Huayacocotla, Ver. (AVC) Silverio Reyes, indígena otomí, fue liberado luego de permanecer casi dos años privado de su libertad, tras confirmarse que las pruebas en su contra fueron obtenidas mediante tortura. El fallo fue emitido por el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral, Raymundo Torres Martínez, quien invalidó la declaración presentada por la Fiscalía del Estado.

La acusación contra Silverio Reyes se sustentó en la declaración de Diego Fernando Bonilla, quien denunció haber sido torturado por agentes de la Policía Ministerial de Veracruz en 2023 para que firmara un testimonio falso. Aunque esta denuncia fue presentada de forma inmediata, hasta ahora no ha sido investigada formalmente por la Fiscalía.

Durante la audiencia, el juez dio vista a la Fiscalía General del Estado para que investigue la posible comisión del delito de tortura contra Diego y señaló que la Fiscalía no actuó con debida diligencia durante todo el proceso penal.

Violaciones a derechos de pueblos indígenas

El juez también señaló que se violaron derechos colectivos al no haberse aplicado una perspectiva intercultural en el proceso judicial, tal como lo exigen las normas nacionales e internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas.

Organizaciones de defensa de derechos humanos destacaron que este caso refleja la persistencia del uso de la tortura como método de investigación por parte de instituciones de procuración de justicia.

Veracruz, primer lugar nacional en casos de tortura

Según datos del Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET, 2025), Veracruz concentra 3,331 expedientes por tortura entre 2018 y 2024, lo que lo posiciona como la entidad con más casos registrados en ese periodo.

Además, las personas indígenas representan el segundo grupo más afectado, con 819 casos reportados a nivel nacional, lo que genera impactos tanto individuales como comunitarios. 

Organizaciones firmantes del caso exigieron que la Fiscalía de Veracruz reconozca su responsabilidad institucional, investigue y sancione a los responsables de las violaciones, y adopte medidas para garantizar la no repetición.