Xalapa, Ver.- (AVC) Estudiantes universitarios podrán realizar su servicio social en actividades de vigilancia del gasto público, como parte de los convenios que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) firmó con 15 universidades públicas y autónomas del país este 13 de octubre en Xalapa.

Durante el encuentro, el rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, sostuvo que las instituciones deben explicar cómo utilizan sus recursos y qué resultados generan. El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, convocó a los jóvenes a colaborar en la revisión de obras públicas y a señalar posibles irregularidades en sus comunidades.

La ceremonia, celebrada en la Sala Tlaqná, reunió a representantes universitarios y funcionarios de la ASF para la implementación del Programa Nacional de Auditoras y Auditores Universitarios. Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), participó como testigo.

El programa contempla capacitación para que los estudiantes conozcan los mecanismos de fiscalización, comprendan cómo se ejerce el presupuesto público y colaboren mediante actividades que podrán acreditar como servicio social.

Martín Aguilar pide explicar el destino del presupuesto universitario

El rector de la UV afirmó que la transparencia y la rendición de cuentas son responsabilidades esenciales de cualquier institución que administra recursos públicos. En las universidades públicas y autónomas, señaló, estas obligaciones se ejercen mediante controles internos y la fiscalización de los órganos externos competentes.

Aguilar Sánchez planteó que su alcance debe ir más allá del cumplimiento administrativo y jurídico. Las universidades también deben mostrar que sus decisiones presupuestales responden a prioridades académicas y sociales.

“Esto exige que el ejercicio de los recursos pueda explicarse con claridad, que las decisiones presupuestales respondan a prioridades académicas y sociales, y que la comunidad conozca la relación entre los recursos asignados y los resultados que las universidades generan”, expresó.

Añadió que rendir cuentas implica informar a estudiantes, docentes y sociedad por qué se asigna presupuesto a determinadas actividades, qué objetivos se persiguen y cuáles son sus resultados.

El rector sostuvo que los principios éticos deben estar presentes en la docencia, la investigación, la generación de conocimiento, la difusión cultural y los servicios que prestan las instituciones.

Señaló que una gestión universitaria ética ayuda a prevenir la corrupción, favorece una distribución más equitativa de los recursos y fortalece el ejercicio de la autonomía.

“Una universidad autónoma fortalece su legitimidad cuando demuestra que sus decisiones académicas, administrativas y financieras responden a su función social y que los recursos públicos se ejercen con responsabilidad y transparencia”, afirmó.

Aguilar Sánchez destacó que las 15 universidades participantes tienen historias y atienden regiones distintas, pero comparten la obligación de transformar el presupuesto que reciben en conocimiento, oportunidades educativas, investigación, cultura y bienestar social.

Recordó que, en muchas regiones, estas instituciones representan una de las principales vías de acceso a la educación superior y de movilidad social. Esa función, dijo, exige un compromiso con el manejo responsable del dinero público.

Sobre la participación estudiantil, explicó que el servicio social permitirá conocer cómo se fiscalizan los recursos y cuáles son las vías institucionales para señalar posibles irregularidades.

Consideró que esa experiencia puede formar ciudadanos capaces de participar, evaluar y exigir cuentas, al comprender que detrás de cada decisión presupuestal existen derechos, prioridades y consecuencias para la población.

Aureliano Hernández convoca a estudiantes a vigilar obras públicas

El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, pidió a los universitarios sumarse a las tareas de vigilancia del gasto público y contribuir desde sus municipios y comunidades.

Explicó que la ASF debe revisar recursos ejercidos por gobiernos municipales y estatales, universidades públicas y dependencias e instituciones federales. Entre los ejemplos mencionó a las secretarías de la Defensa y de Marina, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Ante ese alcance, señaló que el organismo necesita ampliar su capacidad de observación, pues no puede llegar por sí solo a todas las localidades ni revisar directamente cada obra pública del país.

El auditor preguntó a los estudiantes quiénes provenían de otros municipios y quiénes regresarían a sus comunidades durante las vacaciones. A partir de ello, propuso que colaboren para identificar las obras que se construyen, los fondos con que se financian y sus condiciones.

Planteó que los jóvenes puedan informar si una obra existe, si fue concluida y si presenta problemas de calidad. También mencionó la necesidad de detectar trabajos que fueron pagados, pero no se realizaron.

Como ejemplo, habló de un puente financiado con un fondo de aportaciones para infraestructura. Explicó que la capacitación permitirá a los estudiantes conocer las características de esos recursos y las reglas para su ejercicio.

El programa comenzará con formación sobre las funciones de la ASF y las actividades en las que podrán colaborar. Durante su intervención, Hernández Palacios señaló que ya había un primer grupo de 15 jóvenes con conocimiento de la iniciativa.

Agradeció al rector de la UV la convocatoria para la firma y explicó que los convenios permitirán acreditar horas de servicio social mediante esta colaboración. Sostuvo que el trabajo de los estudiantes tendrá una utilidad pública al contribuir al cuidado de recursos que pertenecen a la sociedad.

También llamó a señalar el uso indebido del presupuesto, independientemente de que ocurra en una universidad, un municipio, un gobierno estatal o en la propia Auditoría Superior de la Federación.

En su mensaje, cuestionó la aceptación social de la corrupción y pidió a los jóvenes evitar que esas prácticas se consideren normales. Afirmó que la participación de nuevas generaciones es necesaria para cambiar esa relación con el ejercicio del poder y del dinero público.

El auditor también planteó modificar leyes para sancionar los actos de corrupción y fortalecer la prevención.

Para ilustrar los tiempos que pueden tomar estos procesos, mencionó un monumento construido en la Ciudad de México por el Bicentenario de la Independencia, en 2010, cuyo costo, según su exposición, superó los mil millones de pesos.

Relató que la revisión detectó irregularidades en el precio y las especificaciones del acero. Añadió que, unas tres semanas antes del encuentro, un tribunal todavía analizaba la responsabilidad de los involucrados, a 16 años de aquellos hechos.

Luis Armando González Placencia vincula autonomía y rendición de cuentas

El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, sostuvo que la colaboración entre universidades y ASF permitirá vincular la formación profesional con tareas reales de fiscalización.

Explicó que el servicio social ofrecerá a los estudiantes un acercamiento al trabajo institucional, donde podrán aplicar conocimientos, desarrollar habilidades y conocer las responsabilidades que enfrentarán en su vida profesional.

Señaló que el ejercicio del presupuesto público tiene consecuencias directas en la población, porque los impuestos deben traducirse en servicios e infraestructura.

Por ello, pidió a los jóvenes aprovechar la experiencia para aprender a trabajar en equipo, seguir un método y documentar con rigor. Añadió que esas capacidades podrán contribuir tanto a las prácticas de la ASF como a la participación estudiantil dentro de las propias universidades.

González Placencia afirmó que las instituciones necesitan formar profesionales que sustenten sus decisiones en evidencia, reconozcan los límites de su actuación y cuiden los recursos públicos.

Indicó que la colaboración con los órganos de fiscalización puede ayudar a detectar y prevenir riesgos, mejorar procedimientos e incorporar la integridad a las actividades cotidianas.

“La autonomía universitaria y la rendición de cuentas se fortalecen mutuamente”, expresó.

Explicó que la libertad para decidir sobre la vida académica conlleva la responsabilidad de informar cómo se utiliza el presupuesto y qué resultados se ofrecen. Una fiscalización respetuosa de la autonomía y orientada a mejorar las instituciones, agregó, contribuye a fortalecer la confianza pública.