Luis Alberto Romero

 

La Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía General del Estado detuvo recientemente a Antonio “N”, jefe de turno de la Policía Municipal de Xalapa, quien enfrenta una investigación por su presunta participación en un caso de extorsión contra un comerciante local.

De acuerdo con el boletín oficial de la FGE, los hechos ocurrieron los días 10 y 22 de julio, cuando la víctima recibió llamadas telefónicas en las que se le exigía dinero a cambio de permitirle seguir trabajando. Tras la investigación correspondiente, Antonio “N” fue detenido y formalmente imputado. El juez dictó prisión preventiva oficiosa en el marco del proceso penal 431/2025.

Un día después de la detención, el alcalde de Xalapa, Alberto Islas, declaró que en su administración no se toleran conductas delictivas dentro de la corporación. Aseguró que cualquier elemento implicado en delitos es dado de baja de inmediato. También aclaró que el señalado provenía de otra institución policial.

Sin embargo, ya formaba parte de la corporación municipal cuando ocurrieron los hechos.

Este caso debe encender las alarmas en los gobiernos municipales de Veracruz. Más allá de deslindes y declaraciones, urge una revisión seria de los procesos de selección, evaluación y permanencia de elementos que integran los cuerpos policiales locales.

Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal del INEGI, un porcentaje bajo de los elementos de las policías estatales, en Veracruz y en otras entidades, cuentan con el Certificado Único Policial (CUP). La situación en los municipios suele ser aún más precaria, dado que los recursos destinados a seguridad y capacitación policial quedan relegados frente a prioridades como la obra pública o los servicios básicos.

La gravedad del caso Xalapa no radica solo en que un policía haya sido detenido por extorsión, sino en que evidencia una falla sistémica: la falta de controles efectivos, la escasa capacitación y la permisividad institucional. ¿Qué puede esperarse de una corporación que permite el ingreso de elementos sin la debida acreditación o seguimiento?

El mensaje es claro: sin cuerpos policiales profesionales, evaluados y certificados, si control de confianza, los municipios corren el riesgo de que sus corporaciones se conviertan en refugios de quienes deberían estar siendo investigados, no portando un uniforme.

La seguridad no puede ser una ocurrencia ni un tema relegado a segundo plano en las administraciones municipales; debe ser una política pública con presupuesto, vigilancia y rendición de cuentas, porque lo menos deseable es que las corporaciones de esos niveles se conviertan en nido de delincuentes.

@luisromero85