Xalapa, Ver.- (AVC) El Poder Judicial denunció amenazas e intimidación a empleados para obligarlos a renunciar a su puesto, luego de la destitución de la Magistrada Presidenta, Sofía Martínez a través de una sesión de la judicatura.
En su cuenta de twitter se lanzó un comunicado donde acusan que la directora de administración, Joana Marlen Bautista, sus colaboradores y un supuesto encargado de seguridad, pretenden obtener la renuncia irrevocable de varios empleados.
El viernes pasado, a través de una sesión extraordinaria, el Consejo de la Judiciatura destituyó a Sofía Martínez como Presidental del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) por incumpliento de un deber legal y nombró a la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, en sustitución.
A través de comunicación oficial, la Presidenta ha señalado que la convocatoria a la sesión es ilegal, por lo que su remoción tampoco es valida, aunque en la Gaceta Oficial del estado del 23 de octubre, se justificó por su ausencia del ejercicio de sus funciones, lo que trae como consecuencia el incumplimiento de un deber legal.
El pleno del Poder Judicial argumentó que la presidenta incumplía en su función como lo marca el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, no se aclaró cuál de las 18 atribuciones violó o no realizó en los 10 meses que duró su presidencia.
En el comunicado, se invita a los empleados del Poder Judicial a no dejarse intimidar ni presionar para dar la renuncia ante los últimos hechos.
Trabajadores del Poder Judicial solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ante las medidas que se están implementado los administrativos para despedir a personal a fin a la expresidenta Sofía Martínez Huerta.
Empleados de confianza denunciaron que se impusieron nuevos filtros para poder ingresar a las instalaciones del Poder Judicial y fueron separados de los sindicalizados para obligarlos a firmar su renuncia.
A la entrada se les obligó a hacer una fila a personal de confianza y directivos, y el encargado de seguridad autorizó o no el acceso a las áreas de trabajo. A las personas afines a Sofía Martínez las llevaron a un auditorio donde se les pidió firmar su renuncia contra su voluntad, lo que es violatorio a sus derechos.
Además, eso podría tener un efecto legal, pues la reglamentación interna establece que las personas despedidas, tendrán cinco días para preparar la entrega recepción.
“Los mandaron a un auditorio y los están forzando a firmar sus renuncias, pero sin darles el periodo de cinco días hábiles para la entrega-recepción, lo que marca el reglamento de Contraloría”, señalaron los trabajadores.
En tanto, la nueva Presidenta del Poder Judicial, Isabel Inés Romero Cruz, denunció que la cuenta de comunicación social había sido hakeada.
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