Sedición:

La draconiana estrategia de contención

Por: Efraín Quiñonez León

domingo, 29 de enero de 2023

Difícilmente se puede uno abstraer y no escandalizarse tampoco frente a las medidas que en de-terminadas circunstancias llegan a tomar algunas autoridades. Menos explicable resulta que los gobernantes, supuestamente demócratas y que se han forjado en la lucha social, terminen por aplicar medidas profundamente autoritarias y excesivas a las legítimas protestas sociales.

Resulta sumamente irónico y sobre todo aberrante que quienes provienen largos procesos de par-tricipación cívica traten de aniquilarla mientras gobiernan.

Lo anterior viene a cuento porque en los últimos días las autoridades locales han aplicado medi-das no solamente excesivas sino, además, contrarias a un espíritu democrático y sensible a las inconformidades sociales originadas por indolencia o autoritarismo.

Casi desde sus inicios, el actual gobierno del estado en Veracruz ha mostrado su gran incapaci-dad y la extrema impaciencia que le genera los conflictos. Aplican políticas intolerantes bajo el supuesto de que ello resolverá los problemas, pero sus despropósitos terminan por agravarlos.

Es verdad que este gobierno llegó al poder no necesariamente por los méritos en el buen desem-peño de los cargos públicos previamente asumidos. El hartazgo ciudadano sobre una clase polí-tica que sin pudor alguno había derrochado los escasos recursos disponibles, que pensaba perpe-tuarse en el poder pese a los malos resultados y las medidas de despilfarro y corrupción que mo-tivaron la quiebra de las finanzas estatales, así como el pacto o la indolencia frente a la operación de redes criminales; motivó que una multitud agraviada optara por una oferta política que prome-tía cambios y sobre todo auguraba hacer circular a una casta de burócratas que habían medrado con el aparato del Estado y descompuesto la vida social, económica y política de la entidad.

La presente administración estatal, ciertamente, no solamente encontró un desastre y una quiebra financiera sino, también, retos enormes en torno a la inseguridad, el empleo, la pobreza y, en ge-neral, una desintegración social que ha significado un gran desafío en el ejercicio de gobierno.

No obstante, la narrativa de culpar al pasado de todos los males en el presente se ha agotado frente a un gobierno que no solamente prometió cambios sino que, además, atraviesa por el úl-timo tercio de su gestión con resultados poco alentadores en temas sensibles para la ciudadanía.

Si los retos en seguridad resultaron enormes, las medidas aplicadas y la insensibilidad en su apli-cación ha sido la característica principal y manifiesta los despropósitos que se pueden llegar a cometer si no se es capaz de discriminar las medidas represivas para el combate de redes crimi-nales, con las decisiones de control político en torno a protestas sociales legítimas.

El presente gobierno recetó a la población como medida de contención un engendro jurídico de-nominado “ultrajes a la autoridad”. Bajo esta lógica se pretendió, supuestamente, controlar la ac-ción de las redes criminales que tienen presencia en la entidad. Es verdad que algunos delitos

tendieron a estabilizarse e incluso a disminuir el número de casos. Pero es un secreto a voces que justamente al inicio de esta administración estallaron masacres en el sur de la entidad.

No habría que hacer demasiado análisis para presuponer que una norma como esa puesta en cha-rola de plata a un modesto policía habría de dar resultados adversos, si es que en verdad lo que se pretendía era contener la ola de crímenes e inseguridad que priva en la entidad. Como se sabe, la medida terminó por provocar algunos excesos, como el de un jóven detenido en el sur de Vera-cruz y que luego se supo que era homónimo de un presunto delincuente. Mientras tanto, el jóven tuvo que pasar al menos por un trato poco digno frente a la pifia de quienes son encargados de aplicar la ley.

Otro de los excesos de la presente administración fue la detención del secretario técnico del Se-nado de la República, José Manuel del Río Vírgen, como presunto actor intelectual del asesinato del alcalde de Cazones en el norte de la entidad. Después de un largo litigio salió por la vía de un amparo y la determinación del juez que consideró que no existían elementos para someterlo a proceso, como tampoco existían elementos para sustentar la participación del imputado en el crí-men que se le imputaba.

En éste y otros casos no solamente se han señalado excesos de la autoridad sino que, además, se denuncias de más hechos relacionados con detenciones arbitrarias.

Recientemente se ha difundido en la prensa un nuevo atropello de parte de las autoridades estata-les encargadas de la justicia y avaladas por el ejecutivo de la entidad. Desde el mes de diciembre, algunos trabajadores de los servicios de salud de Veracruz han sido objeto de acoso laboral y despidos injustificados. En legítima defensa, los trabajadores se han organizado a fin de protestar por las medidas instrumentadas por las autoridades del sector. Hace apenas una semana hubo una movilización de trabajadores a las instalaciones de la Secretaría de Salud estatal y en el acto fue-ron detenidas dos trabajadoras que habían sido despedidas previamente.

El asunto se complica todavía más porque así como luchan por mejorar las condiciones de tra-bajo, también existe un conflicto derivado del proceso de elección del nuevo dirigente del Sindi-cato de Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Salud.

Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención la inopinada determinación de la autoridad judicial quien, después de detener a dos trabajadoras participantes en la protesta, sometió a pro-ceso penal a las inculpadas por el delito de sedición. Si tomamos en cuenta el uso que esta admi-nistración le ha otorgado a la ley como mecanismo de gobernabilidad, en la práctica ha resultado una medida no solamente torpe en el plano político sino, además, insensata porque no logra dis-criminar a los sujetos en quienes debe aplicar las medida de fuerza.

Como en otras entidades del país, las autoridades locales de Veracruz han hecho del uso de las normas jurídicas como su principal ariete para perseguir los delitos, pero a menudo estos actos de autoridad se han convertido en excesos cual si fuera, como coloquialmente se conoce, una autén-tica ley garrote. El delito de sedición era el recurso frecuentemente empleado por gobiernos auto-ritarios para descalificar y perseguir a quienes les asiste el derecho de manifiestación y de pro-

testa. Resulta por lo demás deshoroso que quienes se precian de provenir de la lucha social ter-minen por demostrarnos que no tienen límites mientras se encuentran en el poder, mucho menos sensibilidad y habilidades políticas para encausar los conflictos que resultan inherentes a toda forma de gobierno.