Orizaba, Ver.- (AVC) A casi dos décadas de haber sostenido, con sustento científico, que Ernestina Ascencio Rosario fue víctima de violación sexual y tortura, el médico legista Juan Pablo Mendizábal Pérez continúa sin ser reinstalado plenamente en su cargo y permanece sujeto a una serie de represalias laborales que iniciaron tras contradecir la versión oficial de su muerte.

El conflicto se originó durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, cuando Mendizábal Pérez laboraba en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. Su dictamen pericial descartó que la causa del fallecimiento fuera una enfermedad común y evidenció indicios de agresión sexual y tortura, lo que derivó en su cese inmediato y en intentos de desacreditación profesional.

Aunque años después logró ser reinstalado, durante la administración de Javier Duarte de Ochoa volvió a ser despedido. Defensores de derechos humanos señalan que este segundo cese reforzó un patrón de castigo institucional contra el perito por negarse a modificar sus conclusiones forenses. Desde entonces, su situación laboral permanece sin resolución.

Ni durante los gobiernos de Miguel Ángel Yunes Linares, Cuitláhuac García Jiménez, ni en la actual administración estatal se ha concretado su reinstalación definitiva, pese a la existencia de antecedentes profesionales, gestiones legales y argumentos que respaldan su regreso al cargo.

Organizaciones civiles advierten que Mendizábal Pérez acumula 19 años sin ejercer plenamente su especialidad, lo que consideran una sanción prolongada por haber cumplido con su deber profesional. A ello se suma que, desde hace seis años, fue reubicado en Soledad Atzompa, decisión que no tomó en cuenta su edad ni su estado de salud y que lo mantiene alejado de los espacios donde podría desarrollar su labor pericial.

El médico ha solicitado en reiteradas ocasiones su regreso a la Fiscalía con sede en Orizaba, donde anteriormente desempeñó sus funciones y donde existen condiciones para su trabajo. Personas cercanas al caso señalan que su petición responde tanto a razones profesionales como humanitarias.

La situación cobró nuevo impulso tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que responsabilizó al Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario. El fallo confirmó la validez del peritaje de Mendizábal Pérez y evidenció que su desacreditación respondió a intereses políticosde gobiernos estatales.

Para colectivos y defensores de derechos humanos, la resolución internacional exhibe que el médico fue castigado por no encubrir un crimen y pone de relieve prácticas de impunidad y simulación en las instituciones de procuración de justicia en Veracruz.

Advierten que la deuda del Estado no es únicamente con la familia de Ernestina Ascencio, sino también con quienes, desde dentro de las instituciones, se negaron a mentir. En ese contexto, consideran que la reinstalación de Juan Pablo Mendizábal Pérez en Orizaba sería un acto mínimo de justicia y una señal de que decir la verdad no debe seguir condenando trayectorias profesionales. 

Mientras tanto, el médico legista continúa a la espera de una resolución que cierre casi 19 años de incertidumbre laboral, con la expectativa de que el reconocimiento internacional obligue a corregir una injusticia que permanece abierta.