Indignación:

la lógica emocional de la protesta

Por: Efraín Quiñonez León

11 de diciembre de 2025

Tiro Libre

Pasado los días, podemos tener una mejor perspectiva para situar los acontecimientos que han marcado la coyuntura política del país en el cierre de 2025. Bajo esta lógica, resulta imprescindible tomar como arco temporal más allá de lo inmediato, pero bajo el hilo conductor de la conflictividad política y los motivos que vuelve a colocar en el espacio público tanto las demandas de un sector de la sociedad, como las respuestas del actual grupo gobernante. En ambos casos, el tema que los atraviesa es el problema de la inseguridad y la violencia en el país. Por lo tanto, conviene tomar en cuenta los detonantes más recientes que catalizaron las movilizaciones tanto en pro, como en contra.

A estas alturas, nadie cuestiona el hecho de que el gobierno pasado dejó de combatir a las organizaciones delictivas que operan en muchas partes del país. En otras palabras, se dejó ciertos márgenes de acción a los grupos criminales que hegemonizan o tienen un control sobre algunos espacios de la república, con el propósito de que no afectaran los proyectos del gobierno de turno. Y, sin embargo, la violencia derivada de la acción de la delincuencia organizada y la inacción del gobierno, no solamente no disminuyó sino que, en algunos momentos, hizo crisis elevando el número de muertos por homicidios dolosos. Así, la política de “abrazos, no balazos” tuvo un epílogo funesto que la presente administración y la sociedad en su conjunto todavía estamos pagando.

Frente a estas circunstancias heredadas, la presidencia ha cambiado la estrategia por una acción más decidida y responsable, en función de una de las tareas fundamentales e ineludibles de cualquier administración: proveer de seguridad a los ciudadanos. Bajo esta lógica y en menos de un año, la presidenta, Claudia Sheinbaum, no solamente ha mostrado cambios alentadores sino que, además, entrega resultados que permiten al menos atisbar que algo se está haciendo a fin de evitar que ocurran los delitos que más dañan a la sociedad. Se ha criticado, en este sentido, que existe una suerte de reclasificación de los delitos con el propósito de generar la sensación de que aquellos de mayor impacto (homicidios, por ejemplo) han disminuido, pero otros igualmente preocupantes han venido creciendo, como los desaparecidos y la extorsiones. No obstante estos señalamientos, se debe reconocer que en el tema de la seguridad al menos se están haciendo cosas diferentes y hay algunos resultados que no pueden obviarse.

También, puede añadirse que enfrentar a las organizaciones criminales ha significado la detención de algunos de los líderes más reconocidos y una gran mayoría de ellos han sido extraditados para ser juzgados en Estados Unidos. Es verdad, también, que en estos casos la presión externa ha jugado un papel importante en las acciones del gobierno actual, pero dada la consabida protección de la que gozan las organizaciones delictivas en el país y el riesgo que esto significa para los actores políticos internos, se podrían haber evitado no solamente la captura de los capos sino, mejor para ellos, renovar los pactos de impunidad que todavía se conservan.

Mientras el gobierno federal presentaba noticias alentadoras con el fin de pacificar al país, continuaban presentándose casos que si bien no lastimaban el optimismo, se mostraba aunque de manera aislada la cara oculta de la inseguridad en el país. En Veracruz, por ejemplo, una maestra jubilada fue secuestrada en el mes de julio y asesinada por uno de los grupos criminales que operan en el norte de la entidad. La profesora se dedicaba a la transportación de pasajeros por medio de la conducción de un taxi, pero se negó a pagar la extorsión que imponen los delincuentes; la obligaron a hacer un llamado a sus colegas de que tenían que pagar la cuota, mensaje que fue filmado presuntamente por los propios criminales, y días después fue encontrada asesinada.

Aunque, tratándose de los homicidios, todavía la estadística es muy alta en algunos lugares del país, lo cierto es que sí existe una ligera disminución de ellos. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, el mes de octubre de esta año se alcanzó una cifra de 50 homicidios diarios en promedio; cuando en el mismo mes de 2024 el promedio diario era superior a los 80 asesinatos. Entre agosto y lo que va del año, las entidades que rompen la barrera de los asesinatos promedio son: Guanajuato, Sinaloa (estado que no se ha podido pacificar por la guerra interna del cártel de Sinaloa), Chihuahua, Estado de México, Michoacán. Baja California y Sonora. Todas estas entidades superan los 100 asesinatos por mes.

Con todo, el mes de octubre nos coloca en el terrible escenario del que no hemos podido salir desde por lo menos los últimos 30 años. De nuevo, Michoacán nos recuerda la frágil situación que vivimos todos los días en términos de la vulnerabilidad que podemos experimentar eventualmente, en un contexto en el que la violencia se convierte en el medio predilecto para imponerse frente a la inacción o el connivencia estatal.

