Ciudad de México.- (AVC) El Gobierno de México elevó su reclamo contra Estados Unidos ante la muerte de 18 connacionales en centros de detención o durante operativos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.

La cifra incluye a mexicanos que fallecieron mientras permanecían detenidos, personas que perdieron la vida durante acciones de agentes migratorios y el caso de un joven atropellado cuando intentaba alejarse de un operativo.

El 9 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que tenía documentadas 17 muertes desde mayo de 2025: 14 ocurrieron bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos migratorios.

Posteriormente se conoció el fallecimiento de Juan Jairo Coronilla Durán, mexicano de 28 años que murió el 14 de julio en Florida al ser atropellado por un tractocamión mientras huía de agentes migratorios. El hombre había ingresado legalmente a Estados Unidos y se encontraba de visita con familiares, de acuerdo con información confirmada por autoridades mexicanas.

La Cancillería detalló que el Gobierno mexicano presentó 20 denuncias penales: ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas. Las acciones corresponden a los primeros 17 casos registrados oficialmente.

Además, la Fiscalía General de la República remitió una denuncia al Departamento de Justicia de Estados Unidos para solicitar investigaciones formales y conocer el avance de los expedientes relacionados con cada fallecimiento.

México también pidió la intervención del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con el objetivo de que el organismo revise si las actuaciones de las autoridades estadounidenses cumplen con sus obligaciones internacionales.

Como parte de la estrategia, la SRE envió cartas de cese y desistimiento a empresas privadas encargadas de administrar centros de detención. Una de ellas fue dirigida al centro de Adelanto, California, donde han muerto cuatro mexicanos.

El Departamento de Estado devolvió las comunicaciones y sostuvo que México no podía intervenir en las operaciones internas de las autoridades estadounidenses. La Embajada mexicana respondió que sus preocupaciones habían sido planteadas mediante los canales diplomáticos y consulares establecidos.

Amnistía Internacional pidió que las muertes y las denuncias de abusos sean investigadas de manera independiente e imparcial, al considerar que Estados Unidos tiene la obligación de esclarecer cualquier fallecimiento ocurrido bajo custodia de sus autoridades migratorias.

La red consular mexicana mantiene el acompañamiento jurídico y administrativo a las familias, incluida la gestión para repatriar restos y obtener información médica y oficial sobre las circunstancias de cada caso.

Con información de Animal Político, Secretaría de Relaciones Exteriores y Associated Press.