Xalapa, Ver.– (AVC/Verónica Huerta) La Comisión Instructora del Congreso de Veracruz cuenta con un plazo de hasta tres días hábiles para emitir los dictámenes sobre las solicitudes de desafuero promovidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra los alcaldes de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, luego de concluir este jueves las audiencias de pruebas y alegatos.

El presidente de la Comisión Instructora, Facundo Fernández de la Cruz, informó que ambos presidentes municipales comparecieron para ejercer su derecho de defensa, mientras que la FGE presentó los elementos que sustentan las solicitudes de declaración de procedencia.

"Concluyó la audiencia; la Fiscalía presentó lo que debía y también se concedió el derecho de defensa a los alcaldes. Todos argumentaron lo que consideraron pertinente y ahora corresponde emitir el dictamen", señaló.

Explicó que los diputados integrantes de la Comisión analizarán las pruebas y alegatos antes de elaborar un dictamen individual para cada caso, el cual será remitido a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso local.

Fernández de la Cruz precisó que el plazo legal vence el martes 4 de agosto, aunque los documentos podrían quedar listos desde este viernes 31 de julio.

Asimismo, aclaró que la conclusión de las audiencias no implica que el desafuero esté definido.

"No podemos considerar que habrá desafuero; primero debemos analizar las pruebas para determinar si procede o si no se acreditan los elementos necesarios", indicó.

¿Qué sigue en el proceso?

Una vez concluidos los dictámenes, estos serán enviados a la Presidencia de la Mesa Directiva, que los turnará a la Diputación Permanente, órgano encargado de convocar a una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso.

La Diputación Permanente tiene programada su cuarta sesión ordinaria para el martes 4 de agosto a las 11:00 horas, cuando podría convocarse al periodo extraordinario en el que los 50 diputados decidirán si procede o no retirar el fuero a ambos alcaldes.

La función de la Comisión Instructora no es determinar la culpabilidad o inocencia de los servidores públicos, sino establecer si existen elementos legales suficientes para retirarles la inmunidad constitucional y permitir que enfrenten un proceso penal.

Si el Pleno aprueba alguno de los dictámenes por mayoría, la FGE podrá ejercer acción penal contra el alcalde involucrado. En caso contrario, conservará el fuero mientras permanezca en funciones.

¿De qué acusa la Fiscalía a los alcaldes?

El alcalde de Úrsulo Galván, Norberto Bertín Bravo Montero, de Movimiento Ciudadano, es investigado por su presunta relación con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López, quienes fueron vistos por última vez el 14 de mayo, cuando se dirigían a una propiedad del edil ubicada en Barra de Chachalacas.

Por su parte, el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, enfrenta una solicitud de desafuero por su presunta participación en la desaparición y asesinato de la comunicadora Roxana Guzmán, quien fue privada de la libertad en su domicilio de Nanchital el pasado 2 de junio de 2026.