Las elecciones municipales veracruzanas:

el escenario

Por: Efraín Quiñonez León

14 de abril de 2025

Tiro Libre

En aproximadamente dos meses habrán de llevarse a cabo las elecciones locales para elegir presidentes en los 212 municipios existentes en Veracruz. Aunque el panorama es muy variado, tanto en términos de los partidos contendientes, lugares y dimensiones territoriales de los municipios y, también, de población y candidatos, igualmente con perfiles muy variados; lo cierto es que asistiremos a las urnas en un contexto que puede calificarse de inquietante. Para cerrar el cuadro de semejante complejidad ante la cual concurrirán a las urnas los ciudadanos veracruzanos el primer domingo de junio, también se habrán de elegir poco menos de una centena de funcionarios que integrarán el Poder Judicial de la Federación. Según quienes instrumentan y respaldan el proceso de elección de funcionarios al poder judicial, de ahí saldrá una institución renovada y fortalecida. Semejantes ideas únicamente se pueden sostener como dogma de fe porque, de entrada, no lo podemos saber; el proceso viene contaminado de origen y en su instrumentación hay evidencia de inconsistencias, como también dificultades prácticas para llevar a cabo una decisión racional en la urna.

Por otro lado, el escenario en que estas elecciones se llevarán a cabo no hace más que confirmar el panorama que se ha vuelto habitual en prácticamente todas las elecciones que se llevan a cabo en el país. En este sentido, las que se celebrarán en Veracruz en junio nos envían signos ominosos de un entorno de violencia latente que, en algunos casos, ha originado que algunos actores políticos abandonen la contienda.

Es verdad que algunos candidatos han renunciado a continuar en la contienda debido que recibieron amenazas en su contra y de sus familiares; las autoridades locales abocadas a la protección y la seguridad de los ciudadanos, en general, tratan de minimizar los casos que se han hecho públicos; pero lo cierto es que el escenario por sí mismo se convierte en un actor más desde quienes perpetran un clima de este tipo para incidir en el ánimo ciudadano, sin que esto signifique la posibilidad de que las amenazas se conviertan en violencia material.

Resulta inquietante reconocer que este es el escenario mediante el cual los ciudadanos habremos de asistir a las urnas, pero para nuestra mala fortuna ya viene siendo práctica común que la violencia real o alimentada para motivar un ambiente de temor a fin de inhibir la participación de la ciudadanía, como de algunos actores políticos en específico, no hace más que confirmar que la violencia (estatal, de las redes criminales con intereses en regiones de la entidad o aquella que es producto de rencillas entre grupos de poder local cuasi familiares) es constitutiva a los conflictos políticos actuales.

Para terminar de complicar el panorama tenemos un poder judicial en proceso de cambio y fiscalías que permanecen prácticamente intocadas por la reforma, pero son fundamentales para la investigación de los delitos; cosa en la que seguirán procediendo a la vieja escuela de detener y luego averiguar. Por esas razones la prisión preventiva oficiosa se convierte en un recurso legal que se puede prestar a abusos si no se acotan sus usos y casos específicos en que podría ser empleada. El régimen actual no solamente no ha hecho eso sino que, además, amplió el catálogo de “delitos” frente a los cuales un ciudadano puede padecer semejante medida coercitiva. En ese tránsito de la construcción de “nuevas instituciones de justicia” en el país, más allá de las experiencias internacionales que indican que la elección generalizada de funcionarios del sistema de justicia no son la panacea como se pretende ver en México, la detención (casi secuestro, extrajudicial y extraterritorial) de, Ismael Zambada, muestra la delgada línea en que las instituciones de justicia pueden ser vulneradas por el poder. Supongamos por un momento que se trató de una detención por buenas o justificadas razones; pero no solamente va contra toda lógica del debido proceso como fundamento de los sistemas de justicia más modernos sino que, además, implica un grave problema diplomático, envía señales que muestra crudamente nuestras debilidades como país; con una presidencia con mucho respaldo popular -lo cual es muy bueno-, pero que en semejantes circunstancias poco importa. Otro caso es el reciente fallo de una juez que determinó que el ex-rector de la UNAM, Enrique Graue, y el director de la FES Aragón, Fernando Maceda, deberán pagar una suma de 15 millones de pesos por daño moral a quien fuera la asesora de la tesis de la ministra, Jazmín Esquivel.

