centavos. Y los otros 25 entran como subsidio’”.

La gobernadora indicó que el plan permitiría liberar recursos municipales actualmente comprometidos, para destinarlos a obras y servicios básicos.

Añadió que esta situación deriva de la bursatilización implementada en administraciones pasadas, mediante la cual se comprometieron participaciones federales municipales, lo que ha limitado su capacidad financiera.

“Fueron mil 500 millones de pesos, ya se han pagado más de 3 mil, pero todo lo que se ha pagado ha sido de intereses. Nada de eso ha entrado al capital”.

Subrayó que el esquema solo podrá concretarse si existe consenso entre todos los municipios involucrados, ya que la adhesión debe ser total.

“Aquí los 199 deben de estar de acuerdo. Esa es una parte muy importante de la gobernación. Si un municipio dice que no, no se va a hacer”.

Rocío Nahle García afirmó que esta medida forma parte de una estrategia más amplia de saneamiento financiero, tanto estatal como municipal, con el fin de fortalecer la capacidad de inversión en infraestructura básica sin distinción partidista.