Xalapa, Ver (AVC/Ana Mozo) "Aquí te vas a quedar. No tienes derecho de ir al baño. No tienes derecho de comer. Y pobre de ti si le dices a tu madre, porque entonces la voy a matar y te voy a matar a ti”, contó “Luis” a los psicólogos, después de años de silencio.

Detrás de las puertas del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 6 de Xalapa, al menos cuatro menores con discapacidad fueron víctimas de abuso sexual por parte de un maestro. Uno de ellos, Luis, no contó lo vivido hasta que tuvo 18 años. Solo en presencia de especialistas narró las agresiones y amenazas que lo silenciaron durante tanto tiempo.

El presunto agresor, un maestro identificado como Felipe “N”, fue detenido en 2022 y lleva casi dos años en prisión preventiva por pederastía agravada, pero aún no ha sido sentenciado. Mientras tanto, madres de otras víctimas exigen que se investigue la posible complicidad de más personal del CAM, incluida la directora y una psicóloga de la institución.

Pese a las denuncias y los indicios claros de abuso, la respuesta institucional fue tardía e insuficiente. Las madres señalan que, en lugar de proteger a sus hijos, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) buscó encubrir a las autoridades escolares implicadas.

El caso de Luis y sus compañeros es parte de una realidad más compleja y amplia: entre 2012 y 2024, la SEV tiene registro de al menos 256 casos de actos de connotación sexual cometidos por personal educativo en contra menores de edad en escuelas públicas del estado. 

Estos involucran acoso, tocamientos, hostigamiento y abuso sexual, documentados oficialmente en respuestas obtenidas vía transparencia por AVC Noticias. 

Pero de estos casos, la dependencia solo notificó que impuso 67 medidas sancionatorias por actos de connotación sexual en contra de maestros. En 40 denuncias fue el cese definitivo, pero en otras 17 no “hubo lugar a sanción”. La dependencia no especificó qué pasó en los otros 189 casos. 

Para precisar esta información se solicitó a la dependencia vía transparencia el número de sanciones por estos casos, pero aún está pendiente la respuesta.

Para la realización de este reportaje, también se solicitó vía transparencia a la Fiscalía General del Estado, la numeralia de las carpetas de investigación abiertas por delitos de violencia sexual cometidas por docentes en espacios escolares. Sin embargo, se negó a entregarla, argumentando que dicha información corresponde al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

No obstante, al presentar la solicitud ante el SESNSP, este comunicó en su respuesta la “notoria incompetencia” para atenderla, pues manifestaron que la Fiscalía de Veracruz es el sujeto obligado a entregarla.

En el año 2024, las cifras de caso de abuso rompieron record: 74 denuncias, lo que representa un aumento significativo respecto a años anteriores. La mayoría corresponden a casos ocurridos en secundarias generales y telesecundarias. En segundo lugar, aparecen los bachilleratos, seguidos por las primarias, pero también en niveles preescolar o jardines de niños. 

Algunos de estos casos han sido documentados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), quien entre 2015 y 2024, emitió 12 recomendaciones dirigidas a la dependencia por omisiones y negligencia al atender casos de abuso, acoso o violación sexual contra menores. Una de ellas fue rechazada por la dependencia.

Las relatoria de hechos de estos abusos revelan un patrón: la SEV no aplica de forma adecuada sus propios protocolos ante casos de violencia sexual contra menores. Las omisiones incluyen la falta de notificación a familias, la ausencia de medidas provisionales y el incumplimiento del deber de informar a las autoridades, lo que vulnera derechos de las niñas, niños y adolescentes y representa un encubrimiento y un delito por omisión de cuidado.

Por ejemplo,  en 2019 madres de una escuela primaria en Zongolica denunciaron hostigamiento sexual por parte de dos maestros hacia alumnas, incluyendo comentarios con connotación sexual, acercamientos físicos no consentidos, miradas lascivas y seguimiento a espacios privados, como los baños escolares.

En un oficio, la Asociación de Padres de Familia, expusieron su preocupación por la permanencia de uno de los maestros señalados, quien, según el documento, ya había sido despedido anteriormente de otros centros escolares por hechos similares. 

La respuesta de las autoridades fue minimizar lo hechos y responsabilizaron a las menores de “provocar” al maestro y se negaron a actuar, aun conociendo los testimonios no sancionaron al maestro. 