El lunes 20 de octubre salió por la mañana de su domicilio en Morelia el líder de los productores de limón, Bernardo Bravo, con destino al municipio de Apatzingán, Michoacán. El objetivo era reunirse con los productores de la asociación de la cual era presidente y discutir las estrategias más adecuadas para fijar los precios del limón; al tiempo en que intercambiaban opiniones sobre las extorsiones de que son objeto por parte de criminales que operan en la zona. Acompañado por la escolta que se le había asignado luego de ser objeto de amenazas, Bernardo Bravo, se dirigió a la localidad de Cenobio Moreno donde tendría una reunión con los jefes del crimen organizado en la región. No obstante, el informe pericial relata que el trayecto hacia aquella comunidad lo hizo en solitario, ya que sus guardias se trasladaron hacia Apatzingán como él se los había ordenado. Después de la reunión a la que fue convocado retornó en dirección a Apatzingán, pero no logró llegar a su destino porque antes lo capturaron y después de torturarlo, lo asesinaron dejándolo en la abandonado dentro de la camioneta en que se trasladaba.

¿Cómo puede alguien que había sido amenazado por los delincuentes reunirse con ellos solo y sin sus guardaespaldas? ¿Podía fiarse de ellos que no le harían daño a pesar de las amenazas que había recibido? ¿Tenía acaso conocimiento de los delincuentes? Todo parece indicar que sí, pues dada la manera en que se desplaza hasta su encuentro, sabía al menos donde encontrarlos. ¿Con qué propósitos decidió acudir al encuentro con los delincuentes? ¿Acaso resultaban tan “familiarmente reconocidos” que podía confiar en ellos? De lo contrario, su decisión revela una temeridad tal que solamente es posible en un entorno de confianza pese a las diferencias entre los actores.

Con poca notoriedad y con escaso interés mediático, una semana después del asesinato de Bernardo Bravo, es asesinado el líder de los productores de naranja de Alamo, Veracruz, Javier Vargas.

El 1° de noviembre, de nuevo en Michoacán, ahora en el municipio de Uruapan, asesinan al alcalde de ese lugar, Carlos Manzo. Un alcalde que había demostrado una actitud decidida frente a la criminalidad, que había reconocido la enorme fragilidad de las autoridades locales y, por lo mismo, hacía llamados a la federación con el fin de activar su intervención en su municipio, de tal manera que pudiera al menos neutralizarse la acción de los grupos delictivos que no era posible combatir desde la soledad, escasez y vulnerabilidad de la autoridad local.

Carlos Manzo, contaba con una trayectoria política relativamente breve. Antes de convertirse en alcalde, había sido diputado federal por Morena de 2021 a 2024. Mientras se desempeñaba como diputado rompió con el partido que lo había colocado en la Cámara de Diputados, pero no abandonó la actividad política sino que se concentró en buscar la presidencia municipal de Uruapan, cosa que consiguió participando en la contienda como candidato independiente. Cuando fue asesinado apenas llevaba en el cargo un año, pero se había destacado como un alcalde decidido a enfrentar a los criminales encabezando operativos para la detener a los delincuentes y hasta liderar campañas de vigilancia por las calles de la ciudad.

Estos hechos terminaron por descolocar al gobierno federal que se empeñaba en informar que los delitos de alto impacto venían a la baja y convencer que su estrategia estaba funcionando. En efecto, pese a los resultados, el caso es que las redes criminales literalmente pueden avasallar a las autoridades locales; lo que a su vez muestra la brutal fragilidad de los municipios y de la ciudadanía en su conjunto. La redes delictivas no solamente han llegado a colonizar territorios donde la debilidad estatal es manifiesta; sino que también, controlan las actividades económicas y productivas a través de la extorsión y, al mismo tiempo, ejercen influencia sobre las redes de control político o se lo disputan a los poderes formalmente constituidos.

La derrota o, peor aún, el asesinato de un alcalde que decide emprender una cruzada directa en contra de las organizaciones criminales no solamente es una triunfo de los delincuentes, es un desafío brutal en contra de la ciudadanía y un gobierno local que en su precariedad trata de protegerlos. Por lo tanto, es un sacrificio humano por partida doble. Es desde esas entrañas que nace la indignación. Una sociedad agobiada por altos niveles de criminalidad, con delitos que no se denuncian porque no se resuelven; mientras que los que sí se denuncian quedan impunes porque las autoridades encargadas resultan incompetentes o se corrompen, pues obvio es que una autoridad que entiende su vulnerabilidad y se pone de su lado, termina por ser respaldada masivamente porque no abundan; más bien lo “normal” es que los ignoren y que respondan a los intereses de los criminales.

El reconocimiento a la extrema vulnerabilidad por la inseguridad que se transpira fuera del centro de la república, nos sitúa en una lógica distinta que hace patente el enorme reto que significa revertir los daños que provoca el triunfo de las redes criminales, al disputar y controlar el territorio a unas instituciones estatales que están contaminadas de elementos que forman parte del problema.

