Xalapa, Ver.- (AVC/Flavia Morales/Perla Sandoval) Veracruz acumula 725 carpetas de investigación por robos en carreteras federales en los últimos tres años, pero solo 11 casos han llegado ante un juez de control, de acuerdo con información entregada a AVC Noticias vía transparencia por la Fiscalía General de la República (FGR).
El dato representa poco más de 1% de judicialización de los casos denunciados. Además, la información oficial señala que durante 2025 y 2026 no se registran carpetas judicializadas por este delito en la entidad.
De acuerdo con la autoridad, en 80% de los robos se identificó un modo de operación recurrente: los delincuentes obstruyen la vialidad para obligar a los transportistas a detenerse y, en varios casos, utilizan armas largas para someter a los conductores.
Aunque existen más de 700 denuncias formales por robos en carreteras federales de Veracruz, la Guardia Nacional reportó que en el mismo periodo solo tuvo conocimiento oficial de 37 eventos relacionados con este delito.
La corporación precisó que esos registros no corresponden a la totalidad de los robos ocurridos en la entidad, sino únicamente a los casos de los que tuvo conocimiento la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones.
Entre los tramos identificados como recurrentes se encuentran la carretera 145D Entronque La Tinaja-Cosoleacaque, principalmente del kilómetro 43 al 85; la ruta Puebla-Córdoba; el libramiento Perote-Banderilla; y el tramo Buenavista-Tuxtepec, en la zona de Cosamaloapan.
En esas vías, los reportes señalan que los delincuentes cierran el paso a tractocamiones que trasladan mercancía como productos del campo, abarrotes, electrodomésticos, vinos y licores, para después robar la unidad completa o el cargamento.
Pese al número de denuncias, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que Veracruz no fue incluido en el Plan Nacional de Seguridad en Carreteras.
Cosamaloapan y Tierra Blanca concentran reportes
La información revisada identifica a Cosamaloapan y Tierra Blanca como municipios con mayor concentración de reportes relacionados con robo al transporte de carga y, en algunos casos, a unidades de pasajeros.
El tramo con más reportes corresponde al Entronque La Tinaja-Cosoleacaque, también identificado como ruta directa, el cual aparece de manera reiterada en los registros de incidentes.
La mayoría de los casos fueron clasificados como asaltos con violencia. Solo algunos reportes aparecen como hechos sin violencia o sin dato.
El principal modo de operación consiste en interceptar los vehículos en carretera. En varios casos, los reportes describen que los responsables cierran el paso a las unidades para obligarlas a detenerse.
También se hace referencia al uso de armas largas o cortas durante los asaltos, principalmente en hechos cometidos contra unidades de carga.
Aunque el análisis se concentra en el transporte de mercancías, el informe también documenta algunos hechos clasificados como asaltos a pasaje, es decir, contra vehículos de transporte de pasajeros.
AMOTAC denuncia inseguridad en carreteras
Para los operadores de carga, salir a carretera implica enfrentar no solo largas jornadas, sino también el riesgo de ser interceptados durante el traslado de mercancías. Esa fue una de las principales denuncias de integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), quienes se sumaron al paro nacional desde la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
Los transportistas se concentraron a la altura del kilómetro 13.5 de la autopista Veracruz-Cardel, donde ocuparon uno de los carriles como parte de la movilización convocada para exigir respuestas a las autoridades federales.
De acuerdo con la organización, la seguridad en carreteras continúa como una de las demandas pendientes del sector, debido a los robos, amenazas y falta de vigilancia durante los recorridos.
“Actualmente vivimos la peor etapa de violencia y delincuencia en las carreteras nacionales; carecemos de vigilancia y operativos realmente efectivos por parte de la Guardia Nacional”, señaló la alianza.
AMOTAC advirtió que la inseguridad carretera afecta tanto a pequeños transportistas como a empresas que trasladan mercancías por distintas rutas del país.
