No existe fracking Verde : norte de Veracruz ya carga deuda ambiental
Papantla, Ver.- (AVC/Oscar Martínez) Antes de discutir nuevos proyectos de hidrocarburos, comunidades del Totonacapan piden mirar lo que ya dejó la industria petrolera en el norte de Veracruz: pozos abandonados, fugas, derrames, residuos, olores persistentes y daños ambientales que no han sido reparados.
“Este territorio del Totonacapan ha sido afectado por hidrocarburos desde hace ya un siglo”, señaló Alejandra Jiménez Ramírez, Integrante de Corazón Defensa del Territorio y coordinadora general de la Alianza Mexicana contra el Fracking,
La propuesta de la presidenta Claudia Sheimbaum de abrir esta exploración en el país para desarrollar un modelo de “fracking sustentable” ha prendido las alertas en diversas regiones del país con vocación petrolera.
La alianza Mexicana realizó un recorrido con organizaciones ambientales y defensoras del territorio en comunidades de Papantla, Poza Rica y Coatzintla, junto con especialistas y legisladores federales, para evidenciar los daños causados por la industria.
Jiménez Ramírez sostiene que las comunidades han enfrentado impactos por la actividad petrolera convencional y, desde principios de este siglo, también por proyectos asociados al desarrollo de fracking en la región.
Durante la visita, habitantes mostraron puntos donde reportan afectaciones en arroyos, terrenos de cultivo, viviendas y zonas cercanas a instalaciones petroleras. También expusieron casos de derrames, presencia de residuos, olores y daños acumulados.
“Encontramos afectaciones de más de 30 años, de tres meses y otras también de varios años que no han recibido atención, reparación ni remediación”, afirmó Jiménez Ramírez.
En el recorrido participó Patricia Rodríguez, integrante de Earthworks, quien utilizó una cámara FLIR GF320 OGI, equipo empleado para detectar emisiones de gases invisibles a simple vista.
La cámara registró emisiones en instalaciones y pozos petroleros. De acuerdo con Rodríguez, este tipo de tecnología permite observar gases asociados a la industria de hidrocarburos, entre ellos metano y compuestos orgánicos volátiles como benceno, tolueno, propano y butano.
“Esta cámara puede visibilizar los gases que no se ven, que son invisibles a simple vista y que son muy nocivos”, explicó.
Durante la jornada se identificaron emisiones en contenedores, tuberías e infraestructura petrolera. Los participantes señalaron que varios puntos se ubican cerca de viviendas, escuelas, parcelas y cuerpos de agua.
Rodríguez explicó que observaron pozos y tanques con venteos, es decir, liberación directa de gases al aire sin quema.
“Cuando no están quemando, cuando están venteando, es puro metano, puros gases que suben a la atmósfera y que también son nocivos a la salud de la gente”, dijo.
Habitantes de la zona expresaron preocupación por la exposición constante a olores provenientes de instalaciones petroleras y por la presencia de emisiones cerca de sus actividades diarias.
Las organizaciones señalaron que, en varios puntos recorridos, la infraestructura petrolera convive con viviendas, caminos comunitarios, parcelas y cuerpos de agua. Para las comunidades, el problema no se limita a incidentes aislados, sino a una exposición continua a instalaciones que forman parte del paisaje cotidiano.
“Las emisiones fueron detectadas en zonas donde también hay vida comunitaria: casas, escuelas, parcelas y caminos”.
La investigadora Beatriz Torres Beristein, del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana advierte que Veracruz arrastra daños acumulados por décadas de actividad petrolera.
“En Veracruz hay daños por la industria petrolera de décadas”, señaló.
La académica sostuvo que en el Totonacapan y en otras zonas del estado existen comunidades con derrames y contaminación por hidrocarburos, sin que esas consecuencias hayan sido revertidas.
“Hay una deuda social y ambiental”, afirmó.
Para Torres Beristein, permitir el fracking en un territorio donde los daños convencionales no han sido resueltos elevaría los riesgos ambientales y sociales.
“Nos parece muy peligroso abrir la puerta al fracking porque no ha habido una solución a estas problemáticas”, dijo.
El informe “Fracking sin coordenadas públicas”, elaborado por CartoCrítica, ubica al norte y centro de Veracruz dentro de la provincia petrolera Tampico-Misantla, una de las zonas de mayor interés para hidrocarburos no convencionales en México.
La franja se extiende desde el sur de Tamaulipas y la Huasteca potosina e hidalguense hasta el norte y centro de Veracruz y la Sierra Norte de Puebla. En los mapas del informe aparecen regiones vinculadas históricamente con actividad petrolera, como Pánuco, Tantoyuca, Chicontepec, Álamo, Tihuatlán, Poza Rica y Papantla.
CartoCrítica estima que recuperar apenas el 10 por ciento del recurso prospectivo no convencional en Tampico-Misantla implicaría perforar alrededor de 21 mil 611 pozos nuevos y requeriría aproximadamente mil 620.8 millones de metros cúbicos de agua dulce.
El recurso recuperable equivaldría a unos 5.9 años del consumo nacional de petróleo, frente a una intervención territorial de gran escala.
