Xalapa, Ver.– (AVC/Verónica Huerta) La médica residente Guadalupe López Martínez denunció que, pese a que la Fiscalía de Veracruz acreditó violencia laboral en su contra dentro del Centro de Alta Especialidad (CAE) “Doctor Rafael Lucio”, un juez de control fijó una reparación mínima de 10 mil pesos y ordenó que regrese a laborar bajo las órdenes de su agresora.
Fallo judicial y proceso penal
El juez de control Eduardo Martínez López resolvió que la doctora Zeyda María Oliman Hoyos, jefa del servicio de Cirugía Maxilofacial del CAE, debía cubrir esa reparación económica y mantenerse en su cargo.
El caso corresponde al proceso penal 299/2025, en el que la Fiscalía General del Estado demostró la culpabilidad de Oliman Hoyos en el delito de violencia laboral.
Reasignación temporal y regreso obligado
Tras los hechos, la Secretaría de Salud Federal reubicó a López Martínez en un hospital de Guerrero para continuar su residencia. Sin embargo, en octubre deberá volver al CAE de Xalapa, donde estará nuevamente bajo la supervisión de la misma jefa señalada por ejercer violencia laboral.
Pese a las pruebas presentadas, Oliman Hoyos sigue encargada de evaluar y aprobar la especialidad de los médicos aspirantes a Cirugía Maxilofacial.
Exigencias de la víctima
La médica residente hizo un llamado al secretario de Salud Federal, David Kershenobich Stalnikowitz; al secretario de Salud de Veracruz, Valentín Herrera Alarcón; y al director del CAE de Xalapa, Rafael Norberto Hernández Gómez, para que Oliman Hoyos sea removida de su cargo.
Asimismo, pidió al Poder Judicial de Veracruz que se imponga una sanción ejemplar por comprobarse la violencia laboral. A la gobernadora Rocío Nahle García, la residente exigió que se atienda el caso, ya que fue turnado únicamente al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, y posteriormente a la Secretaría de las Mujeres, dependencia que solo ofreció atención psicológica sin pronunciarse sobre el delito acreditado.
Antecedentes y contexto nacional
La denunciante recordó que en otros hospitales del país existen antecedentes de médicos residentes que, al enfrentar violencia laboral, han llegado a quitarse la vida. Subrayó que este caso debería sentar un precedente para que se sancione con severidad la violencia laboral en los centros de formación médica.