La Comisión expresó su preocupación por el actuar de la Secretaría de Educación. Señaló como alarmante que la dependencia justificara su falta de sanciones al personal docente argumentando una supuesta imprecisión en las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos denunciados.

El criterio utilizado por la SEV para rechazar la recomendación va en contra de lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha señalado que en delitos sexuales no se puede exigir el mismo tipo de pruebas que en otros delitos, ya que suelen ocurrir sin testigos. 

La declaración de la víctima debe considerarse una prueba clave y evaluarse con sensibilidad, tomando en cuenta el trauma, la edad, la vulnerabilidad y el contexto. Aunque puede haber inconsistencias naturales en el testimonio, esto no le resta valor. A pesar de ello, la SEV no aplicó sanciones firmes y rechazó la recomendación.

“La inacción y pasividad de la SEV permitió que los hechos quedaran impunes, ya que de haber cumplido esa autoridad… (sic).., pudo haber otorgado certeza a las víctimas respecto de la naturaleza de las acciones de las que se quejaban e instrumentar medidas que permitieran una eficiente investigación y, consiguientemente, sanción”, se lee en el documento. 

Lo que pasaba en el CAM Matutino

“Teresa”, madre de Luis,  creyó por mucho tiempo que el CAM en Xalapa era como Disneylandia: repleto de todo lo que un niño podría querer, hasta que su hijo confesó los abusos que sufrió. 

No hay una fecha exacta. No fue un solo día, fueron varias veces. Durante años. Luis ingresó al CAM en 2015, cuando tenía 10 años. Teresa, confiada, pensaba que si algo ocurría, él se lo diría.

Años después, con la guía de los psicólogos, utilizó peluches para representar a su agresor, a la directora, a sus compañeros, a sí mismo. Juntos recrearon una escena cotidiana en el salón de clases del CAM matutino.

Entonces, Luis empezó a hablar.

—¿Qué fue lo que dijo el niño? —

—Que cuando les bajaba el pantalón, se ponía gel en los dedos para metérselos en el ano y posteriormente los sentaba en sus piernas y pues que sentía un dolor. Así a grandes rasgos— recuerda Teresa. 

—¿Y los demás niños viendo? 

—Exactamente. A veces le tocaba uno, a veces le tocaba a otro”.

Teresa afirma que, en ocasiones, Luis salía de la escuela casi convulsionando, los maestros decían que sucedía “de la nada", pero cuando Luis contó ante los psicólogos que el docente lo golpeaba en la cabeza, el rompecabezas comenzó a armarse.

Su caso no fue el único, pues en el mismo espacio y bajo la supervisión de las autoridades educativas, al menos otros tres niños fueron agredidos. Las madres señalaron que, pese a sus advertencias, el personal docente y directivo minimizó los hechos y no actuó con la urgencia necesaria para proteger a sus hijos.

Un protocolo que falla 

La Secretaría de Educación cuenta con un protocolo claro para actuar en estos casos desde el 2019. 

En el protocolo para la identificación, prevención e intervención en el acoso escolar, el maltrato escolar, el maltrato infantil y actos de connotación sexual.  La dependencia define que se trata de aquellos comportamientos que implican características eróticas, lascivas, libidinosas o de deseo, y que vulneran la integridad física, psicológica, emocional y sexual de una persona. Estos actos pueden cometerse con o sin el consentimiento de la víctima, y con o sin la intención de llegar a la cópula.

Según este protocolo, el primer paso es la apertura inmediata de un expediente, la notificación escrita a madres, padres o tutores, así como la evaluación del caso y la aplicación de medidas provisionales cuando se trata de situaciones graves.

A pesar de ello, en las denuncias de hechos documentadas por la Comisión de Derechos Humanos, se revela la falta de apertura de una investigación diligente, ausencia de medidas de protección para las víctimas y omisión deliberada de sancionar al personal docente señalado.

Estas recomendaciones acreditan que la SEV no aplicó los protocolos establecidos, incluso ante denuncias formales. En particular, los casos de 2019, 2022 y 2024 reflejan que directivos escolares y supervisores minimizaron los señalamientos y abogaron por la reincorporación de docentes con antecedentes previos, fallando así, de forma reiterada con su deber de garantizar el derecho a una vida libre de violencia, a la integridad personal y a la educación de niñas, niños y adolescentes. 

