Xalapa, Ver.- (AVC) La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dejó pendientes de aclarar mil 80 millones de pesos del gobierno de Veracruz y diez municipios por recursos de 2025. Los hallazgos incluyen nóminas sin justificar, plazas geográficamente incompatibles y, en Soteapan, obras pagadas sin ejecutar.

Los informes de la segunda entrega de la Cuenta Pública suman mil 80 millones 25 mil 77.38 pesos observados. De ellos, 137 millones 755 mil 329.50 pesos corresponden a la administración de Rocío Nahle García y 942 millones 269 mil 747.88 pesos a los ayuntamientos.

En el gobierno estatal, Salud concentró 87.4 millones de pesos pendientes de aclarar. El principal señalamiento fue el uso de 86.9 millones del presupuesto de 2025 para pagar nómina de 2024, sin acreditar la autorización correspondiente ni la documentación que justificara el gasto.

En el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo quedaron observados 48.7 millones de pesos. Destacan pagos por 38.9 millones a 105 trabajadores con plazas geográficamente incompatibles y otros 784 mil 460.03 pesos a cuatro trabajadores con plazas en distintas entidades federativas.

El Fondo de Aportaciones Múltiples registró 1.68 millones de pesos pendientes: un millón 359 mil 158.95 pesos por un anticipo de obra sin reintegrar y 319 mil 126.98 pesos por pagos del DIF Veracruz a 88 beneficiarios reportados como fallecidos.

Soteapan concentró 189 millones 868 mil 200.22 pesos sin aclarar. Presentó registros contables y presupuestales que la ASF consideró insuficientes. Además, una inspección encontró tres obras sin los trabajos pagados y otras dos inconclusas e inoperantes. Los hallazgos derivaron en una denuncia por 7.5 millones de pesos, cantidad vinculada con los fondos observados que no se suma nuevamente al total.

Tempoal dejó pendientes 173 millones 287 mil 822.99 pesos por falta de registros y comprobantes. El monto comprende recursos de participaciones federales, infraestructura social y fortalecimiento municipal. El informe asentó que el ayuntamiento no emitió comentarios durante las reuniones de revisión.

Pajapan no acreditó el gasto de 93 millones 263 mil 63.94 pesos. Entregó información contractual, normativa local y estados de cuenta, pero faltaron comprobantes. Además, remitió copias simples sin certificar, que la ASF consideró sin valor probatorio para acreditar el ejercicio de los recursos.

Ixhuatlancillo mantuvo pendientes 89 millones 342 mil 103.20 pesos. Presentó documentación contractual con información de los sujetos contratados, pero no los registros contables, presupuestales y comprobantes necesarios para justificar las erogaciones. La respuesta municipal no solventó la observación.

Ilamatlán dejó sin comprobar 87 millones 69 mil 534.57 pesos. La mayor parte correspondió a infraestructura social, con 45.8 millones de pesos; el resto, a participaciones federales y fortalecimiento municipal. El ayuntamiento no emitió comentarios durante las reuniones de revisión.

El Higo no acreditó el destino de 83 millones 547 mil 903.88 pesos. La mayor cantidad correspondió a participaciones federales, con 45.2 millones de pesos. La ASF señaló que faltaron registros y documentos del gasto y que el municipio no emitió comentarios en las reuniones de auditoría.

Chontla registró 83 millones 314 mil 950.78 pesos pendientes de aclarar. Aportó información contractual, pero no los documentos que justificaran y comprobaran el gasto. La respuesta presentada mediante un oficio del 7 de octubre de 2026 fue considerada insuficiente.

Moloacán dejó sin comprobar 76 millones 427 mil 575.46 pesos. Más de la mitad correspondió a participaciones federales; el resto provino de infraestructura social y fortalecimiento municipal. El informe no recoge comentarios del ayuntamiento durante las reuniones de revisión ni una explicación sobre la falta de comprobantes.

Ixmatlahuacán no acreditó el gasto de 36 millones 566 mil 961.50 pesos. El monto incluyó participaciones federales y recursos para infraestructura social y fortalecimiento municipal. La falta de registros y comprobantes impidió verificar su aplicación; el municipio no emitió comentarios durante las reuniones de auditoría.

Landero y Coss mantuvo pendientes 29 millones 581 mil 631.34 pesos. Aunque presentó información contractual y contable, la ASF determinó que no permitió comprobar el destino del dinero recibido de las tres fuentes de financiamiento revisadas.

En los diez municipios, las observaciones abarcaron el 100 por ciento de los recursos incluidos en sus respectivas auditorías y generaron, en conjunto, 30 pliegos de observaciones.

Los montos permanecían pendientes de aclarar al cierre de los informes. Los señalamientos por un probable daño a la Hacienda Pública están sujetos al proceso de seguimiento, durante el cual las entidades fiscalizadas pueden presentar documentación adicional.