“Necesitamos acciones contundentes y un verdadero compromiso hacia nuestro sector”, expusieron los integrantes de la organización.
Empresarios piden seguimiento a denuncias
Representantes del sector empresarial y del autotransporte urgieron a las autoridades de procuración de justicia a informar qué ocurre con las denuncias por robos en carreteras una vez que son presentadas.
Señalaron que, aunque los afectados cumplen con el proceso legal, existe poca claridad sobre el avance de las investigaciones, la recuperación de unidades, las detenciones y las sentencias contra los responsables.
El presidente del Consejo Empresarial Metropolitano, Bernardo Martínez Ríos, señaló que el robo al autotransporte genera pérdidas económicas, afecta la seguridad de los operadores y repercute en la competitividad de las empresas.
“La denuncia no debe terminar en un folio; se requiere atención inmediata, la integración correcta de las carpetas, la coordinación, pero sobre todo usar toda esta información para que se hagan las investigaciones pertinentes”, expresó.
Indicó que la mayoría de las unidades de carga cuentan con seguro, por lo que presentar una denuncia es requisito para reclamar los daños. Sin embargo, consideró que el punto central es conocer qué sucede después de que se inicia el procedimiento legal.
“Lo que hay que dar a conocer, lo que hay que transparentar más, es que a partir de estas denuncias, cuántos vehículos se están recuperando, cuántos tramos se les está patrullando, cuántas personas se han detenido y sobre todo de esto cuántos casos terminan en un juez”, afirmó.
Martínez Ríos añadió que los transportistas han tenido que modificar rutas y horarios para evitar los tramos más peligrosos, lo que reduce la productividad y encarece las operaciones.
“Los indicadores que quisiéramos los empresarios, los ciudadanos y los transportistas es que un tramo que era inseguro, un tramo susceptible a robos y asaltos, sea un tramo prácticamente blindado”, sostuvo.
Por su parte, el delegado de AMOTAC en Xalapa, Isidro Mendoza Argüelles, reconoció que los operadores presentan denuncias porque de ello depende la cobertura de los seguros, aunque muchos dejan de dar seguimiento a los procesos debido a la lentitud de los trámites.
“Se tienen que poner las denuncias correspondientes porque de lo contrario el seguro no se hace efectivo, pero una vez que ya tenemos una respuesta por parte de la Fiscalía estatal o federal, los compañeros ya no siguen el procedimiento”, comentó.
Añadió que entre los transportistas existe la percepción de que los procesos son largos y poco efectivos.
“Lo primero que dicen es que es una pérdida de tiempo, que son muy tardadas”, señaló.
Mendoza Argüelles afirmó que los principales focos rojos para el transporte de carga se ubican en los límites con Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, además de zonas como Córdoba, Zongolica y el tramo La Tinaja-Paso del Toro.
“Pienso que han de ser uno o dos robos diarios; ya sea por el lado de Esperanza, Puebla, Hidalgo o en los límites de Tlaxcala, pero sí, yo creo que es uno o dos diarios que tenemos, además de secuestros, robo y hasta asesinatos de nuestros compañeros conductores”, indicó.
En tanto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Xalapa, Luis Francisco Llera Hernández, señaló que el sector empresarial trabaja con las autoridades para fortalecer la denuncia de estos delitos y mejorar la comunicación institucional.
“Como Cámara de Comercio incitamos a la denuncia porque muchos de los delitos no se denuncian”, expresó.
No obstante, coincidió en que el reto principal es que las investigaciones tengan continuidad y resultados.
“El asunto es que se le dé seguimiento a las denuncias porque de nada sirve agarrar a una persona para que al otro día esté suelto”, afirmó.
Los posicionamientos empresariales surgen en el contexto de las cifras que muestran un bajo nivel de judicialización de las carpetas relacionadas con robos en carreteras, situación que ha generado preocupación entre transportistas y empresarios por la falta de resultados visibles en el combate a este delito.