Más allá de que este escenario no es el mejor o el deseable en procesos de reforma en camino, lo cierto es que puede resultar en el control centralizado del sistema de justicia y prestarse a un uso más bien político de la justicia que un mecanismo institucional para resolver controversias basado en los derechos humanos, la presunción de inocencia y un juicio justo, con el fin de atenuar los desequilibrios que se producen como consecuencia del papel que desempeñan los poderes económico y político, así como poderes fácticos legales (los medios, las iglesias, etc) e ilegales (redes criminales del tráfico de personas, comercio ilegal, drogas, etc).

No obstante, conviene dimensionar el reto que tendremos los ciudadanos al concurrir a las urnas próximamente. Se elegirán 212 alcaldes, con igual número de síndicos y 630 regidurías. En total, 1,054 funcionarios locales serán electos. En promedio, los ciudadanos habremos de elegir aproximadamente a 5 funcionarios; entre alcaldes, síndicos y regidores. Sin embargo, la realidad municipal veracruzana resulta muy diversa por su composición territorial, poblacional y recursos disponibles. Por lo tanto, en las ciudades más importantes deberán elegirse una cantidad de funcionarios 3 o 4 veces superior al promedio general. Todo esto se multiplica por cada uno de los partidos o coaliciones que lograron o acordaron proponer planillas en cada uno de los municipios. Otra posibilidad es, también, que pudieron haberse registrado candidatos independientes, pero es muy difícil que estas candidaturas puedan prosperar por los candados que tienen, en particular, el número de firmas que deben acopiarse para ese fin. Toda esta compleja logística, que a menudo ignoramos la mayoría de los ciudadanos, le corresponde organizarla al OPLE de Veracruz, con la supervisión del INE.

Se añade a este cúmulo de funcionarios municipales los que habrán de elegirse para el “nuevo” poder judicial. Se trata de la primera vez en que los ciudadanos seleccionaremos a funcionarios del Poder Judicial Federal, en lo que corresponde a ministros de la Suprema Corte, Magistrados de las Salas Superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los integrantes al Tribunal de Disciplina Judicial, que remplazará al Consejo de la Judicatura Federal. Esto que se dice de manera breve en 5 líneas entraña una complejidad que desde luego será ignorada por el ciudadano común, quien se verá ante la disyuntiva de decidir por dos vías: el azar y/o lo que las redes de control político o de amistades le sugieran.

No es por darles malas noticias a mis conciudadanos, pero tendremos una elección que desde luego se concentrará en las municipales, pero es necesario advertir que tendremos que seleccionar funcionarios al Poder Judicial Federal, tal y como he tratado de describir apenas arriba. Esto acarrea una enorme complejidad digna del realismo mágico por lo insólito o de la física cuántica que nos permita comprender en su totalidad un proceso que requiere algún tiempo del que no disponemos.

Para despejar mis dudas recurro a la IA (con frecuencia uso DeepSeek o Gemini). DeepSeek se queda corto y me repite casi el código electoral y me asegura que no habrá elecciones al poder judicial federal porque se manejan de distinta manera, solamente habrá procesos electorales locales para Veracruz en 2025. Por el contrario, Gemini se explaya en la respuesta y me ayuda a entender el intríngulis en que estamos metidos, cortesía de la 4T. Cualquier morenista que se precie de serio pasará de la “buena noticia” que significa elegir representantes al Poder Judicial a la preocupación que implica un conocimiento especializado en una materia que desconocemos. Pero la Inteligencia Artificial llegó para socorrernos en estas y otras tribulaciones, aunque por el momento solamente seamos unos pocos quienes tenemos acceso a esos recursos.