El informe advierte que la presión sobre el agua debe analizarse a escala local. En Tampico-Misantla, 8.6 por ciento del agua requerida para fracking recaería en cuencas o acuíferos sin disponibilidad actual, mientras que 74.9 por ciento se ubicaría en regiones donde la operación consumiría entre el 50 y el 100 por ciento del agua disponible.
En el área no convencional y su radio de impacto potencial viven más de 4.4 millones de personas, distribuidas en 132 localidades urbanas y más de 13 mil 500 localidades rurales.
La región concentra más de 871 mil personas hablantes de lengua indígena y se intersecta con territorios teenek, nahuas, otomíes, tepehuas y totonacos.
Cerca del 41 por ciento del área no convencional corresponde a propiedad social, con 2 mil 081 ejidos y comunidadesinvolucrados.
“La discusión energética tendría efectos directos sobre agua, tierras ejidales, caminos, parcelas y comunidades indígenas”.
José Rafael Flores Hernández, ingeniero petrolero e integrante de CartoCrítica, señaló que desde 2018 disminuyó la calidad de la información pública disponible sobre áreas, campos y recursos no convencionales.
“No tenemos acceso a la información para discutir con las comunidades, que son las que van a sufrir potencialmente las afectaciones de una técnica tan agresiva como es el fracking”, afirmó.
CartoCrítica reconstruyó mapas a partir de información publicada por Pemex, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía y otras fuentes oficiales. La organización sostiene que las comunidades necesitan saber si los posibles proyectos se aproximan a sus fuentes de agua, caminos, tierras, viviendas o zonas de vida.
“Discutir si el fracking va o no va sin mostrar dónde podría ocurrir deja fuera a quienes tendrían que vivir con sus impactos”, plantea el informe.
Flores Hernández cuestionó el uso de expresiones como “fracking verde” o “fracking sustentable”.
“No existe como tal un fracking sustentable, un fracking verde, un fracking que se pueda hacer sin impactos al medio ambiente y a las comunidades”, afirmó.
El especialista recordó que regiones como Poza Rica y Papantla ya fueron parte del proyecto Aceite Terciario del Golfo, también conocido como Chicontepec.
Según su testimonio, ese proyecto fue presentado como una opción para detonar nueva producción petrolera, pero dejó daños visibles en campo.
“Nos encontramos con pozos que están abandonados, pozos que están fugando gas, petróleo, parcelas y comunidades que han sido afectadas históricamente por la industria petrolera”, sostuvo.
Al término del recorrido, comunidades campesinas, pueblos indígenas y habitantes del Totonacapan entregaron un pliego petitorio al Poder Legislativo y a instituciones competentes. El documento señala que durante décadas han enfrentado daños ambientales, sociales, económicos y culturales provocados por la industria petrolera.
El primer punto exige la prohibición definitiva del fracking en el Totonacapan y en todo el territorio nacional, por los riesgos para el agua, la agricultura, la salud, los ecosistemas y las comunidades.
También pidieron que no se autoricen nuevos pozos petroleros o gasíferos, ni ampliaciones de proyectos extractivos que incrementen los impactos ambientales y sociales en la región.
“Las comunidades no solo rechazan el fracking; también piden frenar nuevos proyectos extractivos en una zona ya afectada”.
El pliego incluye la protección integral del agua, con medidas de prevención, vigilancia y remediación de la contaminación en ríos, arroyos, manantiales, acuíferos y otras fuentes de abastecimiento comunitario.
Otra demanda es la reparación integral del daño, mediante la identificación, evaluación y atención de afectaciones ambientales, sociales, económicas y culturales ocasionadas por décadas de actividad petrolera.
Las comunidades también solicitaron rehabilitar infraestructura dañada por el tránsito de maquinaria pesada y actividades petroleras, como caminos, carreteras, puentes y sistemas de agua potable.
“El daño petrolero también aparece en caminos, sistemas de agua, parcelas y formas de organización comunitaria”.
El documento exige que la información sobre proyectos petroleros, permisos, impactos ambientales, derrames, accidentes, monitoreo ambiental y uso del agua sea pública, accesible, actualizada y comprensible para las comunidades.
También plantea instalar una mesa permanente de diálogo y seguimiento entre comunidades afectadas, autoridades municipales, estatales y federales, legisladores, instituciones académicas y organismos de derechos humanos.
El pliego pide reconocer el daño cultural causado por la industria petrolera, incluyendo afectaciones a formas de organización comunitaria, conocimientos tradicionales, prácticas culturales y relación de los pueblos con su territorio.
Además, solicita medidas de protección para personas defensoras del territorio, el agua y los derechos humanos, a fin de que puedan realizar su labor sin amenazas, intimidación, hostigamiento, criminalización o violencia.
Finalmente, las comunidades exigieron trato digno y respeto por parte de instituciones públicas y empresas del sector energético, así como mecanismos para recibir, investigar y sancionar denuncias por maltrato, intimidación, discriminación, desinformación o abuso de autoridad.
Las comunidades y legisladores plantearon promover mesas de diálogo, integrar expedientes de afectaciones, proponer una comisión especial para atender daños actuales, realizar foros en el Congreso local y federal, presentar una memoria del recorrido y mantener coordinación con autoridades municipales de Papantla.