Es el ejemplo de un caso ocurrido en una secundaria de Xalapa.  Una alumna testificó que el docente tenía contacto con varias estudiantes por redes sociales y les pedía fotos: “Les pedía que le enseñaran partes del cuerpo, en ropa interior”. El acoso era conocido entre el alumnado, y varias adolescentes reportaron que el profesor les hacía comentarios sexuales o se acercaba físicamente.

 Otro padre denunció que su hija había sido víctima de tocamientos, proposiciones sexuales y control psicológico a través de redes sociales. Aportó pruebas, como mensajes en los que el profesor escribió: “Me dan ganas de darte una toqueteada en el salón S…”. A pesar de esto, el docente continuó en funciones, solo fue cambiado de salón.  

Cuando se cuestionó al director de la secundaria negó la existencia de denuncias previas: “Durante mi gestión no se han encontrado documentos que indiquen algún tipo de incidente (…) ni antecedentes de algún hecho”, lo cual fue contradicho por las actas firmadas por él mismo y otros testimonios.

En otro caso, un niño de cinco años, alumno de un preescolar, fue golpeado a escondidas por un conserje, quien además lo besó en la boca. Las autoridades directivas le pidieron a la madre cambiarlo de escuela.

“Sigue orinándose en la cama, sigue besando la pared y golpeándola y ahora después empezó a tener pesadillas en las noches”, narró la madre después de los hechos.

También se documentó el caso de una niña, estudiante de una primaria indígena en Papantla, quien fue encerrada en un salón de clases y golpeada en la cien por un maestro, por lo que se desmayó: “cuando volvió en sí, estaba completamente desnuda y le dolió su parte íntima y abajo del abdomen”.

El maestro la amenazó de muerte. Después un médico confirmó el abuso. De los actos de violencia tuvo conocimiento el director de primaria, pero no lo informó a las autoriades correspondientes. 

Abusos van en aumento

Desde 2017, las denuncias por actos de connotación sexual cometidos por personal educativo contra menores han aumentado de forma sostenida, pasando de un máximo de 4 casos anuales entre 2012 y 2016, a 74 en 2024, la cifra más alta registrada.

 La mayoría de los casos se concentró en el nivel más alto de la Educación Básica, especialmente en secundarias generales y telesecundarias. En segundo lugar aparecen los bachilleratos, seguidos por las primarias, y en menor medida, el nivel preescolar o jardines de niños. En 17 reportes no se precisa el nivel educativo en el que ocurrieron los hechos.

De los 256 casos registrados, sólo en 84 se especifican los municipios de los incidentes. En total, se mencionan al menos 35 municipios distintos. 

Sanciones para los maestros 

La Secretaría de Educación, a través de un informe de transparencia informó de sólo 67 medidas que se tomaron respecto a las quejas relacionadas con actos de connotación sexual en el ámbito escolar. De estas, la sanción más frecuente fue el “cese de los efectos de su nombramiento”, con 40 casos. En 17 se determinó que “no ha lugar a sanción”. 2012 al 2024. 

 El resto se detallaron como “amonestación por escrito a expediente”, “suspensión por 8 días sin goce de sueldo”, “nota mala y cambio de adscripción”, “nota mala y apercibimiento” y “amonestación y cambio de adscripción”. De las 189 quejas restantes no se brindó información.

La falta de información sobre la mayoría de las quejas recibidas y las sanciones menores evidencian una posible respuesta institucional limitada frente a las denuncias. Esta situación ha sido motivo de preocupación para organismos defensores de derechos humanos.

Aunque la fiscalía no informó vía transparencia sobre los casos de carpetas de investigación abiertas, hay varias detenciones documentadas públicamente.

En 2024, la FGE informó sobre la detención y vinculación a proceso de dos personas identificadas como maestros acusados por abuso sexual de menores de edad y personas incapaces. Se trató de Gerónimo Jair “N”, maestro de educación física en un jardín de niños en el municipio de Pueblo Viejo, quien presuntamente realizó tocamientos lascivos en contra de una menor de 3 años de edad que vive con discapacidad.

Asimismo, Roger “N”, maestro de primaria en la localidad de Alto de Vega Cercada, del municipio de Pánuco, fue acusado de tocamientos lascivos en contra de una menor de edad. Según la FGE, los hechos ocurrieron el 16 de octubre de 2024 al interior de la escuela y el docente habría amenazado a la víctima con reprobarla si decía algo a sus padres.

