Ciudad de México.- (AVC) El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, presentó una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por los posibles daños al arrecife La Gallega, en Veracruz, derivados de las obras de ampliación del puerto, particularmente por la construcción de la escollera sureste.

En el documento, recibido por la Profepa el 20 de octubre de 2025, el dirigente partidista solicitó una inspección inmediata de las obras, la suspensión temporal del proyecto mientras se investigan los hechos y la reparación de los daños ambientales que lleguen a acreditarse.

La denuncia se relaciona con la segunda fase del proyecto denominado Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte, que contempla la construcción de la escollera sureste o segunda escollera.

Álvarez Máynez señaló posibles afectaciones al ecosistema arrecifal por el depósito de material pétreo en las inmediaciones de La Gallega, así como modificaciones en las corrientes y los procesos sedimentarios.

El recurso también plantea posibles incumplimientos de las disposiciones jurídicas y ambientales que regulan el proyecto, por lo que pide a las autoridades investigar las obras y determinar si existen responsabilidades.

La denuncia está dirigida contra la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz (Asipona Veracruz), así como contra las unidades administrativas y personas servidoras públicas de la Secretaría de Marina que hayan ordenado, autorizado, contratado, ejecutado o supervisado los trabajos. También incluye a las empresas contratistas y subcontratistas involucradas.

El documento invoca disposiciones de la legislación ambiental mexicana y normas relacionadas con la protección del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, los humedales y la biodiversidad.

“Destruir la naturaleza no es desarrollo”, sostuvo el dirigente de Movimiento Ciudadano, al cuestionar los posibles impactos ambientales asociados con la ampliación portuaria.

La existencia de la denuncia no implica que los daños señalados estén acreditados; corresponderá a las autoridades ambientales realizar las diligencias y determinar si hubo afectaciones y posibles incumplimientos.