Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) Siete elementos vinculados a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fueron detenidos este viernes 5 de junio en Xalapa por una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con el presunto delito de desaparición forzada.

Operativo de la FGR en cuartel de Xalapa

La orden de aprehensión fue ejecutada durante la mañana de este viernes cuando los policías se encontraban en las inmediaciones del cuartel Heriberto Jara Corona, conocido como “San José”, ubicado frente al Mercado Alcalde y García, en la capital veracruzana.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes realizaron la detención de manera coordinada.

Identifican a policías detenidos

Entre los detenidos se encuentran cuatro hombres y una mujer que laboraban como policías en activo y que eran identificados con los distintivos “La Guerrera”, “El Bigotes”, “El Jack”, “El Teo” y “El Max”.

Además, fue detenido un exmando conocido como “El Ardillo”, quien fungió como titular de la Delegación XX, así como otro elemento identificado como “Lino”, también sujeto a una orden de aprehensión.

Investigación por desaparición forzada

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, agentes federales notificaron a los señalados sobre la orden judicial en su contra, informándoles sus derechos y que la investigación está relacionada con su presunta participación en el delito de desaparición forzada.

Tras su captura, los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la delegación de la FGR en Veracruz, donde continuarán las diligencias correspondientes.

Situación jurídica en proceso

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido información oficial sobre los detalles de la investigación ni sobre la situación jurídica de los detenidos. Se prevé que en las próximas horas se definan las acciones legales derivadas de este caso.

La desaparición forzada es un delito que implica la privación de la libertad de una persona con participación o aquiescencia de servidores públicos, seguida de la negativa a reconocer el hecho o informar sobre el paradero de la víctima. La FGR mantiene abierta la investigación para determinar la responsabilidad de los detenidos.