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Viernes 17 de mayo de 2024
Persona trans exige cese de discriminación y hostigamiento en su contra en la SSP
Erick Leonardo Arenas Ojeda se manifestó para denunciar que la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría ordenó su inhabilitación por tres meses, bajo el argumento que incumple la ética de un servidor público.




Xalapa, Ver.- (AVC/Verónica Huerta) El empleado de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y hombre transgénero, Erick Leonardo Arenas Ojeda se manifestó para denunciar que la dirección general de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado (CGE) ordenó su inhabilitación por tres meses, bajo el argumento que incumple la ética de un servidor público.



Acompañado por los integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ+), Flores Arena se manifestó frente a las oficinas de la Contraloría General del Estado con dirección en la calle Ignacio de la Llave.



Arenas Ojeda informó que tiene una antigüedad laboral de 9 años en la Secretaría Seguridad Pública adscrito a la dirección de Tránsito, pero en el año 2021 los superiores ordenaron cambiarlo al Cuartel de Policía “Heriberto Jara Corona” mejor conocido “San José” en el centro de la ciudad.



“He presentado denuncias en Fiscalía, quejas en la CEDH, en la CNDH, he presentado tres amparos indirectos, no me he quedado quieto, estoy luchando por permanecer en mi trabajo. La secretaría logró ya una inhabilitación, y voy a presentar un recurso de revocación, no se han detenido y siguen violentándome” expuso.



Dos años después, en el 2023 los jefes lo regresaron a la dirección de Tránsito, pero el 01 de mayo del 2024 la dirección general de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado lo inhabilitó por tres meses.



“Me inhabilitan porque dicen que soy un servidor público que no se apega a la ética. Yo presenté a la Contraloría General 21 pruebas de la violación a mis derechos humanos; pedí que observaran que todo es un complot armado de mis compañeros del Cuartel San José, todo lo que dicen es falso



Arenas Ojeda recordó que ante la Fiscalía General del Estado (FGE) interpuso denuncias por los presuntos delitos de falso testimonio, discriminación, y hostigamiento en contra de sus compañeros y compañeras de la dirección de Tránsito del estado, y el Cuartel San José, y dio parte a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).



“Esta vez me inhabilitan, me dejan sin salario, tengo la posibilidad de perder mi antigüedad, y mis victimarios siguen gozando de su salario, siguen en sus proyectos, yo pierdo todo sólo por pedir que respeten mi identidad de género, desde el 2019 que denuncié a la fecha hay más violencia contra mi” expuso.



Refirió que en el año 2023, la CEDH calificó que personal de la SSP violó en tres ocasiones sus derechos humanos, y pese a las recomendaciones del organismo, las autoridades de la SSP promovieron quejas ante la dirección general de Responsabilidades Administrativas para inhabilitarlo.



Al enviar un mensaje al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, el empleado de la dirección de Tránsito expresó “Pido al gobernador que paren el hostigamiento sexual en mi contra; se ha dado capacitación al personal, pero muestran mucha resistencia, hay mucho discurso de odio al interior de las propias áreas, al menos contra mi persona”.



En estos nueve años de trabajar con empleados de la dirección de Tránsito del Estado y del Cuartel San José, Arenas Ojeda ha enfrentado actos de discriminación y hostigamiento laboral y sexual porque es un hombre transgénero.



“Jamás han respetado mi identidad, se refieren a mi como loca, trastornada, como una persona que no sabe lo que quiere, que debería ir a un psiquiátrico, que les causo asco, vergüenza, que soy mala imagen para la institución” indicó.



Finalmente el empleado de la SSP informó que en la tarde de este jueves la Contraloría General del Estado lo citó para una audiencia en la que darán lectura a la resolución del plan 037/2023, en la cual las autoridades sólo toman en cuenta los dichos de sus compañeros de trabajo agresores y violadores de sus derechos humanos.

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