En Xalapa, Jesús Efraín "N", maestro de primaria y entrenador de un gimnasio de la ciudad, fue detenido e imputado por el delito de pederastia en contra de una adolescente. La Fiscalía habría logrado la imputación en su contra por los hechos ocurridos en agosto del 2024. El juez le dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa de seis meses dentro del proceso penal 06/2025.

También en Xalapa, Hugo "N", maestro de primaria y entrenador de fútbol infantil, fue detenido en septiembre de 2024 tras la difusión de un video en redes sociales donde aparece besando a un menor. A raíz de la grabación surgieron nuevas denuncias anónimas por conductas similares en años anteriores. El caso provocó la intervención de la Secretaría de Educación y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Padres de familia manifestaron en la publicación del video que conocían al docente y que daba clases en dos instituciones: la escuela Juan Escutia, que se encuentra en el predio de La Virgen; y la escuela Ignacio Ramírez, ubicada en la colonia Constituyentes.

En el Jardín de Niños “Lauro Aguirre” en Veracruz, un profesor de educación física fue señalado por presunto abuso sexual en agosto de 2024, así lo señalo a través de un video en redes sociales, la madre de Valentina, una menor de 3 años de edad que habría sido la víctima.

En el video, Karla del Ángel, madre de Valentina también acusa a la Directora y a una maestra de la institución como presuntas cómplices por omisión. La madre de la menor aseguró que el caso de Valentina ha sido lento y lleno de inconsistencias.

En mayo de 2024, en el municipio de Cosoleacaque, al sur de Veracruz, Gilberto "N", profesor de una telesecundaria, fue detenido por presunto acoso sexual en contra un grupo de alumnas. 48 horas después fue liberado. Las madres de las estudiantes señalaron que el maestro las obligó a quitarse el pants, además, refirieron que el maestro las espiaba por la ventana.

En junio de 2022 la FGE informó de la vinculación a proceso de Juan Eduardo “N”, profesor de primaria en el municipio de Jilotepec, quien fue detenido por el presunto abuso sexual en contra de una menor de edad al interior de uno de los salones de la institución educativa.

Omisión de cuidados, el delito a maestros que son cómplices 

El abogado penalista Emmanuel Sosa Fajardo, explica que la omisión de cuidados es un delito que se configura cuando un adulto responsable no garantiza las condiciones mínimas para salvaguardar la integridad de personas vulnerables. 

“La jurisprudencia nos dice que el abandono no tiene que ser perpetuo, sino simplemente con que no cumpla con las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad de las personas vulnerables”.

Sosa Fajardo, representa legalmente a una niña de 12 años quien fue víctima de abuso sexual por parte de un compañero dentro de la Escuela Técnica Industrial número 88 de Minatitlán. 

La madres de la niña, realizó múltiples manifestaciones para exigir justicia, pues denunció que las autoridades educativas encubrían a los responsables. Finalmente presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de Coatzacoalcos, quien abrió el expediente 20/2023 para investigar el caso.

Ella relató que los hechos ocurrieron durante marzo del 2023, cuando un compañero de su hija presuntamente la violó. También señaló que los directivos del plantel y otros docentes encubrieron al probable violador, por lo que exigió a la SEV destituirlos.

Emmanuel Sosa Fajardo, su abogado, explicó en entrevista que, tras las diligencias iniciales en la Fiscalía de Cuauhtémoc, la carpeta de investigación fue judicializada en Palma Sola, donde se encuentra el juzgado especializado en responsabilidad juvenil. El joven acusado fue vinculado a proceso, se presentaron pruebas testimoniales, y posteriormente fue sentenciado a 11 meses de pláticas para mejorar el desarrollo con perspectiva de género.

Actualmente se encuentran en sección de ejecución de sentencia. 

Por otro lado, el 18 de enero de 2024 se inició la carpeta de investigación por omisión de cuidado ante los profesores de la SEV.

“Podemos hablar de un maltrato infantil y una omisión de cuidado, porque ellos tenían que enviar el acta correspondiente a su superior jerárquico de la ciudad de Xalapa. Pero cuando fuimos a preguntar, ya había pasado más de un año y no la habían enviado”, explica Sosa Fajardo. Detalla que, al llegar, las autoridades escolares afirmaron no contar con un protocolo de actuación frente a casos de abuso sexual. “Querían iniciar el conato, pero les dijimos que no, que ya estaba entrando la autoridad investigadora”.