La mecha de la indignación creció porque el estado de indefensión de los ciudadanos es brutal. Lo cual implica el reconocimiento de que se está a merced de redes criminales que algún día tocarán a la puerta de cualquiera de nosotros.

En este escenario fue que se convocó a la marcha del 15 de noviembre. No obstante, las movilizaciones ya se estaban llevando a cabo en Uruapan prácticamente desde los dos o tres días posteriores al homicidio del alcalde; protestas en las que participaron más de 100 mil personas en un municipio con una población cercana a los 350 mil habitantes, lo que significa que la irritación social era considerable y podía crecer. La capacidad de movilización y el ánimo de indignación mostrado fue hasta cierto punto espontáneo porque la ciudadanía supo detectar el agravio, de tal manera que eso estimuló las acciones para hacer pública su inconformidad. Pretender descalificar la legitimidad de una demanda en contra de la violencia criminal porque existen intereses oscuros que promueven las movilizaciones para descalificar al gobierno de la presidenta Sheinbaum, es tanto como ignorar que a pesar de las acciones del gobierno en estos temas, México sigue siendo uno de los países más violentos en el mundo con una brutal tasa de poco más de 50 homicidios diarios. La sensación de inseguridad es real y los ciudadanos lo perciben a todo lo largo y ancho del país. Es verdad que el gobierno ha tomado decisiones a fin de revertir la tendencia de la criminalidad en el país, pero no solamente los esfuerzos han sido limitados sino que, para complicar aún más el panorama, existen evidencias que se han hecho públicas del contubernio de prominentes actores políticos del régimen que participan en redes criminales y gozan de total impunidad.

Desde la convocatoria de la movilización para el 15 de noviembre en la Ciudad de México que pretendía llegar al Zócalo, el gobierno mismo decidió no solamente contener la inercia social de la inconformidad sino que, además, pertrecharse en Palacio Nacional acordonando con vallas metálicas la plaza y dejando solamente un acceso. Es correcto que se usaron como convocantes a jóvenes que, al final, fueron una minoría; pero eso no invalida la legitimidad de la acción de protesta. También, es verdad que aparecieron oportunistamente personajes vinculados al PRI, el PAN y el PRD; aunque esto siempre ocurre en muchas manifestaciones. Lo más grave fue la infiltración del “Bloque Negro” que se ha caracterizado por la violencia que genera, con el fin de inhibir la participación social y provocar la descalificación de las acciones por los excesos que suele dejar a su paso. Ciertamente la irritación de los manifestantes se tradujo en críticas y consignas subidas de tono hacia la presidenta y su gobierno; pero esto en modo alguno puede desestabilizar al gobierno, simplemente materializa un estado de ánimo y un reclamo genuino ante las incapacidades que se perciben.

Bajo esta lógica era previsible el resultado. Una exacerbación del enojo, más violencia e inocular el miedo paralizante. Varios heridos del bando de los guardianes de la seguridad y otros tantos de los manifestantes. También, hubo alrededor de 40 detenidos, la mitad de ellos solamente fueron requeridos por faltas administrativas, mientras que el resto presentados ante el Ministerio Público. Aunque se dice que algunos de los integrantes del Bloque Negro fueron detenidos y están sujetos a proceso, la verdad es que sus integrantes y el despliegue de sus acciones está envuelta en un misterio inquietante.

Como consecuencia de todo ello, la presidencia de la república convocó a una manifestación para festejar los 7 años de la Cuarta Transformación en el Zócalo de la Ciudad de México, movilización que se llevaría a cabo el 6 de diciembre. En verdad, se trataba más bien de enseñar el músculo a todos aquellos que osaron desafiar el poder de las “grandes mayorías” actualmente en el gobierno y reivindicar que la mayor plaza pública del país solamente puede ser ocupada por quienes se siente identificados, representan y hablan por un segmento de la población. Con ese propósito, se desplegó a nivel nacional todo un operativo para movilizar a empleados del gobierno, beneficiarios de los programas sociales, militantes de Morena y organizaciones sociales de todo tipo. La concentración, ciertamente, fue mayúscula; pero el operativo se materializó a través del uso corporativo de la voluntad popular. Por esas razones es que hasta organizaciones que considerábamos ya extintas como la CROC, ondeaban sus banderas frente a Palacio Nacional; la CNTE y los gobernadores se situaban en los mejores lugares para hacer evidente su capacidad de movilización.

Desde luego, no sorprende esta capacidad de movilización del régimen, cosa que incluso nos retrotrae a épocas que creíamos haber superado, pero ahora regresan con mayor fuerza a hacerse patentes la confluencia entre un liderazgo y el pueblo bueno que fielmente acude al llamado de sus dirigentes. Liderazgo que, vale decir, aparentemente ha pactado con los poderes fácticos que no hace mucho parecían estar siendo investigados. Si esta hipótesis se confirma en los días porvenir se allana el camino hacia la autocracia.