Xalapa, Ver. (AVC/Verónica Huerta) – Tres personas de origen estadounidense, no hispanohablantes, permanecen recluidas en el penal de Poza Rica tras denunciar haber sido torturadas durante su detención y dentro del Cereso. Su caso, documentado por abogados penalistas, revela el vacío legal y la falta de acción del Estado frente al delito de tortura en Veracruz.
De acuerdo con la abogada Perla del Carmen Morales Solano, los tres detenidos fueron arrestados el 27 de noviembre de 2022 y llevados al penal de Poza Rica sin ser presentados de inmediato ante el Ministerio Público.
“Se pretendió que confesaran bajo golpes, sin traductor ni abogado. Hablan inglés y no entendían las órdenes; fueron golpeados antes de ser llevados ante un juez”, explicó.
A los tres se les acusa de privación ilegal de la libertad y delitos contra las instituciones de seguridad pública, cargos que, según la defensa, han sido usados por la Secretaría de Seguridad Pública para fabricar culpables.
Llevan casi tres años en prisión preventiva, sin sentencia, y han denunciado cobros dentro del penal para poder comer, recibir visitas o acceder a medicamentos.
Pese a que en mayo de 2024 se ordenó al Ministerio Público iniciar una investigación por tortura y aplicar el Protocolo de Estambul, hasta hoy no se han realizado los exámenes médicos ni psicológicos.
Morales Solano acusó que la Fiscalía Especializada de Veracruz no cumple con su deber de prevenir y sancionar la tortura, evidenciando omisiones del Congreso del Estado, la Fiscalía General, la gobernadora y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
“Veracruz tiene una fiscalía especializada, pero no investiga ni sanciona. Esa omisión deja a las víctimas sin acceso a justicia”, señaló la abogada.
Veracruz, primer lugar nacional en casos de tortura
El abogado Roberto Mercado Zamora indicó que, según el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET) con corte al 30 de septiembre de 2024, Veracruz acumula tres mil 214 expedientes:
A nivel nacional, Veracruz concentra 15.5 % de las víctimas del país (4,643 personas), superando al Estado de México, Ciudad de México, Chihuahua y Oaxaca.
El informe revela que, aunque existen más de 97 % de denuncias por tortura en el fuero común, solo un proceso penal ha sido instaurado, el del exfiscal de Veracruz Jorge “N”.
Los abogados advirtieron que el Congreso de Veracruz se ha negado a legislar sobre la creación de una fiscalía autónoma para investigar tortura.
“Nos dicen que es una expectativa de derecho, que necesitamos ser torturados para que se legisle en la materia”, ironizó Morales Solano.
El incumplimiento legislativo perpetúa la impunidad y deja a las víctimas, como los tres ciudadanos estadounidenses, sin garantías mínimas de protección y sin acceso a la verdad.
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