México: el espejo en el que no queremos vernos

Por: Efraín Quiñonez León

jueves, 7 de mayo de 2026

Tiro Libre

Nuestras relaciones con los gobiernos de los Estados Unidos nunca han sido un día de campo, menos ahora con un presidente del talante de, Donald Trump. Es verdad que nuestra posición frente a la principal potencia del mundo ha sido casi siempre a la defensiva, pero aún en la debilidad estructural que caracteriza nuestras relaciones, siempre han existido posibilidades de alcanzar buenos acuerdos de cooperación, prueba de ello ha sido el Tratado de Libre Comercio. Con otras palabras, ni somos víctimas, ni Estados Unidos es la esencia de la malignidad personificada o la materialización de satanás.

Ríos de gente de nuestros compatriotas cruzaron las fronteras e igualmente han pasado por nuestro territorio ciudadanos de prácticamente todas las nacionalidades del sur del hemisferio que, por cierto, casi siempre han padecido malos tratos, violencia y muerte, mientras cruzan nuestros territorio. Hasta que nos pusieron un alto empezamos a cuidar un poco más nuestras fronteras. Sin embargo, nadie puede negar que el origen de esta masiva deserción de la población del sur al norte se explica por las tremendas desigualdades y pobreza existente en nuestros países; situación que es estimulada por relaciones asimétricas con las principales potencias del mundo; de modo que son directamente responsables de semejantes olas migratorias y ahora pretenden no solamente responsabilizar a la población que busca mejorar sus ingresos y a sus propios gobiernos que resulta incapaces de generar los empleos necesarios, sino que, también, pretenden tratarlos como criminales, cuando resulta la mano de obra barata que sus propias economías necesitan.

Más allá del escándalo y la gravedad de las acusaciones, por lo que se ha difundido a través de la prensa y las declaraciones de nuestros propios gobiernos, Sinaloa no es el único caso en el país donde ese tipo de “pactos” han sido parte del entramado político e incluso la vía más directa hacia el poder.

Sin tratar de ser exhaustivos, cabe mencionar que han sido varios los gobernadores de Tamaulipas, por ejemplo, que han sido procesados y extraditados por sus presuntos nexos con narcotraficantes reconocidos mundialmente. En Quintana Roo, también fue detenido y extraditado un exgobernador de aquella entidad; lo mismo para el caso de Chihuahua, así como un exsecretario de seguridad a nivel federal que purga una condena en una cárcel de Estados Unidos. No obstante que esta situación tiene una historia larga, la verdad es que se han intensificado las presiones después del asesinato de, Enrique “Kiki” Camarena, el agente de la DEA que operaba en México y que investigó a fondo al cartel de Guadalajara como agente encubierto. En este sentido, el tema de la seguridad se convirtió en un asunto fundamental de la relación bilateral.

Durante los años 90 del siglo pasado, pero sobre todo a partir del 2000, fue que el gobierno de los Estados Unidos forzó acuerdos con el gobierno mexicano, al mismo tiempo en que endurecía las medidas de coacción frente a las sospechas de inacción o abierta colusión de algunos integrantes de la clases política mexicana que ofrecían protección a los criminales. Por lo tanto, mínimamente tuvimos casi tres décadas de literalmente arrastrar esos problemas y no solamente no se hizo nada o muy poco sino que, peor todavía, dejamos que el país se pudriera y los principales responsables están a la vista. Hasta ahora no parece existir distinción alguna en términos ideológicos porque en todos estos años hemos sido gobernados por representantes de todas las organizaciones partidistas existentes en el país.

Colima, Durango, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla-Tlaxcala, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Quintana Roo, Chiapas, Nuevo León; entre otras entidades del país han pasado o viven momentos de crisis por la violencia desatada por el control del territorio de las organizaciones criminales; de manera tal que son pocas las entidades que se encuentran en relativa calma. Es verdad que el ciudadano común se ha acostumbrado a convivir con semejante estado de cosas y es el eslabón más débil en toda esa cadena de la (in) seguridad en el país, donde operan agentes del gobiernos y grupos pretorianos de la delincuencia que desafían el poder del Estado a través del soborno y/o el asesinato.

