Las alcaldías y el apetitoso juego del poder

Por: Efraín  Quiñonez León

30 de abril de 2025

Con la colaboración de: 

Carolina Edith Ramírez Sánchez

Angel Rafael Rodríguez Roldán

Tiro Libre

En todo el mundo los alcaldes cumplen o deberían de cumplir un papel fundamental frente a los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos, es decir, de prácticamente todo aquello que permite o limita la vida cotidiana de las personas. No solamente se trata de la autoridad más cercana; ni tampoco son quienes conocen más de cerca los problemas que padecen sus representados. Desde luego que todas esas cosas son ciertas, como una suerte de ideal que permite reconocer la relevancia que tiene su función en el ejercicio de gobierno. Por lo tanto, se puede albergar alguna dosis de confianza que estando en el poder gobiernen bajo esos lineamientos u ofrezcan señales que mediante esos criterios tomen decisiones relevantes que habrán de impactar la cotidianidad de la ciudadanía. Se trata, entonces, del medio en que los habitantes de un determinado lugar pueden tener un peso específico en las decisiones; es el espacio en que al menos pueden hacerse escuchar con relación a los conflictos que de manera ordinaria enfrentan. Es, vale insistir, el espacio en que las personas y las autoridades que las representan pueden intentar al menos dialogar de manera más directa o sin tantas intermediaciones como ocurre con otros niveles de gobierno.

Benjamín Barber, filósofo político y activista, señala que, a pesar de la relevancia que tienen las autoridades locales, no ha sido reconocida su importancia en las democracias occidentales, pese al enorme papel que tienen frente a los vínculos que ocurren en esos espacios en que gobernantes y gobernados se encuentran. En la mayoría de los países del mundo la población se ha trasladado del campo a la ciudad. Por ello, hoy en día casi el 70% de las personas vive en entornos urbanos de diferentes dimensiones. Es ahí no solamente donde residen la mayoría de los ciudadanos sino, también, es el espacio donde se abren las oportunidades de renovar las formas o los intercambios indispensables entre actores sociales e institucionales con el fin de mantener el diálogo y tomar acuerdos acerca de los problemas que se padecen.

Además, los alcaldes suelen vivir dentro de un entorno social más o menos acotado geográficamente. Más aún, con frecuencia son personas de la comunidad; del lugar que pretenden representar y gobernar. Esto hace que la cercanía pueda ser un vínculo a través del cual fluyan no solamente la comunicación sino, también, la toma de decisiones e incluso la deliberación misma de los problemas a atender y las prioridades para discriminar el orden con que deben ser atendidas las necesidades de las personas.

La propuesta más radical de Barber implica, según sus propias palabras, que “los alcaldes deberían gobernar el mundo”. Sospecho que no solamente su propuesta es inviable sino, además, tiene consecuencias indeseables para la ciudadanía en términos globales. El argumento acerca de la descalificación de los Estados-nación, digamos, se sostiene bajo la hipótesis de que escasamente pueden atender los problemas que aquejan a las personas. Se trata de burocracias cuya obesidad, torpeza e incompetencia más que encarar adecuadamente los desafíos que subyacen a todo problema público, resulta que terminan por ignorarlo o incluso agravarlo en no pocas ocasiones. Esto implica gestionar y producir el talento indispensable que contribuya a resolver los problemas del desarrollo y sus consecuencias que terminan por generar una serie de costos humanos y ambientales.

A pesar de que este puede ser un ideal más o menos aceptable, lo cierto es que los alcaldes acceden al poder con una serie de compromisos legales y extralegales que se constituyen en un reto que habrán de afrontar en su momento. No solamente los compromisos públicamente asumidos y los que tras bambalinas se aceptan forman parte del catálogo de desafíos que cada autoridad local enfrenta; se añade a este escenario demandas de todo tipo que surgen como hongos sobre tierra húmeda: desde la aportación para la iglesia, las fiestas patronales o socorrer a un enfermo cuya familia padece limitaciones económicas; hasta “compromisos” con poderes fácticos, sean estos de orden económico, político o cultural, y hasta de redes criminales que operan a lo largo y ancho del país.

Hoy en día, suele existir una crítica despiadada en contra de los presidentes municipales del país. Parte de la severidad con que se juzga a este frágil poder del Estado mexicano tiene elementos que la justifican, pero a menudo se termina por ignorar el entorno y los retos que significa gobernar en un país en que las instituciones públicas muestran una rara mezcla entre la fragilidad y un poder incontrastable. Si el gobierno federal ha sido sometido por agentes internos y externos que lo obligan a recular o a tomar decisiones en determinado sentido (la captura -quizás habría que decir, el secuestro- de, Ismael Zambada), los gobiernos locales (municipales y de las entidades federativas) poseen menores capacidades de autonomía para cumplir con sus principales funciones. Por lo tanto, se trata de una debilidad que atraviesa todo el aparato de Estado y esto significa, al final de cuentas, una fragilidad cuyas consecuencias vulneran de diferente forma al conjunto de la población.

