Una ley orgánica para todos

Por: Efraín Quiñonez León

22 de noviembre de 2022

La Comisión Transitoria para la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana ha circulado una propuesta inicial que, de entrada, resulta meritorio el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora. Como he apuntado en otro momento, se trata de cambios importantes a las instancias, fun-ciones y atribuciones de los órganos de gobierno de la universidad, lo cual merece la pena revisarse y analizarse con algún detalle.

Desde hace algunos años se ha estado discutiendo la necesidad de adecuar el marco normativo que rige la máxima casa de estudios de Veracruz, pero las inercias internas y las coyunturas externas no han ayudado mucho a que estos esfuerzos culmien en un renovado espíritu reglamentario que permita encarar los desafíos contemporáneos.

Se ha dicho en reiteradas ocasiones que la reforma que ahora se discute está inspirada bajo la lógica de los derechos humanos. No está mal que así sea, pero pensar que se opera bajo esa lógica por incorporar instancias que vigilen la buena conducta y que, además, sean únicamente abogados quienes se conviertan en jueces de facto para tipificar y sancionar el comportamiento apropiado de aquel que se aleja de las normas, es añadir burocracia cuando lo que se necesita es eficacia para resolver adecuadamente los problemas que son consustanciales a la vida interna de toda institución.

Esta propuesta de convertir a la universidad en una suerte de tribunal para dirimir los conflictos no es nueva, en la pasada administración algo similar se pretendía crear. Como señala la añeja práctica parlamentaria, cuando quieras que no se resuelva algo integra una comisión. Lo ideal sería la pre-vención, lo que implicaría una burocracia competente y actuante desde las bases mismas de la institutición, es decir, desde las facultades, los institutos y centros de investigación. Y esto sola-mente puede lograrse si los cargos resultan legitimados y respaldados por la comunidad académica.

Para que esta universidad deje de ser de viejo régimen se necesita invertir la lógica con la que se eligen a los representantes y directivos desde las facultades, escuelas, centros e institutos de inves-tigación. En este sentido, la comunidad académica podría ensayar distintas modalidades para tal fin. Adecuar los reglamentos ya existentes y complementarlos con programas de trabajo como resultado de consultas y el debate informado de las comunidades académicas de las que se trate.

Otro elemento importante a destacar es el papel y la composición del Consejo Universitario Ge-neral. Tal cual está únicamente resulta funcional a lo que decide la administración central, pero escasamente se corresponde con el espíritu deliberativo que todo consejo debería encarnar. Mucho menos se corresponde con la máxima que le otorgan los reglamentos y sobre todo la burocracia universitaria, es decir, de ser la suprema autoridad o instancia de poder universitario, cuando todos sabemos que esos son buenos propósitos, pero resulta más una ficción que una realidad. El Consejo Universitario, hay que decirlo con todas sus letras, no funciona como instancia para procesar acuer-dos de manera colegiada. Los consejeros cumplen el triste y poco digno papel de ser simples con-validadores de las decisiones que la administración ya ha tomado previamente. No está mal que

los funcionarios universitarios presenten propuestas al colegiado, el problema es que los conseje-ros simplemente tienden a aceptar y muy eventualmente rechazar el orden del día, pero el diálogo que debería anteceder a toda toma de decisiones prácticamente resulta inexistente.

Para cambiar este estado de cosas se necesita transformar de manera radical la composición del Consejo Universitario. Es increible que la Comisión Transitoria se haya percatado de este pro-blema, pero no solamente no intenta siquiera articular una propuesta alternativa sino que, peor aún, le añade más dificultades para que esta instancia pueda operar eficazmente y bajo los criterios de la deliberación pública de los temas que resultan torales a la vida interna universitaria. La Comi-sión reconoce mediante un comparativo con la Cámara de Diputados que la actual composición del Consejo resulta inoperante por la cantidad de integrantes. Sin embargo, incorpora la figura de “representante administrativo” que para todo sentido práctico resulta un absurdo, pues los admi-nistrativos están incorporados en todos los funcionarios que mantienen el control de la instancia. Lo recomendable sería descentralizar y reducir el número de consejeros. Por ejemplo, eliminar a todos los consejeros exoficio que, en todo caso, tienen mecanismos de coordinación e información con la administración a fin de realizar sus principales actividades. Se podría, también, descentra-lizar la representación hacia las regiones.

Ligado a esto sería conveniente acotar los temas a los que debería abocarse una instancia de deli-beración como la del consejo para que pueda realizar de manera más adecuada sus actividades principales. Por ejemplo, discutir el presupuesto y los egresos de la universidad. Los perfiles de los funcionarios de relevancia para la institución, como los directivos de primer nivel y los inte-grantes de la Junta de Gobierno. Hasta hoy, los consejeros son invitados de piedra que solamente levantan el dedo para aprobar o desaprobar lo que la administración pone sobre la mesa.

Una nueva composición de los integrantes del consejo y sus instancias debería considerar los cri-terios de igualdad sustantiva o, en otras palabras, la paridad de género, de modo tal que el 50% de los integrantes al consejo deben ser mujeres y el resto de hombres.

Nuestra ficticia autonomía solamente perdura en la cabeza de quienes se imaginaron un proceso de este tipo, pero escasamente ha permeado en el conjunto de la comunidad universitaria y el acto simbólico que le dio origen simplemente fue el recordatorio que quien concedía nuestra supuesta capacidad de decisión fue precisamente el gobernador en turno. Así ha venido ocurriendo con todos los rectorados y el peso del gobierno estatal se reciente por todas las vías posibles, pero hemos sido incapaces de tomarnos en serio las presuntas atribuciones que la ley de autonomía nos confiere. En este sentido, resulta por demás aberrante que la Ley Orgánica de la universidad tenga que ser aprobada por el Congreso estatal, cuando los diputados a menudo desconocen hasta lo más mínimo de la propia universidad. Desde luego, no se trata de que la principal institución de edu-cación supirior de Veracruz se constituya en la “república de las ciencias”, sin absolutamente nada que ver con su entorno institucional. Tiene que armonizar su vida interna a las condiciones más generales de la vida económica, política, cultural y social de la entidad.

Con relación a la Junta de Gobierno, muy a pesar de las críticas que se le ha hecho sobre todo en las dos últimas designaciones es, desde luego, una instancia fundamental y que no solamente debe conservarse sino, además, fortalecerse. Por lo tanto, debe concentrarse en la designación de los funcionarios de primer nivel bajo los criterios que ya se estipulan en la propuesta de reforma, pero debe sustraersele las funciones de fiscalización presupuestaria y financiera que, en sentido estricto, correspondería sobre todo al Consejo Universitario General quien es el que avala los informes

financieros. El criterio de paridad de género es igualmente pertinente en la composición de la Junta. Por lo tanto, lo ideal sería reducir su número a solamente 8 los integrantes (4 internos y 4 externos), de manera tal que puedan integrarse por pares (dos hombres y dos mujeres internos; dos hombres y dos mujeres externos). Dada la relevancia de sus funciones y la trascendencia de sus decisiones para la vida universitaria debe tomar acuerdos por consenso o bien por el voto mayoritario de 6 de sus 8 integrantes.

Por cierto, este es otro de los ejes rectores de la administración actual, pero la propuesta es tibia con relación a la paridad de género. Ninguna instancia de decisión o de coordinación de las acti-vidades sustantivas de la universidad debe estar sobrerrepresentada sea por hombre o mujeres. Ante todo debe buscarse la igualdad sustantiva que implica una cuota equilibrada o que tienda hacia la equidad de género.