Ciudad de México.— (AVC) Especialistas, sobrevivientes y familiares de víctimas solicitaron al Senado modificar la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, al advertir que su aplicación requerirá presupuesto, personal especializado y mecanismos de evaluación.

Durante las mesas de diálogo realizadas el 18 de agosto en la Antigua Casona de Xicoténcatl, las comisiones dictaminadoras recibieron 796 propuestas relacionadas con los 62 artículos y 12 disposiciones transitorias del proyecto.

La senadora Martha Lucía Micher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, informó que 174 personas se registraron para plantear modificaciones y más de 90 participaron en los trabajos.

Uno de los principales cuestionamientos se dirige al artículo décimo segundo transitorio, el cual señala que las nuevas obligaciones deberán financiarse con los recursos ya asignados a cada dependencia, sin autorizar ampliaciones presupuestales durante el ejercicio fiscal en curso.

Especialistas señalaron que la legislación contempla la creación de fiscalías especializadas, registros nacionales, protocolos de investigación y programas de capacitación, por lo que su cumplimiento dependerá de una inversión sostenida.

También pidieron revisar el aumento de las sanciones. La iniciativa presidencial propone penas de entre 50 y 70 años de prisión, que podrían incrementarse hasta en una mitad cuando existan agravantes. Sin embargo, participantes consideraron que elevar las condenas no garantiza una reducción de los feminicidios si persisten las deficiencias en las investigaciones.

Entre las propuestas presentadas se encuentra establecer responsabilidades administrativas y penales específicas para servidores públicos que retrasen investigaciones, pierdan indicios, nieguen denuncias o actúen con estereotipos de género.

Además, se planteó crear un procedimiento para que la Fiscalía General de la República atraiga investigaciones del fuero común cuando existan negligencia, omisiones o posible participación de autoridades estatales o municipales.

Las mesas también abordaron la incorporación de la tentativa de feminicidio, la articulación de las alertas de violencia de género y el desarrollo de políticas preventivas dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

Otro punto en discusión fue la definición de “mujer” incluida en el proyecto. Algunas participantes propusieron modificarla, mientras que la Fiscalía General de la República planteó eliminarla para evitar contradicciones jurídicas o afectaciones a los tipos penales de transfeminicidio vigentes en algunas entidades.

La iniciativa establece que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse inicialmente como feminicidio, bajo un protocolo nacional y con perspectiva de género. También propone crear un registro de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por este delito.

Las propuestas serán sistematizadas del 19 al 25 de agosto. El proyecto de dictamen podría quedar listo a finales del mes o a principios de septiembre, para discutirse durante el periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre.