FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO
DESDE A JANELA
MÁS LEYES, MÁS PENAS Y MÁS CRÍMENES
En México existe una realidad muy cruel, la cual consiste en que a causa de un determinado caso mediático o debido a presiones sociales, cobran relevancia diversas situaciones delictivas.
Así, ahora se habla de la extorsión, como antes se ha hablado de la violencia intrafamiliar (más si las receptoras son mujeres), de la pederastia, de los fraudes y un sin número de situaciones delictuosas que han sido comentadas de manera abundante durante un determinado tiempo.
En todos los casos, la solución que ha dado el Estado ha sido la creación de leyes especiales y/o la adición a los códigos penales para determinar nuevas situaciones que revisten el carácter de delito o imponer penas mayores para delitos existentes.
La intención política de esas adiciones a las leyes y penas es que con ellas el posible delincuente se atemorice por el castigo que podría recibir y, en consecuencia, se abstenga de cometer el delito.
Y sí, sería un argumento válido si se hicieran cumplir esas nuevas leyes; pero como eso no sucede, la realidad es que ese argumento resulta ser una falacia.
Así es, mientras haya impunidad de nada sirve llenarse de leyes con penas muy largas, porque mientras el delincuente sepa perfectamente que (como dijera el mayor infractor de ley que hemos tenido como presidente) la ley es un cuento, no tiene razón alguna para preocuparse.
Y es que, efectivamente en México la ley es un cuento debido a que no se aplica y si se llega a aplicar, es porque quien fue víctima de un delito dio miles de vueltas con el consiguiente desgaste anímico y económico.
¿De qué sirve que se haya creado una ley con el rimbombante nombre de “Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión” con penalidades de hasta 25 años de prisión para quienes cometan tal delito si quién sea extorsionado y presente una denuncia se verá atrapado en un laberinto burocrático interminable llamado fiscalía y muy probablemente nunca llegue a ver a un juez?
Así es, la realidad es que cada vez que se presenta una denuncia, hay miles de pretextos para que esta no camine y eso los delincuentes lo saben perfectamente.
En México las cifras de impunidad rondan en el 90 por ciento, algo verdaderamente escandaloso.
Pero ¿Por qué sucede esto?
Por algo muy sencillo, legislar es muy barato, ya que solo basta hablar y redactar un texto para tener una ley muy bonita y unas penas enormes; pero aplicar esas leyes y penas, tiene un costo muy elevado, costo que el gobierno no quiere pagar, porque de hacerlo ya no podría comprar votos a través de pensiones y becas.
Para investigar debida y diligentemente la comisión de un delito se requiere una policía profesional que lo haga, policía que necesita tener muchos elementos, los cuales a su vez deben de estar plenamente capacitados para ejercer sus funciones y además deben de tener una remuneración acorde a su nivel de especialidad.
Mientras que los fiscales tienen que ser especialistas en litigación, lo cual también es oneroso por razones de capacitación y remuneración.
Pero como el Estado mexicano no quiere gastar en procurar justicia, la víctima es quien tiene que investigar por sus medios (generalmente muy limitados) los pocos fiscales que hay (mal capacitados y mal remunerados) arman lo que pueden si es que pueden y si no, van demorando la integración de las carpetas.
Porque también hay que decirlo, en México la cantidad de fiscales es notoriamente insuficiente para la población que tienen que atender y el diseño de su carga de trabajo es inadecuado para brindar un buen servicio.
Por ejemplo, un fiscal pierde muchísimo tiempo tomando denuncias cuando esa labor es netamente policial, pero al tener que hacerlo, necesariamente su labor se vuelve ineficiente.
Pero como ya dijimos, no existe la voluntad política de gastar fuertes cantidades de dinero para crear y mantener una verdadera policía investigadora y por ello seguirá habiendo más leyes y penas y también más crímenes.
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