Veracruz, Ver.- (AVC/José Juan García) La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se encuentra en proceso de cumplir la sentencia 54/2022 que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde 9 de febrero del 2022, la cual determinó el derecho a un ambiente sano favorable como consecuencia de una evaluación ambiental fragmentada en la obra de ampliación del puerto de Veracruz.

De acuerdo con la resolución, la autorización de impacto ambiental otorgada en el 2022 presenta elementos que requieren revisión, tales como la omisión de generar nuevos estudios, la exclusión de ecosistemas clave, el uso de metodologías que pueden resultar inadecuadas o limitadas y la falta de un análisis integral de los impactos del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, la no consideración del cambio climático.

Al respecto, el fundador y coordinador de la organización Territorios para la Vida, Javier Martínez Esponda, recordó que la SCJN revocó las 14 autorizaciones de impacto ambiental que habían sido concedidas para el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz en la sentencia emitida hace cuatro años por violación al derecho al ambiente sano, lo cual consideró que se trata de un parteaguas porque se determinó un nuevo estándar de protección al derecho al medio ambiente sano.

“Se le ordenó a una serie de cosas, se le condenó a las autoridades por la violación al derecho humano al derecho al ambiente sano, aquí hubo un incumplimiento de un deber constitucional y, por tanto, está obligado el Estado Mexicano a reparar el daño; desde el momento en que la Corte dictó esta sentencia, nos encontramos, lo que los abogados y las abogadas llaman ‘el cumplimiento de sentencia’, desde febrero del 22 a abril del 2026, estamos en el proceso de que la sentencia se cumpla, de que el daño causado sea reparado”, puntualizó.

Además, Martínez Esponda indicó que la SCJN resalta 18 veces la palabra “participación” en la sentencia para establecer que los ciudadanos pudieran participar en el cuidado y la reparación del año en la zona de la ampliación del puerto de Veracruz.

En ese sentido, el coordinador de la organización Territorios para la Vida mencionó que la SCJN ordenó a la Semarnat evaluar el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz considerando la totalidad de arrecifes y humedales en la zona de influencia.

“La autoridad ambiental se tiene que pronunciar sobre todos y cada uno de los impactos acumulativos y sinérgicos porque eso es lo que omitieron la primera vez, no pudimos saber el verdadero impacto-riesgo ambiental del proyecto de ampliación portuaria (…) Eso significa, en esto que estamos diciendo del pronunciamiento sobre los impactos acumulativos, significaba crear un programa de trabajo para mitigar y restaurar los sistemas dañados”, insistió.

Otro punto que incluye la resolución de la SCJN es que la autoridad pidiera la opinión del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas y que un grupo de expertos y peritos internacionales dieran su postura sobre este programa de trabajo en el marco de que el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) es considerado como un Sitio Ramsar, por lo que se encuentra protegido.

Javier Martínez Esponda comentó que las organizaciones Territorios para la Vida y Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente y el Instituto de Pesquerías de la Universidad Veracruzana (UV) solicitaron participar en esa evaluación al PNSAV al Juzgado Quinto de Distrito con residencia en Boca del Río y al Secretariado Ramsar en septiembre y octubre del 2025, respectivamente.

Sin embargo, la Misión de Asesoramiento Ramsar se realizó en marzo pasado, pero sin la participación ciudadana y de expertos y peritos internacionales.

“A esa misión no se nos invitó a participar, ni a los que somos parte del juicio ni a la ciudadanía en general; nosotros hemos preguntado a las personas, a los colectivos, a las organizaciones que trabajan en esta zona si fueron convocados, la respuesta es ‘no’, es decir, este tema de la participación no existió, por lo menos debió haber habido dos momentos, cuando se debió haber evaluado otra vez debió haber habido una consulta pública, eso no ocurrió porque juntaron los pedazos sin haber hecho estudios suficientes y sin haber garantizado participación”, añadió.

Ante la negativa de permitirles participar, las organizaciones Territorios para la Vida y Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente realizaron una Misión Civil de Observación sobre el PNSAV para identificar riesgos ambientales y retos en el cumplimiento de la sentencia de la SCJN.

Finalmente, Martínez Esponda demandó que las autoridades responsables abran los espacios a la participación ciudadana para que se cumpla la sentencia de la SCJN.