Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) Hasta seis años de prisión y multas de entre 200 y mil Unidades de Medida y Actualización podrían enfrentar quienes alteren playas de anidación de tortugas marinas en Veracruz, de prosperar una iniciativa presentada por el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante el Congreso local.

La propuesta plantea incorporar sanciones penales para quienes afecten los ecosistemas costeros donde las tortugas realizan su proceso reproductivo, mediante reformas a la Ley de Vida Silvestre del Estado y la creación del artículo 263 Bis en el Código Penal.

Entre las conductas que serían castigadas se encuentra la instalación u operación de fuentes de iluminación no autorizadas, la colocación de obstáculos físicos en la zona litoral, la circulación de vehículos motorizados sobre áreas de anidación, la destrucción o remoción de nidos y los daños a cercos de protección e infraestructura de vigilancia ambiental.

El proyecto también contempla aumentar las sanciones hasta en una mitad cuando los hechos ocurran dentro de Áreas Naturales Protegidas, afecten varias zonas al mismo tiempo, provoquen daños ecológicos irreversibles determinados por la autoridad competente o involucren a servidores públicos.

Además de las medidas punitivas, la iniciativa establece nuevas obligaciones para autoridades estatales y municipales relacionadas con la protección de estos espacios.

El documento propone la creación y actualización permanente de un inventario estatal de playas de anidación ubicadas en municipios costeros como Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Nautla, Vega de Alatorre, Casitas, La Antigua, Alvarado, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos y Agua Dulce.

La exposición de motivos sostiene que aunque la protección de la fauna marina corresponde al ámbito federal, las playas, dunas y humedales donde ocurre el desove forman parte de espacios bajo competencia estatal y municipal.

“Dicha reserva, sin embargo, no agota la materia, pues las playas de anidación, las dunas, los humedales y los corredores biológicos situados en bienes de jurisdicción estatal o municipal son el territorio donde cada temporada llegan a desovar las hembras”, señala la iniciativa.

El proyecto también prevé la emisión de lineamientos técnicos para regular el alumbrado, la obra pública y el uso de playas durante las temporadas de arribazón.

Otro de los aspectos incluidos es el reconocimiento formal de campamentos tortugueros y brigadas ciudadanas mediante una figura de coadyuvancia comunitaria para participar en labores de vigilancia y conservación.

“Durante décadas, en los campamentos tortugueros comunitarios de la costa, han sido sobre todo las mujeres, las niñas y los jóvenes quienes sostienen, noche tras noche, el cuidado de los nidos, el traslado de las crías y el registro de las temporadas”, expusieron los promoventes.

De aprobarse las reformas, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado tendría 90 días naturales para publicar el inventario de playas de anidación y emitir la reglamentación técnica correspondiente, mientras que los ayuntamientos dispondrían de 180 días para adecuar sus normativas municipales. El proyecto establece que su aplicación se realizará con recursos ya contemplados en los presupuestos ordinarios de las dependencias involucradas.