Xalapa, Ver. (AVC/Ana Mozo) Comunidades de la cuenca del río La Antigua iniciaron una acción legal por la grave contaminación fecal que afecta a sus cuerpos de agua y humedales, logrando que el Juzgado 15° de Distrito en Veracruz concediera una suspensión provisional para exigir medidas inmediatas de saneamiento.

El amparo fue promovido el 24 de marzo de 2025 por representantes de la Asamblea del Agua de los Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los Ríos Libres y Limpios (PUCARL), en conjunto con la organización Territorios Diversos para la Vida (TerraVida). La demanda va dirigida contra autoridades federales, estatales y municipales.

El recurso legal busca frenar la contaminación por aguas residuales no tratadas y promover el reconocimiento legal del río como sujeto de derechos. Las comunidades exigen un mapeo general de las fuentes de contaminación, la activación de plantas de tratamiento, la limpieza de los ríos y la coordinación entre municipios para su saneamiento.

En 2023 y 2024, PUCARL llevó a cabo un monitoreo comunitario del agua en 13 sitios de municipios como Xico, Teocelo, Xalapa, Coatepec, Jalcomulco, Apazapan y otros. Los resultados revelaron que el 100 % de los sitios muestreados presentaban niveles de E. coli por encima de lo permitido para contacto humano, evidenciando una crisis ambiental con impactos sociales y ecológicos.

El 8 de abril de 2025, el Juzgado 15° admitió la demanda y ordenó la implementación urgente de acciones para disminuir la contaminación mientras se resuelve el juicio de fondo. Las organizaciones destacan que este fallo representa un avance en la defensa del territorio, los derechos humanos y el reconocimiento legal de los ríos como entes vivos.

PUCARL llamó a las autoridades a cumplir las normas ambientales, a la jueza a otorgar una suspensión definitiva, a las comunidades a respaldar el proceso legal y a la sociedad en general a sensibilizarse sobre la crisis ambiental en la región.

En conferencia de prensa, los representantes de la PUCARL e integrantes de TerraVida explicaron que dicha suspensión obliga a CONAGUA, al Organismo de Cuenca Golfo Centro y a 14 municipios a mejorar la calidad del agua como medida cautelar. Aunque aún falta la audiencia que decidirá si la suspensión se convierte en definitiva, el caso representa un parteaguas legal.

Se aclaró que no existe un plazo específico para que la jueza emita una sentencia final, ya que se requerirán peritajes y recopilación de evidencia, lo que podría extender el proceso durante años. Sin embargo, el equipo legal destacó que la evolución del derecho ambiental abre nuevas posibilidades para garantizar justicia a las comunidades.

El abogado Javier Martínez, integrante de TerraVida y FONAR, explicó que el amparo busca no sólo frenar la contaminación fecal del Río Blanco, sino también establecer un precedente: reconocer al río como sujeto de derechos y a las comunidades como sus guardianas legítimas.

“Las personas tenemos derecho a vivir con aguas de calidad, con aguas limpias. Lo contrario afecta nuestros proyectos de vida, afecta a nuestros nuestros derechos humanos”, afirmó.

Sofía García, también abogada del caso, destacó que el proceso se basa en datos recopilados mediante solicitudes de información, monitoreos comunitarios y los realizados previamente con otras organizaciones como Global Water Watch México.

“Más del 64% de nuestros ríos están muy por encima de los límites permisibles en términos de contaminación fecal. Esto quiere decir que el río está enfermo”, explicó.

Por su parte, Tomás Owen, experto ambiental, señaló que la contaminación no sólo es fecal, sino que incluye descargas de granjas porcinas, agrícolas y pecuarias, muchas de ellas sin tratamiento previo.

La historia de esta lucha se remonta a 2018, cuando el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto eliminó protecciones legales sobre 300 cuencas hídricas en el país. Como respuesta, comunidades organizadas con el acompañamiento del colectivo Terravida y abogados como los de FONAR y Territorios Diversos para la Vida, promovieron un juicio de amparo que hoy marca un hito.

Guadalupe Aquino, defensora, relató la evolución que ha tenido el río hasta llegar a percibirse la contaminación a simple vista.

“Yo lo conozco desde mi infancia, un río bonito, de colores, aromas... un lugar muy lindo que se quedó ahí en mi memoria, y actualmente el río pues ya no es eso, el río ha tenido muchos cambios”.

El caso no solo busca justicia ambiental, sino un cambio: el reconocimiento legal del río como sujeto de derechos, inspirado en precedentes internacionales como los de Colombia y Nueva Zelanda. Las comunidades piden que se escuche su voz, se respete su vínculo espiritual con el río y se garantice la vida para las generaciones futuras.