Desde que se instalaron los video-escándalos como armas para la destrucción de reputaciones, hemos visto en horarios estelares el desfile de políticos que nos muestran crudamente las formas en que llegan a acuerdos no necesariamente con grupos criminales, pueden incluso ser ciudadanos que no forman parte de la delincuencia organizada, pero que apuestan o invierten recursos para obtener beneficios de funcionarios de la administración pública. Más allá de las disputas del momento y que, en efecto, el hecho ocurrido en 2004 estaba dirigido a evitar la candidatura a la presidencia de, Andrés Manuel López Obrador, la pregunta que se desprende de todo esto es la siguiente: ¿Acaso no se trata de un patrón que caracteriza nuestra política doméstica? Con otras palabras, Morena no inaugura los pactos secretos a cambio de prebendas. Eso viene de mucho tiempo atrás y lo perfeccionó el partido que hoy se encuentra en decadencia, pero que se apropió de los ideales de la revolución mexicana y tejió toda una red simbólica para garantizar una suerte de cohesión interna; cosa que le permitió mantenerse en el poder durante muchos años, casi a lo largo de todo el siglo XX.

Con todo, vale la pena al menos preguntarse si los gobiernos en el mundo mantienen una tenue línea entre la frontera de lo legal y lo ilegal que define su actuación; de manera tal que pueden llegar a acuerdos con redes criminales que eventualmente pueden desafiarlos. Claro, las diferencias empiezan con las capacidades para perseguir los delitos y hacer justicia; es decir, qué tanta institucionalidad existe y cuan sólidas y/o consolidadas se encuentran las instituciones encargadas de investigar crímenes y resolverlos. Hungría, es reconocido en la Unión Europea como uno de los países más corruptos de esa región del mundo, pero tiene instituciones de justicia robustos donde la impunidad es casi igual a cero, los delitos de alto impacto son castigados y la redes criminales no desafían el poder estatal.

El grave problema que tenemos como país es que nunca hemos vivido en un Estado de derecho. En todo caso lo que tuvimos fue una versión muy mexicana e inacabada de instituciones plagadas de reglas, pero que la práctica política real casi siempre ignoró. Hubo momentos, es verdad, que pudimos experimentar algo parecido a instituciones fuerte capaces de hacer valer las leyes, pero fueron momentos fugaces y episódicos. Por el contrario, han existido a lo largo de la historia momentos en que el Estado se hace presente en su forma más salvaje reprimiendo de manera brutal las protestas sociales. Por lo tanto, se trata de un Estado fuerte en tanto que es capaz de aplicar la fuerza aún cuando existan redes criminales o poderes fácticos que intentan controlarlo y favorecer acuerdos para alcanzar sus intereses. Pero, al mismo tiempo, es un Estado débil porque ha sido colonizado tanto en el territorio, como en algunas instituciones (claramente en las de seguridad y justicia, como nos lo muestran los pactos de Sinaloa que ahora son un escándalo nacional), sobre todo en los espacios locales. Peor todavía, instituciones que se creían sin mancha alguna, como la Marina, por ejemplo, bastó solamente un sexenio para que el estado de putrefacción institucional la alcanzara y como ejemplo tenemos el problemas del contrabando de combustible, mejor conocido como huachicol fiscal.

Morena no ha inventado las prácticas ordinarias con que se manejan los actores políticos; es la expresión partidista con que se nos revela nuestra ancestral cultura política de la que todos formamos parte por comisión, pero también por omisión. El caso Sinaloa nos ilustra de manera brutal esto; por ello es que el hoy partido oficial y su gobierno se encuentran en una gran encrucijada de su historia, pero que nos interpela como país. Se ofreció como oferta política que se acabaría la corrupción y que arribarían al poder no los más capaces sino los más honestos. Claramente tenemos que reconocer que eso no ha ocurrido. ¿Eso es motivo para descalificar en paquete al actual régimen? Por supuesto que no, en modo alguno. Sin embargo, las oportunidades para regenerarse están en el tablero del juego político. ¿Procederá este gobierno y su partido contra su propia progenie? Por el bien de país hay que abatir los agravios internos para poder estar en mejores condiciones frente a los desafíos externos.