Xalapa, Ver.- (AVC) Por cada iniciativa que se ha aprobado en la 65 Legislatura, con mayoría de Morena, otra más se quedó en la congeladora. Además, el proceder de los legisladores quedó registrado como el que más correcciones recibió por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes echaron abajo al menos una decena de leyes y decisiones impulsadas en el Congreso Local.

La actuación de los diputados contrasta con el gasto de más de 700 millones de pesos anuales, es decir, el Legislativo se presupuestó y gastó dos mil 100 millones de pesos en sus tres años de ejercicio.

Ese dinero lo usaría para aprobar un total de 202 iniciativas de reforma o nuevas leyes, según el compendio legislativo, actualizado el seis de julio del 2021.

La pandemia por el virus del Sars-CoV-2 fue una de las causas que menguó la actividad de los legisladores, provocó el cierre de las sesiones, y aprobar leyes “fast track” como la reforma electoral, que después se echó atrás, así como la legalización del aborto, que grupos como Provida, anunciaron van a impugnar.

Durante la campaña, en el mes de mayo, los legisladores sólo sesionaron en una ocasión, con el argumento que los “grupos parlamentarios” habían acordado no reunirse; sumado a que más de una decena de diputados se fueron a campaña, sus permisos se aprobaron hasta julio (después de la elección).

Cada año el Congreso aprueba la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, así como las 212 leyes de ingresos de los municipios. Es la carga de trabajo más importante de manera anual de cada legislatura.

Según los datos estadísticos de la propia 65 Legislatura, con mayoría de Morena, a parte de esas aprobaciones se presentaron al pleno un total de 411 propuestas de cambio o la creación de nuevas leyes.

De ese número de iniciativas solo 209 han sido aprobadas en los últimos tres años, es decir, cada mes validaron 5.4 iniciativas, en promedio, y el costo por cada diputado es mayor a 150 mil pesos mensuales.

A continuación listado de temas pendientes:

Matrimonio igualitario el pendiente

En 2020 se buscó legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, a pesar de que ya se tenía un dictamen no se agendó en ninguna sesión.

Por el contrario se presentó una nueva propuesta, ya durante la pandemia, fue entonces que se avaló la unión de personas del mismo sexo a través de la figura del concubinato.

Mayoría no quiere regular la revocación del mandato

En el discurso el partido en el poder impulsa la revocación del mandato, sin embargo, desde el mes de junio venció el plazo legal para adecuar la Constitución local, y poder someter a consulta pública la permanencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Reducción del salario de diputados locales

La oferta del actual grupo con mayoría fue bajar los altos salarios y prebendas que reciben por la función legislativa; cada que se aprobó un presupuesto se ofreció reducir los ingresos hasta en un 15 por ciento.

Jamás cumplieron con el compromiso, debido a que resulta inconstitucional el reducir las percepciones, por lo que difícilmente podrán cumplir con esa promesa.

Cuentas públicas sin aprobar

La Cámara también tiene pendiente la aprobación de las cuentas pública 2019 y 2020, correspondientes a los dos primeros años de la administración de Cuitláhuac García Jiménez.

La revisión se atrasó con motivo de la contingencia sanitaria. El Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019 fue entregado este jueves, y para octubre se tendrá que entregar el del 2020.

Algunas iniciativas que se revirtieron en la Corte

El revés que más se publicitó fue cuando se invalidó la reforma electoral que impulsó Morena, lo que obligó al Organismo Público Local Electoral (OPLE) a acelerar la organización de los comicios del seis de junio.

También invalidó la intervención de la Tesorería de Mixtla de Altamirano, municipio en el que se desaparecieron los poderes y se nombró a un concejo ciudadano para administrar, tras la muerte de la alcaldesa Marisela Vallejo Orea.

Los ministros declararon inconstitucional las leyes de ingresos del 2020, por los cobros excesivos y por restricciones en las actas de nacimiento extemporáneas.

La Corte declaró invalidó el artículo 17 de la Ley de Asistencia y Prevención de Violencia Familiar que buscaba regular la mediación como una forma de resolver los conflictos entre víctima y victimario. La acción la presentó la Secretaría de Gobierno.

Se declaró inconstitucional una fracción de la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición Forzada.

Se invalidó la Ley de Comunicación Social del Estado, que luego se presentó en un nuevo periodo ordinario.