Xalapa, Ver.- (AVC) Las bancadas de Movimiento Ciudadano, el PAN y Veracruz Nos Une expresaron fuertes reservas sobre el nombramiento de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como fiscal general del Estado. Aunque con matices distintos, coincidieron en que el procedimiento impulsado por la mayoría oficialista compromete la autonomía de la Fiscalía y profundiza la desconfianza ciudadana en la procuración de justicia.

El debate se enmarca en la reforma constitucional aprobada el 25 de noviembre, que transfirió al Ejecutivo la facultad central en la designación y redujo los controles legislativos. Para la oposición, este cambio alteró el equilibrio institucional y dejó sin filtros un proceso que debería garantizar independencia frente al poder político.

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La diputada Elena Córdova Molina subrayó que el cuestionamiento de su bancada no se dirige a la persona propuesta, sino al mecanismo utilizado para nombrarla. Afirmó que la reforma eliminó la evaluación abierta y permitió que la designación se concretara sin un análisis público del perfil.

Para MC, este modelo no genera autonomía porque, desde el inicio, deja la decisión en manos del Ejecutivo. Córdova Molina destacó que la Fiscalía ya enfrenta un déficit de confianza y que procesos opacos solo profundizan la percepción de debilidad institucional.

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La diputada Indira Rosales San Román señaló que la Fiscalía ha operado durante años con altos niveles de impunidad y rezago. Consideró que la renuncia de la fiscal saliente era necesaria, pero advirtió que la nueva ruta de designación no fortalece a la institución. Dijo que el modelo aprobado subordina a la Fiscalía al Ejecutivo y no garantiza condiciones para que la nueva titular pueda investigar con independencia.

Rosales recordó que Veracruz se ubicó por encima del 90% de impunidad según evaluaciones recientes, por lo que, en su opinión, el nombramiento debió ser el resultado de un proceso público, transparente y con criterios técnicos robustos.

El diputado Fernando Yunes Márquez coincidió en que la reforma debilitó la autonomía de la Fiscalía y afirmó que la remoción de la titular saliente se dio en un contexto de pérdida de confianza ciudadana. Señaló que la nueva fiscal asume una institución en crisis y deberá demostrar independencia real desde el primer día. 

Yunes Márquez destacó que más del 80% de las personas en Veracruz prefiere no denunciar delitos debido a la falta de confianza en las autoridades. Añadió que acompañará el nombramiento, pero adelantó que mantendrá vigilancia sobre el desempeño de la funcionaria para garantizar que la Fiscalía no opere como un instrumento político del gobierno.

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El diputado Héctor Yunes Landa afirmó que el nuevo procedimiento reproduce un esquema de control político en la procuración de justicia. Cuestionó el perfil de la nueva titular y señaló que la Fiscalía corre el riesgo de convertirse nuevamente en una extensión del gabinete estatal.

 Dijo que la ciudadanía exige resultados reales y no decisiones tomadas desde acuerdos políticos. En su posicionamiento pidió transparencia en el examen de control de confianza y sostuvo que la independencia de la Fiscalía será fundamental para que la institución recupere la credibilidad perdida.

Una designación aprobada entre advertencias 

Las tres bancadas coincidieron en que el proceso dejó dudas sobre la autonomía real de la Fiscalía y sobre la capacidad del nuevo modelo para generar confianza en las víctimas y en la ciudadanía. También señalaron que el reto de la nueva fiscal será demostrar independencia frente al Ejecutivo y revertir el rezago acumulado en la investigación de delitos.

El nombramiento avanzó con el voto de la mayoría, mientras la oposición exigió mecanismos de evaluación continua y rendición de cuentas como condición para fortalecer la procuración de justicia en Veracruz.