Aunque alegaron que no existía obligación alguna de dar aviso a las autoridades y activar el protocolo, la normativa sí impone ese deber. Por tanto, la conducta encaja dentro del tipo penal, al haberse cumplido los elementos que lo configuran.

Esta negligencia puede constituir delitos como maltrato infantil, encubrimiento y abandono del menor: “Hay encubrimiento, ya que existe una sentencia, hay un menor sentenciado”.

Las responsabilidades penales para las autoridades educativas pueden variar, con sanciones que oscilan entre tres meses y seis años de prisión, dependiendo de los delitos establecidos en el Código Penal de Veracruz y de la media aritmética aplicable a cada caso.

No obstante, lo que se busca es una reparación del daño por la omisión. Las autoridades escolares han intentado deslindarse, argumentando que no tienen responsabilidad alguna y que no pueden hacerse cargo del cuidado de los niños. Sin embargo, se recuerda que, durante la jornada escolar, la custodia de las y los menores recae directamente en el personal educativo, y por tanto, están obligados a garantizar su integridad.

Fiscalía: omisiones, demoras y revictimización

Sosa Fajardo destaca que la Fiscalía ha sido lenta en su actuación. Si bien se logró judicializar la carpeta de investigación, el proceso ha estado marcado por retrasos, cambios de abogados y audiencias suspendidas. La judicialización fue posible tras integrar diversas pruebas, entre ellas peritajes, testimonios y el expediente completo del caso de responsabilidad juvenil que se siguió contra el menor agresor. 

Señaló que la menor sufrió revictimización durante las declaraciones. Fue llamada a declarar en tres ocasiones: una en la carpeta de responsabilidad juvenil, otra en juicio y una más en la de omisión, cada comparecencia significó una nueva exposición al trauma. 

Además, no se le ofreció acompañamiento psicológico a la víctima ni apoyo de ningún otro tipo. “Inclusive, el hecho de ir a la ciudad Palma Sola fue desgastante porque tenía que ir cada semana. Fueron cuatro veces en juicio y en el juzgado de control”.

La madre de la menor ha manifestado su intención de seguir el caso hasta las últimas consecuencias, aunque el camino legal presenta múltiples obstáculos, tanto por la lentitud institucional como por la resistencia de algunos actores involucrados.

Actualmente, tres autoridades educativas enfrentan proceso penal: un subdirector, un prefecto y la jefa de prefectos. Hasta ahora, dos de los tres imputados han sido notificados formalmente.

“El trauma no siempre es inmediato”: consecuencias del abuso

El psicólogo Eduardo Chang Moya advierte que los efectos del abuso sexual infantil no siempre se manifiestan de forma inmediata. “Un trauma es un golpe que recibe la estructura psíquica que muchas veces se reprime y tarda años en salir a la superficie”, explica. En su experiencia clínica, es común que víctimas lleguen a consulta con recuerdos fragmentados, dudas sobre la veracidad de lo vivido o una fuerte sensación de culpa, lo cual puede dificultar el proceso legal o terapéutico.

“Muchas veces se activan los mecanismos de defensa, que son estas conductas que tenemos para tratar de manejar de alguna manera estos golpes que recibimos a nivel emocional”.

Una de las señales de alerta más importantes, dice, son los cambios abruptos en la conducta de niñas y niños: desinterés escolar, irritabilidad, aislamiento, agresividad o abandono del autocuidado. “Cuando algo que disfrutaban deja de importarles, es una señal que madres, padres o docentes no deben ignorar”.

El especialista subraya que el impacto es mayor cuando la agresión ocurre en un entorno que debería ser seguro, como la escuela. “Cuando ese espacio de protección se convierte en un escenario de violencia, se rompe la confianza en las instituciones y, por tanto, en las personas que las representan”.

Respecto a los agresores, señala que en la mayoría de los casos se trata de personas cercanas y de confianza para la familia. “Muchas veces no son individuos que uno sospecharía; incluso pueden tener buena imagen social. Algunos también fueron víctimas en su infancia y saben manipular a través de la culpa”, indica. A esto se suma que suelen tener autoridad sobre las víctimas, lo cual les da ventaja para ejercer control emocional.

