La urgente (e improbable) necesidad de corregir

Por: Efraín Quiñonez León

7/8/25

Tiro Libre

Como parte de las iniciativas del anterior gobierno de la república comienza a tomar forma una nueva configuración del entramado que en el futuro próximo se encargará de la organización de los procesos electorales. En efecto, el presidente López Obrador, al no poder tramitar la reforma política por la composición del Congreso, tuvo que dejar el encargo para el nuevo gobierno que lleva a cabo los cambios legislativos que se requieren para cambiar el sistema electoral y la representación política. Básicamente se busca disminuir los costos que significan la organización de las elecciones y sostener a los partidos políticos, por la consabida razón de que esto implica inversiones “muy elevadas”, sobre todo por los sueldos de los altos funcionarios del INE; al menos ese es el argumento recurrente del por qué deben bajarse los costos. Se añade a esto el hecho de que, al financiar a los partidos y las campañas, se evita la entrada de recursos ilegales, no necesariamente de redes criminales, pero lo peor es que estas sí invierten en candidatos y partidos. En este sentido, la idea de discutir estos puntos puede ser asimilada como correcta.

El otro elemento por el cual se esgrime la necesidad de una nueva reforma electoral es más discutible por los riesgo que conlleva en torno a las limitaciones u obstáculos que podría generar en relación a la representación política en el país. En efecto, se trata de la cancelación de la representación proporcional como vía de acceso a un cargo de elección popular. Cabe recordar que justamente esta fue la vía por la cual la oposición empezó a acceder al poder. Todos los partidos han abusado de semejante método de acceso a la representación política, pero resulta una paradoja que quienes se han beneficiado de ella ahora promuevan una reforma para cancelarla.

Siendo partidaria y promotora de la reforma, la presidencia de la república ha propuesto una encuesta y, también, un proceso de auscultación sobre el tema en particular. Es decir, que se consulte a la gente; método que se ha convertido en el modo a través del cual el gobierno anterior y el presente, suelen consensuar las medidas que terminan por implantar. Por lo general, estas formas de consulta tienen escasa participación, pero eso no es ningún obstáculo para que el gobierno de turno sostenga campañas de legitimación de las acciones que instaura.

Además, la presidencia de la república formó una comisión para que lleve a cabo los trabajos de la reforma y, en la formalidad, esto puede considerarse como medidas atinadas y hasta plausibles. Sin embargo, las propuestas de quienes integran la comisión no podía ser más que sorprendente y hasta desmedida, si tomamos en cuenta el perfil de cada uno de ellos. La comisión estará coordinada por, Pablo Gómez Álvarez, un viejo dirigente de izquierda del movimiento estudiantil de 1968 que (oh, paradoja!!), nunca ha sido electo por la vía directa a algún cargo de elección popular. Pablo Gómez, un buen perfil de la izquierda, sin duda, se la ha pasado en la Cámara de diputados asumiendo responsabilidades por la vía de la representación proporcional.

Tres personajes más integran la comisión, pero en ningún caso se trata de personas que se hayan sometido al juicio de las urnas. Ellos son: Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Gobernación; Ernestina Godoy, quien ocupa el cargo de la Consejería Jurídica de la Presidencia y José Merino, jefe de la Agencia de Transformación Digital. Y, por si no fuera suficiente este cuadro de representantes del gobierno, se suman a esta comisión el ex-vocero de la presidencia y hoy coordinador de asesores, Jesús Ramírez; junto a él participa, también, el expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien ahora ocupa el cargo de coordinador de Política y Gobierno de la actual administración federal.

Cierra este circulo de personajes destacados de la 4T para la comisión de la reforma electoral, Lázaro Cárdenas Batel, quien es el único que sí ha ocupado cargos de elección popular por la vía del sufragio efectivo, o sea, los ciudadanos han votado por él al menos en el proceso electoral en el que fue electo gobernador de Michoacán. Por cierto, lugar en el que se inauguró la infame guerra contra el narcotráfico ante el reconocimiento y la petición de apoyo que el gobierno local hizo a la federación; donde fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales casi un centenar de alcaldes acusados de colaborar con la redes criminales que operan en aquella entidad, pero todos fueron liberados porque “no se pudieron probar” las acusaciones que se les imputaban.

