Xalapa, Ver.- (AVC/Perla Sandoval) Un total de 260 notarías en Veracruz se mantienen bajo revisión para verificar que su operación se encuentre dentro de la legalidad, informó el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil.

El funcionario señaló que el proceso está a cargo de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, y se prevé que concluya en diciembre.

Explicó que, como parte de las revisiones, se han atendido casos relacionados con conflictos de propiedad, en los que se han detectado documentos falsos, identidades apócrifas y falsificación de poderes notariales.

Ahued Bardahuil indicó que desde 2025, la Secretaría de Gobierno ha atendido 106 audiencias de ciudadanos que consideran haber sido afectados en asuntos relacionados con sus propiedades.

Estos casos son revisados de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado (FGE), el Poder Judicial y las autoridades notariales.

Como resultado de estas acciones, se han logrado revertir tres casos, entre ellos uno relacionado con un desalojo ocurrido en la zona de Las Ánimas, en Xalapa, donde la intervención de las autoridades permitió restituir la propiedad.

Sin embargo, el secretario de Gobierno precisó que cerca del 90 por ciento de los señalamientos recibidos no necesariamente corresponden a irregularidades cometidas por notarías.

Detalló que varios de estos casos están relacionados con créditos hipotecarios, herencias, convenios privados sin respaldo notarial, así como falsificación de documentos o de identidad.

El funcionario sostuvo que cualquier ciudadano que considere haber sido víctima de un despojo o de alguna irregularidad puede solicitar asesoría durante las jornadas de atención de puertas abiertas.

Asimismo, señaló que el Gobierno del Estado mantiene coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para revisar los procedimientos antes de ejecutar desalojos y verificar que exista certeza jurídica.

Advirtió que también se busca evitar que prosperen procedimientos en los que pudieran participar abogados particulares, cerrajeros o autoridades mediante posibles actos de corrupción.

“Por nosotros no va a pasar”, afirmó Ahued Bardahuil, al señalar que existe una instrucción del Gobierno estatal para revisar estos casos y acompañar a las personas que denuncien posibles irregularidades relacionadas con sus propiedades.