Xalapa, Ver,- (AVC) Movimiento Ciudadano presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma de revocación de mandato en Veracruz, al considerar que impone requisitos que dificultan la participación ciudadana, entre ellos reunir unas 600 mil firmas en al menos 107 municipios.

La impugnación busca invalidar las modificaciones al artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, contenidas en el Decreto 540, publicado el 28 de septiembre de 2026.

El partido sostiene que la reforma restringe el derecho de la ciudadanía a solicitar la revocación de mandato y plantea siete conceptos de invalidez, relacionados con los requisitos para activar este mecanismo, los plazos establecidos y presuntas irregularidades legislativas.

La acción fue promovida dentro del plazo legal de 30 días naturales por la dirigencia estatal de MC, encabezada por Luis Carbonell de la Hoz, coordinador estatal; Agustín Torres Delgado, secretario general, y Dante Alfonso Delgado Morales, presidente del Consejo Estatal.

También participaron el diputado federal Sergio Gil Rullán, la diputada local Elena Córdova Molina y el equipo jurídico del partido.

MC cuestiona requisitos para revocación de mandato en Veracruz

Uno de los principales argumentos de Movimiento Ciudadano es que la reforma redujo de dos meses a uno el plazo para recabar firmas de apoyo ciudadano, lo que, a juicio del partido, vulnera el principio de progresividad de los derechos.

Además, cuestiona los requisitos de distribución territorial que, según sus estimaciones, obligarían a reunir aproximadamente 600 mil firmas, equivalentes al 10 por ciento de la lista nominal estatal, distribuidas en al menos 107 municipios.

En cada uno de esos municipios también se tendría que alcanzar el respaldo de al menos 3 por ciento de la lista nominal municipal, una condición que MC considera carente de sustento constitucional.

El partido argumenta que estas disposiciones dificultan el acceso de la ciudadanía al mecanismo de revocación de mandato.

Señalan falta de consulta y presuntas irregularidades legislativas

Entre los siete conceptos de invalidez, Movimiento Ciudadano señala la falta de consulta previa a comunidades indígenas y afromexicanas, al considerar que las modificaciones afectan sus condiciones de participación política.

La demanda también plantea una posible violación a la prohibición constitucional de modificar normas electorales fundamentales dentro de los 90 días anteriores al inicio de un proceso electoral.

Otro punto cuestionado es la incorporación de un nuevo plazo de 180 días para expedir la legislación secundaria, pese a que, según MC, el periodo originalmente establecido había vencido en mayo de 2022.

Asimismo, denuncia un retraso de 46 días en el cómputo y la declaratoria de aprobación de la reforma por parte de los ayuntamientos, además de una presunta falta de certeza jurídica por el uso de los términos “intención” y “solicitud” en las disposiciones modificadas.

Carbonell acusa restricciones a la participación ciudadana

El coordinador estatal de MC, Luis Carbonell de la Hoz, afirmó que el partido buscará impedir por la vía jurídica que las decisiones legislativas limiten el derecho de la población a evaluar a sus gobernantes y decidir sobre su permanencia en el cargo.

Sostuvo que el Congreso de Veracruz aprobó una reforma que establece obstáculos para ejercer la revocación de mandato.

“Lo que queremos es que los derechos, como mandata la Constitución, sean progresivos y que los veracruzanos, con ese derecho que tenemos a la participación democrática, puedan elegir, poner y quitar a sus gobernantes”, declaró.

Carbonell también cuestionó la actuación de la mayoría legislativa que aprobó las modificaciones.

“No le tengan miedo al pueblo de Veracruz, no le tengan miedo a la participación ciudadana; estamos listos para que el pueblo mande, para que el pueblo decida”, expresó.

El dirigente señaló que las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta Veracruz hacen necesario mantener mecanismos de participación ciudadana accesibles.

Con la acción de inconstitucionalidad, Movimiento Ciudadano solicita a la SCJN revisar la reforma y declarar su invalidez en caso de acreditar las violaciones constitucionales planteadas.

La resolución dependerá del análisis que realicen las ministras y los ministros de la Suprema Corte sobre los argumentos presentados.