En el mes de junio del presente año, la ciudadanía veracruzana está emplazada a acudir de nuevo a las urnas para elegir 212 alcaldes y poco menos de una centena de funcionarios que habrán de integrar el nuevo poder judicial en el país. A pesar de que el proceso sigue los procedimientos que lentamente se han venido institucionalizando en el país por la profesionalización del órgano electoral, ocurre que todo ello transita por una suerte de tensa calma. Es verdad que se han denunciado actos de violencia y amenazas que, en algunos casos, ha obligado a los candidatos a retirarse de la contienda; lo cierto es que no se trata, al menos por ahora, de un problema generalizado a todo lo largo y ancho de la entidad. Como señalaba en mi anterior colaboración, no se trata de un escenario extraordinario sino de, vale decir, un elemento que ya forma parte del proceso electoral mismo, es decir, hacer creer que el entorno es preocupante por un “clima de violencia generalizado”. En modo alguno se trata de eso, aparentemente. Pero eso no quita que, la sensación de inseguridad, real o imaginaria, esté presente en el ámbito socio-político con mayor o menor fuerza; de modo que esto puede afectar la participación ciudadana en las urnas.

Como era de esperarse, las autoridades estatales han señalado que se trata simplemente de 5 candidatos del partido Movimiento Ciudadano quienes recibieron amenazas y esa es la causa de sus renuncias, mas no se trata de un asunto que afecte el proceso electoral y mucho menos se presente en toda la entidad.

Es verdad que Luis Carbonell, dirigente estatal de MC, declaró a la prensa que 5 candidatos de su partido habían renunciado a sus cargos por amenazas. Sin embargo, en la prensa local se ha difundido que no se trata nada más de ese partido sino, también, de casos en Morena y el PVEM; particularmente de candidatos en algunos de los municipios del centro de Veracruz. 

 El PAN, por su parte, ha señalado apenas hace unos días que observan “focos rojos” por inseguridad en al menos 17 municipios para la próxima contienda electoral; motivo que ha obligado al partido a hacer cambios de última hora. Los dirigentes estatales consideran que esta sensación e incluso casos de violencia se incrementarán conforme se acerca el día de la votación.

 En la sesión del pasado jueves 17 de los corrientes, el OPLE informó que se avalaron cambios en las candidaturas para alcaldes, síndicos y regidores de varios partidos. En suma, se aceptaron 129 renuncias y quien más movimientos tuvo fue el PAN con 47 reemplazos; le sigue el PVEM con 21; Morena y el PRI con 18 cada uno; MC 16 y el PT 9. Es verdad que esto no necesariamente se debe al clima de violencia o la inseguridad existente y, en todo caso, puede más bien estar asociado a los reacomodos al interior de los propios partidos políticos, pero de todas formas llama la atención semejantes movimientos.

Los números indican que, en efecto, pueden ser muchos los cambios que se están presentando, pero a la luz del total de cargos en disputa podría ser una lista poco preocupante y que las renuncias y/o reemplazos obedecen no necesariamente al clima de inseguridad que existe en el país. Los 129 cambios que se mencionan no representan más que el 12.23% del total de cargos en disputa.

 La mayoría de los municipios que sufrieron algún tipo de cambio en sus candidaturas están siendo gobernados por Morena y sus aliados. Tuxpan y Boca del Río, por ejemplo, tienen una población total cercana a los 150 mil habitantes; mientras que un segmento de 5 (Chicontepec, Cosamaloapan, Las Choapas, Pueblo Viejo y Tierra Blanca) tiene una población total que oscila entre menos de 100 mil y poco más de 50 mil habitantes. Los 24 municipios restantes tienen una población total menor a los 50 mil ciudadanos. 

En el proceso electoral previo, más de la mitad de estos municipios fueron ganados por Morena y sus aliados; de modo que esa treintena de municipios más de la mitad están siendo gobernados por la alianza hegemónica de Morena-PT y el PVEM. En términos de población gobernada, la totalidad de los habitantes de estos municipios es de 1, 199,806; donde el 70% tiene un presidente municipal de Morena o sus aliados.

 Salvo los municipios más urbanizados y que concentran un mayor número de habitantes, el resto pueden tener presupuestos más bien modestos. Sin embargo, aunque su plan de arbitrios pueda ser pequeño comparativamente, se trata del presupuesto público que puede apuntalar carreras políticas en cargos de mayor importancia en el futuro inmediato. Por ello es que no hay campaña, mucho menos cargo público que pueda ser irrelevantes para los actores políticos locales.

No obstante ello, los opositores vuelven a reiterar que debieron hacer cambios como consecuencia del clima de violencia y amenazas que denuncian sus candidatos y, por esos motivos, tienen a renunciar a sus candidaturas. Pero en Morena se hace más bien evidente una pugna interna por el reparto de cargos y eso es lo que han hecho evidente con sus declaraciones los dirigentes de ese partido. Por un parte, se habla de la “venta” de candidaturas y, por otra, de que se tratan de heredar los cargos, contraviniendo los principios de dicha agrupación política. La prensa incluso ha registrado algunos casos en que, en efecto, los alcaldes intentan y seguramente lograrán heredar los cargos a parientes y familiares. Más grave resulta el panorama si le damos crédito a las declaraciones del senador por Veracruz, Manuel Huerta, quien ha señalado que al menos 100 alcaldes tienen la intención de transferir sus cargos a familiares y no solamente en Morena. Lo cierto es que este escenario nos retrotrae a las viejas prácticas de la cultura política en un nuevo escenario y con otros actores, es decir, al caciquismo y a las redes tradicionales de control político ejercido desde los municipios. Lo que estamos observando es un retorno al pasado por la vía de Morena, aunque es verdad que hay una disputa al interior entre quienes tratan de contener los abusos y la desmesura que provoca el poder absoluto aunque sea en pequeña escala. ¿Quién ganará la partida? Pronto lo sabremos.