De acuerdo con Gemini, el poder judicial se divide en el federal y el estatal con un número determinado de integrantes, pero omitió los mecanismos municipales y los sistemas normativos internos que operan a nivel local. Para nuestra mala fortuna, en Veracruz habremos de elegir tanto los federales como los estatales. Vale la pena poner los números para dimensionar el tamaño del reto. Para la justicia federal se elegirán 9 ministros a la Suprema Corte; 2 magistrados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 15 magistraturas de las Salas Regionales; 5 integrantes del Tribunal de disciplina; 464 magistraturas de circuito y 386 jueces de distrito.

A nivel estatal los números nos revelan el siguiente escenario: 15 magistrados del Tribunal Superior de Justicia; 5 magistrados del Tribunal de disciplina; 1 magistrado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y 77 jueces de Primera Instancia.

Todo esto se multiplica porque, es de suponer, que los candidatos a cada cargo al menos podría ser disputado por dos profesionales del derecho. Ante la necesidad de hacer campaña para darse a conocer quienes andan tras uno de estos cargos y las restricciones normativas y financieras que esto implica, muchos de ellos pasan sin pena ni gloria, incrementando aún más la incertidumbre; consecuencias que habremos de pagar todos los ciudadanos, pero estaremos limitados de decir algo porque antes aceptamos a través de nuestros “representantes populares” ir a una elección que resulta demencial, de modo que tendremos pocas posibilidades protesta al respecto. Es aquí cuando mayorías incontrastables se vuelven contrarias a cualquier espíritu democrático que anula toda forma de deliberación pública y tomar decisiones más racionales, de modo que puedan sustentarse con los mejores argumentos y no únicamente por la fuerza del número de adeptos que están ocupados en otras cosas.

Para cerrar este inaudito circulo de incertidumbre perversa, el INE nos regala una frase para la posteridad cuando uno trata de consultar lo que implica la elección de funcionarios al Poder Judicial. Uno debe transitar entre diferentes páginas del instituto para llegar finalmente a los fundamentos normativos, la cartografía y las candidaturas a cargos al Poder Judicial Federal. Se nos dice: “para una mejor visualización te sugerimos tener una herramienta de hoja de cálculo”. ¡ Madre de dios ! Como si el ciudadano común tuviese ya no digamos los conocimientos para manejar semejante herramienta, sino simplemente los dispositivos tecnológicos para tales propósitos.

Mis detractores y amigos de la 4T podrán decirme que pretendo defender un Poder Judicial podrido. De manera casi religiosa aseguran que todo será mejor a lo que teníamos antes. Simplemente diría que mi punto no es la defensa del estado de cosas en el Poder Judicial de nuestro país ¿Quién lo puede defender tal cual estaba? Por cierto, donde los ministros proclives al régimen actual han sido cuestionados en sus acciones y decisiones. Por el contrario, este poder judicial ha cometido muchos errores y hay mucho que cuestionarles, pero ha sido uno de los que ha tratado de “equilibrar” y/o detener los despropósitos de los otros poderes del país. En el fondo, el tema es cómo arribamos a un mejor poder judicial y he tratado de dar elementos para comprender que la ruta impuesta no nos augura que alcancemos tales propósitos. Entonces, podemos creer que todo lo que viene será mejor únicamente como un acto de fe porque los indicios y las experiencias de este tipo indican sus muy pobres resultados positivos.

Amenazo a mis escasos lectores con volver sobre estos temas y más específicamente sobre la dimensión local de nuestro próximo proceso electoral veracruzano para elegir alcaldes, donde todo parece indicar que Morena y aliados van en caballo de hacienda, galopando sin que nadie los quite del camino, salvo sus propios errores. Ante una oposición prácticamente inexistente, no de membrete, sino de programas y/o proyectos políticos apegados a los intereses de la sociedad en su conjunto, la única oposición posible es la que ocurre al interior del propio régimen y hay una lucha encarnizada por el poder en todos los frentes por las malas o por la peores. Lo más funesto de todo esto es que arrastrarán al país con el riesgo del desbordamiento de las pasiones. Ojalá aún nos quede algo de moderación.