Esta no es la mejor señal para llevar a cabo una reforma de gran calado que se dirige a cambiar de manera importante tanto a las instituciones que llevan a cabo la organización de las elecciones, como aquellas por las cuales se accede a puestos de elección popular. En efecto, se trata de agentes del actual gobierno que no está mal que participen, lo que resulta un pésimo error es que solamente sean ellos quienes lleven toda la responsabilidad de hacer los cambios; menos aún cuando se trata de modificaciones sustantivas que transformarán significativamente el sistema electoral mexicano (al menos es la que puede esperarse).

Una reforma de tal envergadura no puede realizarse de tal manera que se omita la participación de los representantes de los partidos políticos. Nos guste o no, son parte del entramado que integra el complejo sistema político del país y no se puede llevar a cabo cambio alguno de espaldas a ellos o, peor aún, mediante la exclusión de las organizaciones políticas y sus liderazgos más representativos. Con otras palabras, llevar a efecto una reforma de este calibre no se puede sin la apertura y el pluralismo necesarios. ¿Morena la puede llevar a cabo? Sin duda alguna, pero cargará el estigma de la incorrección política, la exclusión y el autoritarismo.

Ahora bien, un punto que parece insoslayable en el que se condensan muchos mitos y prejuicios es el que tiene que ver con el costo de los procesos electorales y el acceso a cargos de elección popular por la vía plurinominal. En el primer caso, es verdad que se invierten cantidades significativas del presupuesto público en las elecciones, cosa que incluye a grandes trazos, la organización misma del proceso, es decir, el presupuesto que aplica el INE; pero también todo el dinero que se otorga a los partidos políticos. De acuerdo con la información del propio instituto, el año pasado el INE recibió un monto de 22 mil 322 millones 879 mil 716 pesos para sus operaciones ordinarias, como para la organización de las elecciones del año pasado. Esto no incluye el financiamiento de los partidos, pero es una cantidad de aproximadamente la mitad de lo que recibe el INE, es decir, se repartió para 2024 la cantidad de 10,444 millones de pesos a las organizaciones políticas nacionales.

Al ciudadano común, semejantes montos le dicen todo y nada a la vez. Sin embargo, podemos decir que con poco más de 32, 000 millones de pesos de dinero público, es decir, de todos los mexicanos, se podrían llevar a cabo obras de infraestructura carretera, por ejemplo. Con diferencias en cada entidad del país, el estado de las carreteras es lamentable y ponen en riesgo a la población que por ellas transita. En Veracruz, por poner un caso, es el peor desastre existente en esos términos. Y lo mismo ocurre en estados vecinos. También, se podría llevar a cabo la construcción de al menos 60 hospitales de primer nivel con infraestructura y equipo básico para funcionar, con un costo aproximado de 500 mil pesos por hospital. Lo mismo se podría sugerir con relación a la infraestructura educativa o robustecer los programas sociales, de vivienda y servicios que tanta falta hacen.

Pero aquí, los políticos suelen rasgarse las vestiduras y difundir discursos maniqueos para un pueblo bueno y sabio, pero que en práctica se califica de ignorante, incapaz de discernir entre falsedades y medias verdades, con información que puede ser relevante para tomar decisiones.

Por otro lado, el problema de la representación proporcional ha sido un dilema sobre todo a partir de que alcanzamos un sistema político competitivo, pero hoy más que nunca se esgrime su desaparición en un contexto de partido hegemónico. Conviene recordar que esta fue la vía mediante la cual la oposición pudo acceder al poder y llevar a cabo sus propuestas de gobierno. Una manera de resolver el entuerto sería la distribución proporcional de los cargos de acuerdo con el número de votos obtenidos de manera directa, es decir, por el sufragio efectivo otorgado por los ciudadanos a los partidos o representantes de sus preferencias. Con otras palabras, se trata de 300 escaños electos de manera directa, si se eliminan los plurinominales. Entonces, esa es la bolsa de cargos de elección popular a repartir y se distribuyen de acuerdo a lo que represente el número total de sufragios por partido. En este caso, las coaliciones no omiten que se contabilicen los votos por cada uno de los partidos de la alianza que corresponda.

No se trata de desaparecer a los partidos, ni mucho menos limitar el acceso a la representación política de quienes son la base genuina de militantes y de profesionales de la política. Es importante que sean evaluados por la ciudadanía, de tal manera que no sea un coto de poder de los partidos y terminen por ser el reparto arbitrario de quienes tienen el poder en las organizaciones políticas.

Sin embargo, lo que vemos son signos preocupantes en todos estos frentes que requieren una actitud más proactiva desde la sociedad civil organizada y la que no se expresa por esos circuitos, para moderar los excesos que a menudo brotan desde los actores políticos.