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Astrolabio Político
La pensión: una promesa que tarda treinta años en cumplirse.
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“Quien tiene la voluntad tiene la fuerza”. – Menandro.
Los sistemas de pensiones representan uno de los mayores desafíos financieros que enfrentan los gobiernos modernos. A diferencia de una carretera, un hospital o una obra pública, cuyos resultados pueden medirse en cuestión de meses, un sistema pensionario sólo demuestra su fortaleza después de varias décadas. Ahí radica precisamente su complejidad: administrar el presente sin hipotecar el futuro.
En una época donde la política suele privilegiar los beneficios inmediatos, las pensiones obligan a pensar con visión de Estado. Cada trabajador que ingresa al servicio público comienza, desde ese primer día, a construir un derecho que ejercerá treinta o cuarenta años después. Ese simple hecho convierte a los institutos de pensiones en una de las instituciones más delicadas y estratégicas de cualquier administración.
El problema es que las matemáticas nunca han entendido de discursos políticos.
El envejecimiento de la población, el incremento en la esperanza de vida y la disminución proporcional de trabajadores activos frente al número de jubilados han colocado a prácticamente todos los sistemas pensionarios del mundo bajo una enorme presión financiera. No es un fenómeno exclusivo de México ni de Veracruz; es una realidad global.
En el caso del Instituto de Pensiones del Estado, las cifras muestran tanto su fortaleza como el enorme compromiso que representa administrarlo. Actualmente, alrededor de 98 mil trabajadores activos sostienen el pago puntual de las pensiones de más de 37 mil jubilados y pensionistas, lo que significa que apenas 2.6 trabajadores activos respaldan cada pensión. Esa proporción obliga a mantener un equilibrio financiero permanente.
A ello se suma un patrimonio institucional superior a 6 mil 193 millones de pesos y una Reserva Técnica histórica de 3 mil 211 millones de pesos, recursos que no constituyen dinero disponible para el gasto cotidiano, sino el respaldo financiero que permitirá cumplir obligaciones que seguirán existiendo dentro de veinte o treinta años.
Precisamente por ello resulta indispensable abrir un debate serio, responsable y desprovisto de demagogia sobre el futuro del sistema.
Durante años se evitó discutir un tema políticamente incómodo: la necesidad de establecer topes pensionarios y un salario regulador que impidan distorsiones en el cálculo de las jubilaciones. No hacerlo sería condenar al propio sistema a una presión financiera creciente que terminaría afectando a quienes legítimamente esperan una pensión digna.
No se trata de cancelar derechos adquiridos ni de vulnerar conquistas laborales. Se trata de impedir que casos excepcionales, derivados de esquemas legales concebidos en otras circunstancias económicas o de prácticas que permitían inflar el salario base en la recta final de la vida laboral, comprometan la viabilidad de un sistema del que dependen decenas de miles de familias.
La verdadera justicia social consiste en garantizar que todos puedan recibir una pensión digna, no en preservar privilegios que terminen poniendo en riesgo el derecho colectivo.
Si el proyecto de fortalecimiento que actualmente impulsa el Instituto de Pensiones del Estado avanza con criterios actuariales, responsabilidad financiera y visión de largo plazo, podría convertirse en uno de los logros más importantes del gobierno de Rocío Nahle García. No será una reforma espectacular ni generará aplausos inmediatos, pero sí podría asegurar la estabilidad de uno de los pilares más sensibles de la seguridad social en Veracruz.
En ese contexto, también resulta inevitable observar con cautela las versiones que buscan desacreditar la conducción del Instituto. Más que un debate técnico, en ocasiones parecieran formar parte de una disputa política por recuperar espacios de decisión sobre una institución que durante décadas fue objeto de prácticas discrecionales, opacidad y un manejo que debilitó sus finanzas. La historia reciente de Veracruz demuestra que cuando los fondos públicos se convierten en botín político, quienes terminan pagando la factura son los trabajadores.
Las pensiones no pueden administrarse con ocurrencias ni con cálculos electorales. Exigen disciplina financiera, transparencia y decisiones que muchas veces resultan impopulares, pero necesarias.
Porque la responsabilidad de un gobernante no consiste únicamente en resolver los problemas del presente, sino en garantizar que dentro de treinta años exista todavía un sistema capaz de honrar la promesa hecha a quienes hoy trabajan con la confianza de que su esfuerzo tendrá, llegado el momento, una recompensa digna y sostenible.
Al tiempo.
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