Alvarado, Ver. (AVC).— Bogar Ruiz Rosas, exalcalde de Alvarado, volvió al centro del escrutinio público luego de que la Auditoría Superior de la Federación registró  cinco denuncias penales contra el municipio por la auditoría DN25001, correspondientes a las cuentas públicas 2020 y 2021. 

Las denuncias forman parte de una revisión mayor sobre el manejo de recursos federales durante la administración municipal 2018-2021, periodo en el que Ruiz Rosas encabezó el Ayuntamiento de Alvarado.

De acuerdo con la información revisada, la ASF mantiene bajo investigación formal 31 expedientes activos por un presunto daño patrimonial de 392 millones 253 mil 247 pesos detectado en el municipio. El caso ya superó la etapa de revisión preliminar y se encuentra en fase sancionatoria y de investigación.

Bogar Ruiz Rosas ha sido una figura recurrente en la política municipal de Alvarado durante las últimas dos décadas. Ingeniero industrial de profesión, inició su trayectoria en el ámbito local como regidor cuarto en el periodo 2001-2004 y posteriormente buscó espacios de representación política.

Su carrera también ha estado marcada por la alternancia partidista. Fue alcalde de Alvarado en el periodo 2008-2010 bajo las siglas del PAN y regresó a la presidencia municipal en 2018-2021, impulsado por la alianza PRI-PVEM. En 2017, Ruiz Rosas competía por Alvarado como candidato de PRI-PVEM.

Uno de los episodios más recordados de su segunda administración ocurrió en junio de 2018, cuando entregó resorteras a policías municipales tras el desarme de la corporación por parte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. En ese momento, el entonces alcalde alegó una invasión a la autonomía municipal y convirtió el caso en un acto de protesta política contra el gobierno estatal. 

La trayectoria de Ruiz Rosas también ha estado acompañada de confrontaciones públicas y señalamientos. Desde su primera administración, medios nacionales documentaron denuncias y conflictos derivados de su estilo de gobierno.

Ahora, el foco se coloca sobre su periodo 2018-2021. De acuerdo con la auditoría extraordinaria DN25001, la ASF emitió 40 pliegos de observaciones por posibles irregularidades en el manejo de recursos federales. Nueve expedientes fueron concluidos, pero 31 permanecen activos ante la Dirección General de Investigación.

Además, la ASF inició seis procedimientos de responsabilidad administrativa federal por el manejo de recursos del ejercicio 2019. Estos expedientes fueron admitidos por la Dirección General de Substanciación “A”, al considerar que existen elementos para investigar posibles faltas administrativas graves.

A nivel local, el Órgano de Control Interno del Ayuntamiento de Alvarado, correspondiente a la administración 2022-2025, radicó en junio de 2025 el expediente IPR-004/2025 para fincar presuntas responsabilidades administrativas contra exservidores públicos.

El presunto daño señalado por la ASF representa el 77.2 por ciento de los recursos auditados, que ascendieron a 507.9 millones de pesos. La revisión incluyó fondos federales transferidos al municipio por la Sefiplan de Veracruz, entre ellos FAISMUN, FORTAMUN, CAPUFE, Participaciones Federales a Municipios y recursos de Hidrocarburos.

Entre las observaciones, la ASF documentó transferencias de recursos federales a otras cuentas municipales, pagos a proveedores y contratistas sin facturas ni documentación comprobatoria, mezcla de recursos federales con ingresos propios y falta de administración en cuentas bancarias específicas por fondo.

También señaló que quedaron 4.7 millones de pesos del fondo de CAPUFE que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación al cierre de los ejercicios revisados.

El Ayuntamiento de Alvarado entregó documentación el 6 de junio de 2025 mediante el oficio ALV/CM/063/2025 para intentar solventar observaciones; sin embargo, la ASF determinó que la evidencia no cumplía con los criterios de suficiencia, competencia y pertinencia.

La auditoría también refiere que Alejandro Patricio Enríquez Lara, extitular del Órgano de Control Interno durante el periodo investigado, fue requerido para aportar justificaciones, pero no presentó documentación.

La resolución de la ASF concluyó que en Alvarado “no se realizó una gestión eficiente de los recursos”, lo que mantiene bajo revisión una de las etapas más controvertidas de la trayectoria política de Bogar Ruiz Rosas.