Moya enfatiza la urgencia de evitar la revictimización durante procesos legales o terapéuticos: “Las emociones más pesadas con las que carga una víctima son la culpa y la vergüenza. Lo primero que necesita es un entorno seguro donde pueda hablar sin ser juzgada”.

La capacitación del personal educativo, dice, es clave para detectar comportamientos sospechosos y dinámicas abusivas. Para ello, recomienda vincularse con instituciones especializadas, como los DIF o la Comisión Estatal de Víctimas.

Además, señala la necesidad de que no se atienda únicamente a la víctima directa. Madres, padres y otros miembros del entorno también pueden necesitar ayuda psicológica. “El acompañamiento debe ser integral”.

Teresa, madre de Luis, del CAM no. 6 en Xalapa, reconoce que nunca pensaron que el maestro fuera un agresor de los menores. Incluso uno de los menores abusados por Felipe N, era conocido por ser "beneficiado" por el maestro con ropa, calzado y rifas que siempre ganaba. Pero tiempo después empezó a tener un comportamiento errático: lloraba, se negaba a entrar al aula, huía. A partir de que el maestro ya no fue porque fue detenido, el niño ya no regresó a la escuela. 

“Pensamos que también fue atacado”, dice Teresa.

Un problema nacional

A nivel nacional se han identificado patrones de violencia sexual infantil dentro de planteles escolares. La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) ha documentado 27 casos de violencia sexual organizada en escuelas de 12 estados, entre ellos Veracruz. 

A través del informe Es un secreto: la explotación sexual infantil en escuelas, la ODI ha insistido en que este tipo de violencia no es aislada ni responde al actuar de un solo agresor, sino que se trata de dinámicas criminales complejas, donde participan múltiples adultos: docentes, directivos, personal de intendencia, para violentar a decenas de niñas y niños.

En el informe generado en el año 2021, sus dos actualizaciones del 2022 y 2023, y el reporte 2024 se informa que dentro de las escuelas “participan grupos de personas agresoras organizadas para violentar sexualmente a múltiples víctimas en preescolares y primarias”.

La organización advierte que, a pesar de que estos patrones se repiten en distintas entidades del país, las autoridades han optado por individualizar los hechos y negar la existencia de redes delictivas al interior del sistema educativo. Esto ha impedido que se investigue a fondo el fenómeno como violencia sexual organizada, encubriendo así una dimensión estructural del problema.

De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), durante 2022 al menos 232 niñas, niños y adolescentes entre 1 y 17 años fueron hospitalizados en el país por violencia sexual cometida dentro de escuelas. Casi la mitad tenía entre 12 y 17 años (49.6%), pero no se trató de un fenómeno exclusivo de adolescentes: una cuarta parte de las víctimas tenía entre 6 y 11 años (25%), y otra cuarta parte era de apenas 1 a 5 años (25.4%).

En la mayoría de los casos, la persona agresora era conocida por la víctima. Entre las niñas agredidas, el 64.6% identificó a su agresor como alguien familiar dentro del entorno escolar, como docentes, estudiantes u otras figuras no emparentadas. 

La falta de resolución en los casos y la dilación en los procesos judiciales evidencian fallas en el sistema que requieren atención inmediata por parte de las autoridades responsables, dice el informe. 

El abogado Emmanuel Sosa señala que, aunque algunas familias, como la de Macaria, inician procesos legales buscando justicia, la realidad es que normalmente estos casos no concluyen con una sentencia a los responsables. La carga emocional, el desgaste y la revictimización institucional generan que muchas personas decidan abandonar el proceso. 

“En el caso de la señora Macaria sí se ha logrado algo, ella ha estado en la lucha, pero la verdad es que después se desgasta mucho en otros asuntos”.

En el caso de Teresa y otras madres de familia por el caso del CAM, los tres casos de abuso están documentados. Unos de ellos fue denunciado publicamente después de que peritos expertos probaran que había abuso sexual y la madre fuera ignorada por autoridades educativas. Las madres ahora temen que el maestro agresor salga libre, pues hay varias carpeta de investigación que no han sido llevadas ante un juez. 

Sobre el tema, en conferencia de prensa en mayo pasado, la gobernadora Rocío Nahle, pidió al secretario de gobierno informacóin del tema. 

“Hoy yo pedí a la fiscalía una ficha, un informe, de cómo va el tema. La persona está en prisión y si los niños señalan, hay que hacerles caso. Es un tema fuerte ", sostuvo.