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Astrolabio Político
Bursatilización: el fin de un negocio que nunca debió existir
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“Las acciones correctas para el futuro son la mejor disculpa de las equivocaciones del pasado”. – Tryon Edwards.
Hay decisiones de gobierno que marcan una época. La liquidación definitiva de la bursatilización de los 199 ayuntamientos veracruzanos constituye una de ellas. Más allá del impacto financiero inmediato, esta determinación coloca a la gobernadora Rocío Nahle García como la mandataria que asumió el reto de desmontar uno de los esquemas financieros más lesivos para las finanzas municipales y estatales de las últimas décadas. No es exagerado afirmar que este episodio la colocará en la historia de Veracruz como una gobernadora que privilegió el saneamiento de las finanzas públicas y la recuperación del patrimonio de los veracruzanos, algo que difícilmente se había observado desde las administraciones de Agustín Acosta Lagunes y Patricio Chirinos Calero, gobiernos que hicieron del orden financiero una de sus principales cartas de presentación.
La explicación técnica presentada por el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, resulta contundente. El empréstito originalmente contratado durante la administración de Fidel Herrera Beltrán por mil 208 millones de pesos terminó convirtiéndose en una pesada carga para los municipios. La estructura financiera —indexada a UDIS, con sobretasas superiores al mercado y un esquema de retención permanente de participaciones— provocó que los ayuntamientos ya hubieran desembolsado 2 mil 573 millones de pesos y, de no intervenir el Gobierno del Estado, todavía tendrían que pagar otros 2 mil 266 millones hasta el año 2036.
Los números hablan por sí mismos. No fue un crédito diseñado para fortalecer a los municipios; terminó siendo un negocio extraordinario para quienes diseñaron, administraron y operaron ese mecanismo financiero. Mientras los ayuntamientos veían reducidas año con año sus participaciones, alguien obtenía beneficios de un esquema que jamás fue plenamente explicado a quienes durante años aportaron los recursos.
Pero el dato verdaderamente revelador surgió durante la revisión del fideicomiso. El Gobierno del Estado identificó tres cuentas —de participaciones, soporte y fondo de reserva— que concentraban recursos por mil 85 millones de pesos, dinero que, de acuerdo con la información oficial, nunca fue transparentado ni a los municipios ni al propio Estado.
Y es precisamente ahí donde surge la verdadera dimensión del caso.
¿Quién administró esas cuentas durante más de doce años? ¿Quién tenía el control de esos recursos? ¿Con base en qué disposiciones permanecieron prácticamente ocultos durante tanto tiempo? ¿Quién obtuvo los rendimientos financieros derivados de esos más de mil millones de pesos? ¿Dónde quedaron los intereses generados durante más de una década? Son interrogantes que no desaparecen con la simple liquidación del fideicomiso. Al contrario, ahora adquieren mayor relevancia porque existe evidencia de recursos cuya existencia nunca había sido expuesta públicamente.
Si durante más de doce años esos recursos permanecieron bajo administración de terceros sin conocimiento pleno de los municipios ni del propio Gobierno estatal, entonces el asunto deja de ser exclusivamente financiero para convertirse en un tema que exige transparencia, rendición de cuentas y, en su caso, la determinación de responsabilidades administrativas o incluso legales.
Frente a ese escenario, la decisión política de Rocío Nahle García cobra una dimensión mayor. Recuperar esos recursos, complementarlos con una aportación estatal cercana a los 500 millones de pesos y extinguir de manera definitiva una obligación financiera que habría permanecido vigente hasta 2036 no fue únicamente una operación contable. Fue una decisión de Estado que libera a 199 municipios de seguir alimentando un mecanismo que multiplicó por varias veces el costo original del financiamiento.
El logro tampoco puede entenderse sin reconocer el trabajo institucional realizado por el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, quien construyó los consensos políticos necesarios con los presidentes municipales para alcanzar el respaldo requerido, así como la labor técnica del secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, responsable de estructurar la ingeniería financiera que hizo posible extinguir anticipadamente una deuda considerada durante años prácticamente imposible de liquidar.
Sin embargo, la historia aún no concluye. La recuperación de los recursos y la cancelación del adeudo representan apenas una parte del proceso. La otra mitad consiste en conocer quiénes diseñaron, operaron y administraron un esquema que permitió que durante casi dos décadas los municipios pagaran mucho más de lo que originalmente recibieron, mientras existían cuentas millonarias cuyo manejo permaneció en la opacidad.
Porque cancelar una deuda representa un logro financiero histórico. Pero esclarecer quién convirtió esa deuda en un negocio para unos cuantos será el acto de justicia que Veracruz todavía espera.
Y si ese capítulo también llega a escribirse, la administración de Rocío Nahle García no solamente será recordada por haber liquidado la bursatilización de los municipios veracruzanos. Pasará a la historia como el gobierno que recuperó el control de las finanzas públicas, desmanteló uno de los esquemas financieros más cuestionables de las últimas décadas y devolvió a los municipios recursos que durante años permanecieron atrapados en una estructura profundamente onerosa. En un estado donde por décadas el manejo financiero estuvo marcado por el endeudamiento y la opacidad, este episodio perfila a la actual administración como un referente de disciplina hacendaria y responsabilidad presupuestal, un reconocimiento que no se observaba desde los gobiernos de Agustín Acosta Lagunes y Patricio Chirinos Calero, hace más de cuatro décadas.
Al tiempo.
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