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Xalapa, Ver.- (AVC) Entre enero y julio de 2025, ARTICLE 19 documentó 51 casos de acoso judicial contra periodistas y medios en México, lo que equivale a un nuevo proceso cada cuatro días. Veracruz encabeza la lista con 10 casos, seguido de la Ciudad de México (9) y Jalisco (6).
En Veracruz, el OPLE ha notificado denuncias en las que una sola figura política utilizó la figura de Violencia Política en Razón de Género (VPEG) contra periodistas, medios y organizaciones civiles, tras publicaciones sobre nepotismo. La organización señala que este patrón muestra cómo el aparato electoral se convierte en herramienta de censura.
Panorama nacional del acoso judicial
De los 51 casos documentados, 26 se dieron por la vía electoral (50.9 %), 14 por la penal (27.4 %) y 11 por la civil (21.5 %). Más de la mitad de los estados del país (53 %) registraron procesos contra la prensa en este periodo.
Los principales responsables son funcionarios públicos (45 % de los casos), seguidos de particulares (35 %) y partidos políticos (19 %). ARTICLE 19 advierte que los litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPPs) buscan desgastar a periodistas mediante juicios prolongados, sin necesidad de obtener sentencias favorables.
Uso de violencia política de género como censura
La mitad de los procesos iniciados en 2025 (25 de 51) corresponden a denuncias por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG). ARTICLE 19 advierte que esta figura, creada para combatir la discriminación estructural, está siendo usada para remover publicaciones, ordenar disculpas públicas e incluso registrar a periodistas como “violentadores”, lo que representa un riesgo para la libertad de expresión.
Conclusiones
El informe de ARTICLE 19 advierte que el acoso judicial se ha consolidado como una nueva forma de censura en México. Los principales hallazgos son:
• El uso de demandas, denuncias y medidas cautelares se ha intensificado, limitando el espacio del periodismo crítico.
• Existe un desbalance de poder que permite a funcionarios y figuras públicas utilizar recursos institucionales para intimidar a la prensa.
• El abuso de la VPEG como herramienta de censura desvirtúa su propósito original y debilita la protección real de los derechos de las mujeres.
• La judicialización de la prensa en procesos electorales revela un patrón de control político a través de la ley.
• ARTICLE 19 demanda reformas legales y la aplicación de estándares internacionales para garantizar la libertad de expresión.
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