Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, dejó en claro que su administración no respaldará intentos de destituir a alcaldes o alcaldesas mediante acuerdos internos en los cabildos.

La declaración surge luego de que integrantes del Ayuntamiento de Álamo promovieran un juicio político contra la presidenta municipal Lilia Arrieta Pardo, argumentando irregularidades.

La mandataria subrayó que ningún funcionario municipal puede ser removido por conveniencias políticas o decisiones unilaterales pues su cargo fue elegido por el pueblo.

“Mi gobierno no será parte de maniobras para quitar a ninguna autoridad electa por el pueblo”, enfatizó.

El caso de Álamo Temapache fue mencionado específicamente luego de que se hicieran públicas acusaciones contra la alcaldesa por presuntas ausencias injustificadas y actos de violencia política contra integrantes del cabildo.

Nahle García recordó que todos los ediles, incluidos presidentes y presidentas municipales, fueron elegidos mediante el voto ciudadano, por lo que su permanencia debe respetarse mientras no exista un proceso legal que indique lo contrario.

La titular del Ejecutivo estatal insistió en que los conflictos internos deben atenderse a través del diálogo institucional y no por medio de confrontaciones o decisiones forzadas dentro de los ayuntamientos.

“No se trata de que alguien decida sacar al presidente municipal porque ya no le parece. Aquí se respeta la voluntad popular”.

Nahle también se refirió a otros municipios donde han surgido tensiones similares, como en Sayula de Alemán, donde algunos integrantes del cabildo renunciaron voluntariamente y después ratificaron su decisión.

En estos casos, explicó, no corresponde al Gobierno del Estado intervenir para cambiar autoridades sin una ruta legal establecida.

Añadió que si existen irregularidades administrativas o posibles casos de violencia política de género, deben ser atendidos por los órganos fiscalizadores y de justicia correspondientes, como el ORFIS o las instancias electorales y de derechos humanos.

“Lo que sí vamos a hacer es respetar la ley y garantizar gobernabilidad, pero no vamos a permitir golpes institucionales disfrazados”, concluyó.